DISIDENCIA DEPORTADA #DisidenciaDeportada

15 de Junio: Día por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las deportaciones

Comunicado de la Campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones

Desde la Campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones denunciamos que recientemente el Gobierno español ha deportado a dos personas poniendo en grave riesgo su vida e incumpliendo intencionadamente varios preceptos legales al hacerlo. 

Lamentablemente esta afirmación es tan actual como atemporal. Hoy se materializa en las personas de Mohamed Benhalima y Mohamed Abdellah, dos activistas argelinos que buscaban asilo en España tras huir de su país, que les perseguía por haber denunciado públicamente varios casos de corrupción y de vulneraciones de derechos.

Ambos se han convertido en monedas de cambio de España para suavizar las relaciones con Argelia -el país que nos vende gas y que está entre los 9 que más condenas a muerte impone del mundo- o tras el conflicto desencadenado a consecuencia del cambio de postura español hacia el Sáhara Occidental debido a las presiones de Marruecos -el país que,  a cambio de dinero, bloquea el paso de la gente que quiere llegar a Europa, y que lleva casi cincuenta años abusando del pueblo saharaui y ocupando sus territorios-. 

Antes de proceder a la expulsión, los dos fueron encerrados en un centro de internamiento de extranjeros para que no huyeran, es decir, para que no pudieran escapar de la traición de un Estado que se dice de Derecho, pero que en la práctica es un Estado contra Derecho, pues incumple sistemáticamente su propia normativa para perseguir a quien debe proteger. Con la ley en la mano, Benhalima y Abdellah no deberían haber sido detenidos, ni internados, ni deportados, sino acogidos y amparados. Pero, desde su creación, los CIE han sido utilizados para llevar a cabo estos juegos sucios en los que las instituciones activan todos los instrumentos del dispositivo deportador con modos propios de una organización criminal, con el fin de consolidar las relaciones de poder establecidas a todos los niveles. 

En la mayoría de los casos, el bloqueo de la acción política se materializa también en la amenaza que supone la puesta en marcha de este dispositivo para las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, que ven su derecho universal a la libertad de expresión atacado precisamente por quienes son responsables de garantizarlo. 

Cualquier desafío al sistema, incluso si es para su mejora, convierte a la persona en disidente. El mero hecho de atravesar una frontera -una línea imaginaria- con el cuerpo, constituye un acto de rebelión en sí, y es por ello que el sistema tiene un objetivo claro para su perpetuación: deshacerse de la disidencia.

Así, cada año el Estado español utiliza el internamiento en CIE y la deportación para impedir la acción política de decenas de personas.

Lo hace cuando las personas ya eran políticamente activas antes de llegar a nuestro territorio y pueden servir a los planes o intereses del gobierno de turno, como es el caso de Benhalima y Abdellah para tratar de contentar a Argelia, de varios compañeros rifeños para intentar complacer a Marruecos, o de personas que luchaban en sus países por una vida digna, ya sea por motivos de género o para alcanzar mejores condiciones materiales para desarrollarse en libertad, deportadas para agradar a (los poderes fácticos que controlan) la comunidad internacional.

Lo hace cuando las personas se convierten en sujetos políticos activos a raíz de situaciones que han vivido durante su estancia en el territorio español, como puede ser la defensa del derecho a la vivienda – cuando actúa contra activistas de la PAH y otras organizaciones de barrio organizadas contra los desahucios- o por la autodeterminación de los pueblos -contra personas que apoyaban el proceso independentista en Cataluña-. 

Incluso, una vez que las personas han sido internadas en un CIE, lo hace cuando deporta recurrentemente con una celeridad inusual a quienes han liderado protestas pacíficas dentro de estos centros, lo que en muchas ocasiones también imposibilita la investigación de las agresiones perpetradas por agentes de policía con carácter previo a la expulsión. 

En definitiva, el Estado español impide a la población migrante la acción política  y la defensa de sus derechos siempre que puede: instrumentaliza a las personas, ataca sus derechos, dispone impune e irresponsablemente de sus vidas y reviste su actuación de un halo de falsa legitimidad. Practica a diario lo que los propios Estados europeos han denominado “guerra híbrida” y, en su propósito de desposeer de agencia política a estas personas disidentes, envuelve en un marco de aparente legalidad todo un entramado dirigido a la represión de conductas que cuestionan cómo el abuso de poder está marcando el funcionamiento de nuestra sociedad.

