El auto judicial que ordena “preservar en mejor forma la vida” de los internos avala la urgencia del cierre del CIE de Zapadores

 

  •   El juez de control exige unas medidas de prevención que no se

adoptaron en el caso de la muerte de Marouane

 

  • El joven permaneció solo en la celda de aislamiento sin vigilancia

a pesar de la evidente situación angustiosa que sufría

 

Valencia, 30 de septiembre de 2019 – El auto judicial que dictó el juzgado de Instrucción 3 de València, en funciones de control del CIE de Zapadores, sólo 10 días después del fallecimiento de Marouane Abouobaida en una celda de aislamiento, refuerza la urgente necesidad de cerrar estas instalaciones donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito. El magistrado Francisco de Asís Silla, tras recabar los informes sobre lo sucedido y visitar varias veces el centro, ordenó al director el 25 de julio adoptar una serie de medidas “a fin de preservar en mejor forma la vida, integridad, salud y derechos de las personas privadas de libertad”, según ha publicado el diario.es. En el mismo auto se pide que se lleven a cabo las medidas incluso si entran “en contradicción con las instrucciones jerárquicas recibidas” o rebasan “la dotación de su plantilla”, y se recrimina a la policía que no esté informando “de incidentes, incluso huelgas de hambre, que se dice que se han remitido a este Juzgado y que no han sido recibidos”. Este juzgado ya reprochó a la policía hace casi dos años que se encerrara a una mujer sola en una celda de Zapadores porque esta situación equivale a un aislamiento y podía infringir los protocolos antisuicidios.

Sin embargo, ninguna de esas medidas que exige el juez que se deben asumir en casos como el del joven marroquí se dispusieron para prevenir su muerte ni se tiene conocimiento de que se hayan establecido mecanismos para aplicarlas en el futuro. Al contrario, ningún responsable político ni funcionario de mayor o menor rango han asumido la responsabilidad que por acción u omisión tuvieron en la muerte violenta de una persona que estaba bajo la custodia del Estado y el Gobierno afirma -en respuesta a varios parlamentarios- que “no hay ninguna evidencia que hiciese suponer que el detonante del presunto suicidio fueran las condiciones del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores”.

El juez ordena 16 medidas concretas sobre las condiciones de aislamiento de los internos y para prevenir los intentos de suicidio. Señala que el aislamiento es una “situación excepcional”, que debe ser motivada y “todavía más excepcional” si se aplica para preservar la integridad personal de un interno que ha sufrido un incidente con otros internos, y se ha de  comunicar al propio interno, al juzgado de control y al juzgado que acordó su internamiento. Además, exige que la persona esté acompañada de otros dos internos en la celda y que no se supere una hora en esta situación prorrogable a una hora más previo informe del servicio médico. También establece que habrá un control permanente a través de cámaras del interno aislado “en aras a la protección de su integridad física”.

Marouane fue aislado un día después de que sufriera una paliza a manos de otros internos y permaneció solo en la celda de aislamiento hasta su muerte. No existe constancia de que los responsables del CIE justificaran la excepcionalidad de esta medida ni de que se lo comunicaran a él mismo y a los juzgados competentes ni de que ningún policía fuera asignado al control de su situación.

Con respecto a los intentos de suicidio que se producen en el CIE, el juez reclama que se le informe si previamente se había activado o no el Protocolo Antisuicidios y que, tras el suceso, se efectúen controles médicos del interno y sobre su evolución “física y emocional”. Estos controles también se deben aplicar a los internos implicados en  altercados y agresiones entre internos o con los policías, “activándose en su caso el protocolo antisuicidio a la vista de los informes médicos emitidos”, señala el magistrado, que especifica que se le debe remitir informes sobre estos incidentes con la valoración médica indicando si se ha activado o no el protocolo. Además, también exige que se efectúe este tipo de valoración médica para decidir si procede activar el protocolo antisuicidio “cuando se observe a internos con una conducta extraña o decaimiento, en especial en aquellos que han sufrido episodios de enfrentamiento, peleas o incidentes con otros internos o con los funcionarios del centro”.