Los CIE son cárceles racistas en las que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, son el brazo ejecutor de políticas antipersona, son centros de cosificación a merced de los designios de irresponsables políticos. Por eso, y por las miles de razones expuestas año tras año en nuestras campañas, desde todos los confines del territorio español, como cada 15J, Día contra los CIE, seguimos reivindicando el cierre inmediato y definitivo de los CIE y el fin de las deportaciones.

#DisidenciaDeportada

#CIEsNO

#StopDeportación

CIEsNO exige el retorno urgente del argelino que fue deportado desobedeciendo a la Audiencia y el cese inmediato del director del CIE

València, 24 de mayo de 2022 – La tarde del 24 de marzo de este año, Abderrahim L, un ciudadano argelino solicitante de asilo en España, fue expulsado desde el CIE de Zapadores (València) pese a que la Audiencia Nacional había paralizado su devolución mediante un auto que había sido comunicado a la dirección del CIE y que fue desobedecido por el personal del centro, encargado de la custodia y de velar por los derechos de las personas internas en el mismo.

Abderrahim fue encerrado en el CIE de Zapadores después de ser detenido en Almería a su llegada a España. Solicitó protección internacional por ser víctima de torturas en su país de origen y aunque contaba con un informe favorable de ACNUR, tanto su solicitud de asilo formulada en el CIE como el reexamen de esta le fueron denegados. Su letrada recurrió y la Audiencia Nacional decidió suspender la ejecución de la devolución hasta resolver sobre el fondo del asunto. Así lo dicto en un auto que fue enviado al CIE y que fue desobedecido por los funcionarios del centro, que en la tarde del 24 de marzo deportaron forzosamente a Abderrahim en el mismo avión en el que se produjo la expulsión del activista Mohamed Benhalima, actualmente encerrado en la prisión militar de Blida en Argelia y condenado a muerte por deserción del Ejército y conspiración.

El director del CIE comunicó a la Audiencia Nacional que desobedeció la resolución por “un error de interpretación” a lo que los magistrados respondieron que los términos del auto son “tan unívocos que no precisan sino una somera lectura del oficio […] para ejecutarlo correctamente”. Los magistrados han admitido a trámite su solicitud de asilo y han ordenado a las autoridades españolas que garanticen su vuelta a España. Sin embargo, Abderrahim continúa en Argelia, con grave peligro para su vida, sin que hasta el momento se le haya tramitado el visado para volver a España.

CIEsNO considera extremadamente grave que la dirección del CIE desobedezca una resolución judicial que le había sido comunicada. Por ello, la Campaña exige al Ministerio de Asuntos Exteriores que de manera urgente tramite el visado a este ciudadano argelino; y hace responsable a la misión diplomática de España en Argelia de la seguridad de este ciudadano hasta su entrada en el territorio nacional. Asimismo, exige al Ministerio de Interior que además de permitirle la entrada en España, tal como ha ordenado la Audiencia Nacional, se haga cargo del coste de su desplazamiento hasta el territorio, como reparación por el perjuicio causado. Finalmente, exigimos a la Dirección General de la Policía que de inmediato destituya al director del CIE de Zapadores, máximo responsable de haber incumplido un auto de la Audiencia Nacional y de las posibles consecuencias que tenga para la víctima la deportación.

Torturas en la cárcel

La tarde del 24 de marzo fue igualmente deportado el ex militar y activista Mohamed Benhalima que, junto a varias organizaciones de Derechos Humanos había advertido al Ministerio del Interior del riesgo que sufría si era devuelto a Argelia. En las últimas semanas hemos sabido que Benhalima ha sido condenado a muerte por un tribunal militar y que uno de sus abogados ha sido detenido. Actualmente Mohamed Benhalima se encuentra en una celda de aislamiento en la prisión militar de Blida, cerca de Argel, donde está siendo sometido a fuertes presiones para aparecer en televisión desmintiendo que haya sido condenado a muerte. La Campaña CIEsNO continúa exigiendo la comparecencia del ministro Marlaska para que explique las irregularidades cometidas.