Una tía de Marouane lo visitó en Zapadores una semana antes de su muerte porque ya había alertado a su familia “de que lo estaba pasando muy mal y no iba a poder aguantar mucho más. Me pidió que hablara con un abogado y que hiciera todo lo posible por sacarlo del CIE”, aseguró la tía a la Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. Una hora antes de su muerte, el propio Marouane dictó a un compañero un escrito dirigido al director del CIE, en el que explicaba algunas de las consecuencias de la agresión (no veía por el ojo izquierdo y la cabeza “me duele mucho”) y aportaba un informe hospitalario de urgencias; este escrito fue entregado a la policía. Sin embargo, a pesar de los evidentes indicios de la situación angustiosa que sufría este interno, no se adoptaron las medidas preventivas que reclama el juez ni se activó el protocolo antisuicidio.

La muerte de Marouane se produjo en un contexto de elevada tensión en el interior del CIE que, además, coincidió con la decisión de la dirección de Zapadores de restringir las visitas de las organizaciones sociales contraviniendo el auto judicial que ordena que se garantice la presencia de ONG. A pesar de estas limitaciones, la Campaña pudo constatar que una semana antes de la muerte hubo un intento de suicidio y tuvieron que liberar a otro interno por su grave deterioro psíquico. Y cuatro días depués del fallecimiento de  Marouane, dos chicos se autolesionaron.

Tampoco se tiene constancia de que la dirección del CIE adoptara algún tipo de medida de prevención en estos casos ni de que informara al juzgado. Por tanto, si el Estado no muestra ninguna voluntad para preservar la vida de quienes tiene a su cargo, la justicia debe asumir su protección ordenando el cierre de Zapadores.


<Valencià>

NOTA DE PREMSA

La resolució judicial que ordena “preservar en millor forma la vida” dels interns avala la urgència del tancament del CIE de Sapadors

  • El jutge de control exigeix unes mesures de prevenció que no

         es van adoptar en el cas de la mort de Marouane

• El jove va romandre sol a la cel·la d’aïllament sense vigilància

         malgrat l’evident situació d’angoixa que patia

València, 30 de setembre de 2019 – La resolució judicial que va dictar el jutjat d’Instrucció 3 de València, en funcions de control del CIE de Sapadors, només 10 dies després de la mort de Marouane Abouobaida en una cel·la d’aïllament, reforça la urgent necessitat de tancar aquestes instal·lacions on es reclou a persones que no han comés cap delicte. El magistrat Francisco de Asís Silla, després d’arreplegar els informes sobre el succeït i visitar diverses vegades el centre, va ordenar al director el 25 de juliol adoptar una sèrie de mesures “a fi de preservar en millor forma la vida, integritat, salut i drets de les persones privades de llibertat”, segons ha publicat el diario.es. En la mateixa resolució es demana que es duguen a terme les mesures encara que entren “en contradicció amb les instruccions jeràrquiques rebudes” o depassen “la dotació de la seua plantilla” i es recrimina a la policia que no estiga informant “d’incidents, fins i tot vagues de fam, que es diu que s’han remés a aquest Jutjat i que no han sigut rebuts”. Aquest jutjat ja va retraure a la policia fa quasi dos anys que s’internara a una dona sola en una cel·la de Sapadors perquè aquesta situació equival a un aïllament i podia infringir els protocols antisuicidios.

No obstant això, cap d’aqueixes mesures que exigeix el jutge que s’han d’assumir en casos com el del jove marroquí es van disposar per a previndre la seua mort ni es té coneixement que s’hagen establit mecanismes per a aplicar-les en el futur. Al contrari, cap responsable polític ni funcionari de major o menor rang han assumit la responsabilitat que per acció o omissió van tindre en la mort violenta d’una persona que estava sota la custòdia de l’Estat i el Govern afirma -en resposta a diversos parlamentaris- que “no hi ha cap evidència que fera suposar que el detonant del presumpte suïcidi foren les condicions del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors”.