CIEsNO exige al Ministerio del Interior que paralice de forma inmediata la deportación del activista argelino Mohamed Benhalima

· El activista contra la corrupción Mohamed Benhalima fue internado ayer en el CIE de Zapadores (València) después de que le fuera denegada su solicitud de asilo

· Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno que Benhalima no sea expulsado por el riesgo de sufrir malos tratos y torturas

· La Campaña lanza la etiqueta #MohamedBenhalimaSeQueda

València, 17 de marzo de 2022 – La Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO) exige al ministro del Interior del Gobierno, Fernando Grande-Marlaska, que se paralice de forma inmediata la deportación de Mohamed Benhalima, activista argelino que huyó a España en 2019 para solicitar asilo después de denunciar la corrupción del gobierno de su país. El Gobierno ha rechazado su solicitud de protección internacional y ha dictado su expulsión a Argelia a pesar de que corre riesgo de ser detenido y torturado, tal y como sucedió con otro activista argelino deportado en agosto del pasado año y han documentado diferentes organizaciones internacionales.

Mohamed Benhalima fue internado ayer por la tarde en el CIE de Zapadores para proceder a su expulsión después de que le fuera incoado un procedimiento sancionador por estancia irregular. El activista huyó a nuestro país en 2019 tras enterarse de que estaba siendo buscado por haber participado en el movimiento de protesta Hirak y haber denunciado la corrupción de los altos mandos militares; desde entonces ha solicitado asilo sin éxito en España y Francia. Pese a ello, organizaciones en defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional ha documentado el uso de tortura y otros malos tratos por parte de las autoridades argelinas en varios casos de activistas detenidos en los últimos años por participar en protestas pacíficas: “en la actualidad hay al menos 290 presos encarcelados por motivos políticos en Argelia, que están recluidos en prisión preventiva abusiva o condenados por su activismo pacífico.”

La Campaña CIEsNO denuncia que la expulsión de Mohamed Benhalima a Argelia podría suponer su detención e ingreso en una prisión de máxima seguridad, donde varias personas encarceladas por participar en las mismas protestas relatan haber sido maltratadas y torturadas. Su expulsión supondría una vulneración del Derecho Internacional y del principio de no devolución, que asegura que aquellas personas cuya vida pudiera correr riesgo en su país de origen no sea deportada. “Queda demostrado una vez más que las políticas migratorias se traducen en la persecución, encierro y deportación de personas migrantes, una violencia institucional que afecta incluso a aquellas que corren riesgo de sufrir tratos inhumanos si son expulsadas y que deberían estar siendo protegidas”, ha concluido el portavoz.

Por todo ello, la Campaña CIEs NO exige la inmediata puesta en libertad de Mohamed Benhalima, actualmente privado de libertad en el CIE de Zapadores, y que se paralice cualquier procedimiento que pudiera llevar a su expulsión del territorio nacional. Asimismo, la Campaña hace un llamamiento a las fuerzas políticas y a la ciudadanía para que se impliquen en este caso y se movilicen para exigir el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. En este sentido, CIEsNO ha lanzado la campaña #MohamedBenhalimaSeQueda con el objetivo de visibilizar la situación del activista y contribuir a frenar su expulsión.

Internos del CIE de Zapadores denuncian un brote de Covid en el interior de las instalaciones

· La Campaña CIEs NO critica el estado de salud en el que se encuentran los internos y la falta de medidas adoptadas por la Dirección del centro y el Juez de control, encargados de garantizar el bienestar de las personas internadas en el CIE

Valencia, 10 de enero de 2022 – En los últimos días, varios internos del CIE de Zapadores han comunicado a la Campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones la existencia de un brote de Covid-19 en las instalaciones del centro. Al menos siete internos han dado positivo en las pruebas PCR practicadas ante la denuncia continuada de los internos, que tras la evidencia de síntomas solicitaron a lo largo de la semana pasada al personal del centro la práctica de pruebas médicas para confirmar los contagios.

Tal como relata uno de los internos, el pasado día 3 de enero algunas de las personas internadas empezaron a mostrar síntomas de Covid tales como tos, fiebre y malestar general. Ante la denuncia de los internos  y la pasividad y la falta de operatividad del personal del CIE para tomar medidas ante el posible contagio, la Campaña CIEs NO puso en conocimiento del posible brote de Covid a la Conselleria de Sanidad y al Síndic de Greuges para que se tomaran las medidas adecuadas para proteger la salud de los internos y velar por el respeto de sus derechos. Fue el día 8 de enero cuando se comenzaron a realizar pruebas PCR a los internos, confirmando hoy la existencia de siete contagios entre los internos y varios contagios entre el personal policial que opera dentro de las instalaciones.