El jutge ordena 16 mesures concretes sobre les condicions d’aïllament dels interns i per a previndre els intents de suïcidi. Assenyala que l’aïllament és una “situació excepcional”, que ha de ser motivada i “encara més excepcional” si s’aplica per a preservar la integritat personal d’un intern que ha patit un incident amb altres interns, i s’ha de comunicar al propi intern, al jutjat de control i al jutjat que va acordar el seu internament. A més, exigeix que la persona estiga acompanyada d’altres dos interns en la cel·la i que no se supere una hora en aquesta situació, prorrogable a una hora més previ informe del servei mèdic. També estableix que hi haurà un control permanent a través de càmeres de l’intern aïllat “en llaures a la protecció de la seua integritat física”.

Marouane va ser aïllat un dia després de patir una pallissa a mans d’altres interns i va romandre sol en la cel·la d’aïllament fins a la seua mort. No existeix constància que els responsables del CIE justificaren l’excepcionalitat d’aquesta mesura ni que li ho comunicaren a ell mateix i als jutjats competents ni que cap policia fóra assignat al control de la seua situació.

Respecte als intents de suïcidi que es produeixen en el CIE, el jutge reclama que se l’informe si prèviament s’havia activat o no el Protocol Anta suïcidis i que, després del succés, s’efectuen controls mèdics de l’intern i sobre la seua evolució “física i emocional”. Aquests controls també s’han d’aplicar als interns implicats en altercats i agressions entre interns o amb els policies, “activant-se si escau el protocol anti suïcidi a la vista dels informes mèdics emesos”, assenyala el magistrat, que especifica que se li ha de remetre informes sobre aquests incidents amb la valoració mèdica indicant si s’ha activat o no el protocol. A més, també exigeix que s’efectue aquest tipus de valoració mèdica per a decidir si escau activar el protocol anti suïcidis “quan s’observe a interns amb una conducta estranya o decaïment, especialment en aquells que han patit episodis d’enfrontament, baralles o incidents amb altres interns o amb els funcionaris del centre”.

Una tia de Marouane el va visitar en Sapadors una setmana abans de la seua mort perquè ja havia alertat a la seua família “que ho estava passant molt malament i no anava a poder aguantar molt més. Em va demanar que parlara amb un advocat i que fera tot el possible per traure’l del CIE”, va assegurar la tia a la Campanya pel tancament dels CIE i la fi de les deportacions. Una hora abans de la seua mort, el propi Marouane va dictar a un company un escrit dirigit al director del CIE, en el qual explicava algunes de les conseqüències de l’agressió (no veia per l’ull esquerre i el cap “em fa molt mal”) i aportava un informe hospitalari d’urgències; aquest escrit va ser entregat a la policia. No obstant això, malgrat els evidents indicis de la situació angoixant que patia aquest intern, no es van adoptar les mesures preventives que reclama el jutge ni es va activar el protocol anti suïcidis.

La mort de Marouane es va produir en un context d’elevada tensió a l’interior del CIE que, a més, va coincidir amb la decisió de la direcció de Sapadors de restringir les visites de les organitzacions socials contravenint la resolució judicial que ordena que es garantisca la presència d’ONG. Malgrat aquestes limitacions, la Campanya va poder constatar que una setmana abans de la mort va haver-hi un intent de suïcidi i van haver d’alliberar a un altre intern pel seu deteriori psíquic. I quatre dies després de la defunció de Marouane, dos xics es van auto lesionar.

Tampoc es té constància que la direcció del CIE adoptara algun tipus de mesura de prevenció en aquests casos ni que informara el jutjat. Per tant, si l’Estat no mostra cap voluntat per a preservar la vida dels qui té al seu càrrec, la justícia ha d’assumir la seua protecció ordenant el tancament de Sapadors.

 

AUTO

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