Aunque uno de los internos confirma a la Campaña CIEs NO la aplicación de medidas de contención del virus, éstas han llegado cuando el brote ya se había propagado. Además, el interno relata que las medidas son sumamente ineficaces puesto que, aunque se haya aislado a las personas confirmadas de contagio, no se les han practicado pruebas a todos los internos y siguen compartiendo espacios comunes con posibles contagiados como son el comedor, el patio y las celdas. Varios internos manifiestan a la Campaña tener “miedo de coger la enfermedad” y denuncian que están encerrados “como animales” y que los funcionarios no “prestan atención a la sanidad”. Según su testimonio, se encuentran hacinados en los pasillos de las instalaciones. La situación en el interior del CIE ha generado una gran tensión y ansiedad entre los internos tanto a nivel sanitario como por la incertidumbre de una inminente expulsión del territorio nacional. La Campaña considera que esta situación puede agravarse y generar problemas de convivencia tanto entre los internos como con la policía. Es fundamental recordar las deficiencias higiénicas, el hacinamiento, las zonas de recreo reducidas y la falta de distancia de seguridad en las celdas que han sido objeto de denuncia durante varios años por las distintas organizaciones sociales y los testimonios de los internos que las califican como condiciones de vida inhumanas.

Dada la situación actual en el interior del CIE de Zapadores y teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer medidas de prevención y protección de las personas internas y, por tanto, de garantizar la salud de las mismas, exigimos el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (València) y que se provea de asistencia sanitaria adecuada a todos aquellos internos que la soliciten.

La Audiencia no ve delito en la muerte de Marouane, pero señala que pudo haber “asistencia sanitaria incompleta” y “comportamiento reprobable” de la policía, e insta a valorar “todo lo que pudo haberse hecho y no se hizo”

• “No significa esta resolución que la atención recibida por el interno fuera intachable (…) tan solo significa que esa posible responsabilidad no es de carácter penal”


València, 29 de marzo – Lo que no se hizo bien y todo lo que se pudo hacer y no se hizo. Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 años, se suicidó en CIE de Zapadores el 15 de julio de 2019 en una celda de aislamiento después de sufrir una brutal paliza a manos de otros internos y de haber denunciado el mal estado en el que se encontraba sin que por ello se adoptaran medidas especiales para su protección. La Audiencia Provincial de València ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa penal al considerar que ni la policía ni el personal sanitario cometieron ningún delito. Sin embargo, en el auto judicial se señala que pudo haber “asistencia sanitaria incompleta”, además de “un comportamiento reprobable de algún funcionario policial”, y concluye instando a “valorar todo aquello que pudo haberse hecho y no se hizo ante una situación como la suya”. El tribunal ha desestimado la resolución definitiva del procedimiento para dejar “abierta la posibilidad de una reapertura si se aportan nuevos elementos de juicio que la justifiquen”.

La Audiencia afirma que su decisión “no significa” que la atención recibida por el interno “fuera intachable ni que pueda derivarse alguna clase de responsabilidad como consecuencia de esa atención o de su fallecimiento (…) Esta resolución tan solo significa que esa posible responsabilidad no es de carácter penal”. Por eso, remite a revisar el protocolo de actuación en situaciones similares que dictó el juzgado de instrucción nº 3, en función de control del CIE, el 25/7/19, para valorar la conducta del personal de Zapadores. Solo 10 días después del suicidio, tras recibir el atestado de la muerte y solicitar informes al CIE, el juez de control ordenó la aplicación de un protocolo de 16 medidas referidas a la prevención de intentos de suicidio y a las condiciones de aislamiento. El magistrado estableció que una “situación excepcional” como el aislamiento no se puede aplicar durante más de una hora -prorrogable a una hora más previo informe del servicio médico-, se debe controlar permanentemente a través de las cámaras y la persona debía estar acompañada por otras dos en la celda. Marouane murió solo en la celda, dos horas después de ser aislado, y tardaron cuarenta minutos en darse cuenta de que se había quitado la vida. Tras el auto del juez, la Campaña CIE No solicitó formalmente a la Delegación del Gobierno que informara si se están aplicando las 16 medidas, pues en caso contrario existe un riesgo para la integridad física de las personas encerradas en el CIE. Hasta ahora no ha habido
respuesta.


Para la familia de Marouane ha sido muy difícil aceptar que el joven se quitara la vida y están también convencidas de que todo lo sufrido por Marouane hasta el momento de su muerte fue determinante en su decisión de quitarse la vida. Durante todo este tiempo Casa Marruecos ha estado en contacto con la familia de Marouane, acompañándolos en todo momento y transmitiendo sus reivindicaciones. Su principal exigencia es que la muerte de Marouane se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad de lo que sucedió y que se haga justicia.

Después del fallecimiento de Marouane, la abogada de la Campaña asumió la acusación particular, en nombre de la madre del joven, en el proceso que se desarrolló en el juzgado de instrucción nº 10. A partir de ese momento, la letrada accedió al mismo atestado policial que el juez de control de Zapadores. En este documento, redactado en la tarde de la muerte de Marouane, se compendian las declaraciones de diferentes funcionarios policiales, las
comunicaciones realizadas a raíz de lo sucedido, diversos informes sanitarios y las imágenes de algunas de las cámaras de videovigilancia del CIE entre las que se encuentran las correspondientes a la celda de aislamiento así como la del distribuidor previo a ésta. Además, en los días posteriores a la muerte, la abogada se entrevistó en Zapadores con uno de los internos que fue testigo de algunos de los hechos de los días 14 y 15 de julio.


La revisión de las imágenes permitió apreciar la posible existencia de varios delitos imputables a los funcionarios públicos que aparecen en las mismas: inducción al suicidio, trato degradante, daño a la vida o a la integridad moral, denegación de la asistencia sanitaria y otros, según señaló la representación de la familia de Marouane en el primer escrito de acusación. Por tanto, se solicitó que fueran interrogados varios policias e integrantes del equipo sanitario del CIE. Para la acusación particular, las imágenes venían a confirmar que Marouane no fue aislado por su seguridad ni por su salud: lo arrastraron por el suelo estando inconsciente y lo dejaron tirado en la celda de aislamiento, solo, sin vigilancia, sin agua, sin comida, y con la ventana cerrada en plena canícula.

Dos patadas para ver si reaccionaba
En las imágenes se puede ver a varios funcionarios policiales arrastrando por el suelo el cuerpo inmóvil de Marouane y dejándolo tirado en la celda de aislamiento. Marouane permaneció 42 minutos en el suelo sin moverse. Durante ese tiempo, tanto policias como sanitarios lo visitan, algunos sólo lo observan desde la mirilla de la puerta del calabozo, otros llegan a entrar; todos dejan el cuerpo de Marouane tirado en el suelo. Las imágenes son explícitas: el joven se arrastra hasta la cama, posteriormente intenta ponerse en pie y cae al suelo frente a la puerta, permaneciendo en posición fetal sin que sus custodios le presten auxilio alguno. Cuando descubren a Marouane sin vida hace más de 40 minutos que nadie se ha preocupado por su estado. Tras su muerte, aparecen en el distribuidor tres funcionarios uniformados. Miran por la mirilla y ven el cuerpo. Dos de los funcionarios entran y rodean el cuerpo. No lo inspeccionan ni le toman las constantes vitales. Uno de ellos le da dos patadas para ver si reacciona. Tras ver que no lo hace tampoco le toma las constantes vitales. Sólo entonces, una vez muerto, se le realiza el primer reconocimiento físico y con instrumental médico desde su aislamiento. De la revisión de estas imágenes se presentaron 75 fotogramas ante el juzgado, que no se correspondían con el momento de la autolisis sino con lo sucedido desde el aislamiento hasta la última asistencia médica, al considerar determinantes estos momentos en el posterior suicidio.

El 14 de julio, un día antes de quitarse la vida, varios internos agredieron a Marouane provocándole fracturas en el rostro, por lo que fue trasladado al hospital. En los días anteriores ya había sido víctima de otras dos agresiones. El equipo medico del hospital recomendó “reposo en cama-sillón durante 2-3 días” ante el “traumatismo craneal” que
presentaba y que no se realizaran maniobras que pudieran producir un “aumento de presión cefálica (movimientos bruscos de cabeza/cuello)”. También se estableció en el informe médico que “es importante que durante las próximas horas esté acompañado”, pues hay que “comprobar periódicamente que el paciente se encuentra correctamente orientado y mueve los miembros con normalidad”. En todo caso, debería acudir al servicio de urgencias si presentara “pérdida de conocimiento, confusión o desorientación; tendencia anormal a dormir; dolor de cabeza persistente; alteración del carácter o conductas anormales; pérdida de fuerza o alteración en la coordinación de alguna de las extremidades”, entre otros síntomas. Ninguna de estas recomendaciones fue llevada a cabo por el personal sanitario del CIE ni por los funcionarios policiales.

Sobre esta forma de proceder, la Audiencia reconoce que “el interno presentaba lesiones de cierta entidad por una agresión sufrida el día anterior”, pero señala que “no integran ninguna clase de maltrato o trato degradante, si los funcionarios no han sido advertidos de que el interno, por sus lesiones o su estado físico, no simulaba, no permanecía en el suelo voluntariamente o precisaba de una atención especial que no se le daba”. De este modo, el tribunal acepta la versión de los funcionarios según la cual no habían sido informados de que tuvieran que tener especiales cuidados en el tratamiento a Marouane y les exime de toda responsabilidad al indicar que “la advertencia o información sobre el especial tratamiento que debiera recibir el interno por su estado de salud correspondía al personal sanitario destinado en el CIE por tratarse del personal cualificado para valorar el estado de salud del interno y para determinar y en su caso aplicar las pautas de tratamiento prescritas para el mismo”. De la supuesta falta de información a los agentes, en cualquier caso, tampoco se deriva ninguna responsabilidad penal por omisión del deber de asistencia sanitaria pues el
precepto “sanciona la denegación de asistencia sanitaria, pero no la prestación de una asistencia incompleta o un diagnóstico erróneo”. Y, en todo caso, “con tales omisiones se habría incurrido en una asistencia sanitaria incompleta, pero de ninguna manera en una denegación de asistencia sanitaria”, determina el auto judicial.

La Audiencia otorga especial importancia tanto al hecho de que Marouane fuera examinado por el personal sanitario del CIE los días 12 y 13 de julio “sin que se aprecie sintomatología alguna que indicara un tratamiento antidepresivo”, como al de que en su visita al hospital del día 14 no “se observara ni estimara pertinente su examen por el servicio de psiquiatría o la administración de algún antidepresivo”. Sin embargo, resulta sorprendente la relevancia dada a estos argumentos cuando a la vez se reconoce como probados los siguientes hechos: primero, que “el médico examinó al interno en fecha 03-07-2019 y le prescribe Alprazolán (medio comprimido diario durante cuatro días), según resulta del historial clínico del paciente, añadiendo en su declaración judicial que solo lo llegó a tomar durante un día”; segundo, que en la mañana del día 15 Marouane manifestó al personal de Cruz Roja “que se encuentra bien, aunque dolorido y muestra preocupación y malestar por lo ocurrido el día anterior (…) y refiere que se encuentra humillado por los hechos” haciéndose necesario hablar con él “hasta que se relaja y vuelve a la rutina”, según el informe aportado por Cruz Roja en el procedimiento; y tercero, que en el informe hospitalario la doctora que le atendió
indicara que había realizado su labor sin poder comunicarse con el paciente por la imposibilidad de comprenderse, una situación de la que difícilmente pueden extraerse conclusiones respecto del estado psicológico de una persona.

Arrastrado con la cabeza tocando el suelo
Hubo dos momentos en los que Marouane fue conducido por funcionarios policiales porque, según señalaron en su declaración ante la jueza, no “quiere” moverse, por más que existen indicios suficientes para considerar que no “puede” moverse. En la mañana del lunes 15, lo llevaron desde la zona de habitaciones situada en el primer piso hasta la enfermería ubicada en la planta baja. Más tarde, a mediodía, lo condujeron aparentemente desde el patio hasta
la celda de aislamiento. Según uno de los testigos compañero de Marouane, ambos traslados se realizaron arrastrando el cuerpo por el suelo, agarrándolo de pies y brazos y permitiendo que la cabeza impactara contra el suelo, mientras que los funcionarios policiales declararon que el traslado se efectuó “llevándolo en volandas cogiéndolo de brazos y piernas”. Del primer traslado se dispone del testimonio de los agentes y del compañero de Marouane mientras que del segundo se cuenta, además, con las imágenes de la celda de aislamiento y del distribuidor previo a ésta.
La Audiencia da credibilidad a la versión de la policía y rechaza la del compañero de Marouane porque en las imágenes del segundo traslado entiende que “muestran a dos agentes policiales sujetando por manos y pies al interno y manteniendo en alto su cabeza sin riesgo alguno para su vida o integridad física”. Sin embargo, tal como se muestra en las imágenes que se adjuntan a esta nota de prensa, la cabeza de Marouane se encuentra en contacto con el suelo. Para la acusación era precisamente la declaración del compañero de Marouane unida a las imágenes del segundo traslado en las que se observa cómo la cabeza es arrastrada por el suelo, lo que confería fuerza a la versión de que Marouane no fue llevado en volandas sino arrastrado por el suelo en las dos ocasiones. La Audiencia señala: “Es cierto que alguna de las imágenes apreciades en las cámaras de seguridad puede sugerir un comportamiento reprobable de algun funcionario policial, pero en ningún caso un acto delictivo”.

Todos estos hechos descritos, independientemente de su relevancia penal, constituyen un trato inhumano y degradante a una persona privada de libertad que no había cometido ningún delito. El CIE de Zapadores ha sido escenario de múltiples y diversas vulneraciones a los derechos humanos generadoras de una permanente angustia en las personas, que no sólo se sienten terriblemente frustradas al acabar entre rejas en su intento de encontrar unas condiciones de vida dignas sino que además son objeto de todo tipo de arbitrariedades. Este estado emocional, en ocasiones, puede llevarles a situaciones extremas. La muerte de Marouane se produjo en un contexto de elevada tensión en el interior del CIE. Una semana antes hubo un intento de suicidio y tuvieron que liberar a otro interno por su grave deterioro psíquico. Y cuatro días después del fallecimiento, dos chicos se autolesionaron. Desde que se abrieron los CIE, diez personas han fallecido entre sus muros o en el traslado forzoso al que las sometieron. Antes de la de Marouane, en Zapadores hubo otras 2 muertes:

-A. B., marroquí de 55 años. Falleció el 16 de octubre de 2010 al llegar a la puerta del CIE desde el centro de salud donde no le detectaron ninguna anomalía.


-Ciudadano nigeriano de 47 años. Murió el 31 de agosto de 2008 tras caer desplomado en las duchas sin que pudiese ser reanimado.


Además, el 19 de febrero de 2009 murió en el Hospital General de Valencia un nacional georgiano, procedente del CIE.

Por todas estas razones, mañana vamos a continuar reclamando que se determinen responsabilidades en la muerte de Marouane y que se cierren todos los CIE con carácter de urgencia pues no son más que cárceles racistas donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito y se violan sus derechos fundamentales.

La Generalitat incumple su compromiso con la Fiscalía General del Estado de agilizar la tramitación de permisos de residencia a menores tutelados

València, 24 de marzo de 2021 – La Generalitat Valenciana ha incumplido el compromiso adquirido con la Fiscalía General del Estado para agilizar la obtención de autorizaciones de residencia a menores tutelados, según consta en
la última notificación del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, a la Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. La Defensoría inició una investigación sobre la situación, a raíz de las quejas presentadas por la Campaña CIE No y el fin de las deportaciones en nombre de 10 de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores. Al alcanzar la mayoría de edad se ven obligados a abandonar el centro de acogida y muchos de ellos y ellas se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos ya que carecen de permiso de residencia y trabajo.


En noviembre de 2020, el Defensor dio traslado de este asunto “a la Fiscalía General a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de
residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros
muchos inconvenientes”. Ante la falta de respuesta adecuada por parte de la Generalitat, en enero la Defensoría volvió a denunciar la situación a la Fiscalía General del Estado y decidió suspender las actuaciones con la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable de la tutela de los menores. Ahora, después de que la Fiscalía haya intervenido, la Conselleria continúa incumpliendo sus compromisos sobre la tramitación del permiso de residencia
de los menores no acompañados, por lo que la Fiscalía se ve obligada a emitir un recordatorio y el Defensor del Pueblo a continuar con sus actuaciones.


En la última respuesta de la Defensoría del Pueblo a la Campaña CIE NO, fechada el 18 de marzo, se señala que “se ha recibido informe de la Fiscalía General del Estado en relación con las actuaciones realizadas por dicho órgano ante la sistemática falta de tramitación en la Comunidad Valenciana de la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados.” En dicho informe la Fiscalía relata a la Defensoría que la Fiscal Delegada de Menores de la Fiscalía Provincial de València “remitió escrito” a la Dirección General de Infancia y Adolescencia informando sobre la Nota 1/2019 conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo,
información que ya había recibido anteriormente la Conselleria por parte de la propio Defensoría en varias ocasiones.
Después de la recepción del escrito, la Conselleria convocó a una reunión el pasado mes de enero de 2020 en la que participaron el Fiscal Jefe y la Fiscal Delegada, así como diferentes cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas. Según el informe remitido al Defensor por la Fiscalía, “en dicha reunión se asumió por parte de la administración el compromiso de agilizar los trámites y de mensualmente remitir a la Fiscalía los listados de los menores en dicha situación, con información actualizada de las gestiones practicadas”.
Pasados dos meses, la Fiscalía informa a la Defensoría “de que dicho compromiso no se ha cumplido, por lo que por parte del Fiscal Jefe se emitirá el correspondiente recordatorio”.


Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a la vista de la información remitida por la Fiscalía, ha acordado “solicitar nueva información a la Fiscalía General acerca del resultado de las actuaciones adoptadas por la Fiscalía Provincial para la
tramitación de la residencia de los menores extranjeros no acompañados”.
La Campaña CIE NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todas las personas interesadas puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo, se adopten las medidas necesarias para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación

El Defensor del Pueblo vuelve a denunciar el desamparo de los jóvenes ex tutelados, suspende el contacto con la Generalitat y reitera que la Fiscalía General debe actuar

• La falta de tramitación de la residencia les provoca “graves perjuicios, entre otros, dificultad para acceder a recursos de ex tutelados, para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, etc.”, asegura Fernández Marugán
• La Campaña denunció al Defensor su encierro en el CIE y su situación de calle tras salir del centro de menores; ahora el Defensor “ha suspendido la actuación con los servicios de protección valencianos” y “ha dado traslado de la presente cuestión a la Fiscalía General”

València, 19 de enero de 2021.– El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha vuelto a dar traslado a la Fiscalía General del Estado de la situación de desamparo que sufren muchos menores tutelados por la Generalitat Valenciana al cumplir la mayoría de edad: se ven obligados a abandonar el centro de acogida y se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos ya que carecen de permiso de residencia y trabajo.


A principios de noviembre del pasado año el Defensor ya informó a la Fiscalía de esta situación al constatar que un gran número de jóvenes ex tutelados alcanzaba la mayoría de edad sin que se les hubiera tramitado el permiso de residencia. Ahora, dos meses más tarde, el Defensor del Pueblo reitera su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y, además, ha decidido suspender las actuaciones con la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas (responsable de la tutela de los menores) ante “la cantidad de menores tutelados por los servicios de protección de la Generalitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia y sin documentación identificativa”. En su respuesta a la Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones señala varias irregularidades.


En el escrito el Defensor del Pueblo reprocha la falta de tramitación de la autorización de residencia, lo que provoca “graves perjuicios, entre otros, dificultad para acceder a recursos de ex tutelados, para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, etc.” La Conselleria señala en el informe remitido al Defensor que no pudo tramitar la autorización de residencia por no poder documentar la filiación del menor, así como por no haber transcurrido nueve meses desde que se asumió su guarda. El Defensor desmiente en este punto a la Conselleria al indicar que no se puede considerar que el menor no tuviera documentada su filiación ya que “contaba con la pertinente identificación policial e inscripción en el Registro de menores extranjeros no acompañados, así como con decreto dictado por el Ministerio Fiscal en el procedimiento de determinación de edad incoado”.


Además, constata “lo erróneo de los plazos utilizados por la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, para instar la residencia de los menores”, contraviniendo lo indicado por el artículo 35.7 de la Ley de Extranjería. En este punto, numerosas administraciones continúan interpretando que es a partir de los nueve meses de tutela cuando deben instar a la tramitación de la autorización de residencia del menor, en base al desarrollo normativo del Reglamento de la Ley de Extranjería. Sin embargo, en su interpretación de esta normativa el Defensor del Pueblo señala que “en todo caso se otorgará la autorización transcurridos nueve meses desde dicha puesta a disposición. Por tanto, la citada normativa impone el plazo de nueve meses como un límite máximo para otorgar la residencia al menor, no como término a quo para presentar la solicitud”. Para ello se apoya además en el Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados
que establece el plazo de “tres meses desde la puesta a disposición del MENA en el Centro de protección de menores”.


Además, el Defensor vuelve a hacer referencia a la Nota Interna 1/2019 conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo que analiza la normativa y jurisprudencia aplicable a diferentes trámites a realizar por los menores extranjeros no acompañados y que ya indicó el Defensor que estaba siendo incumplida por las entidades de protección de menores. La Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas señala en el informe remitido que “el menor no estuvo bajo tutela de la entidad pública, asumiendo únicamente su guarda provisional”. Es por ello por lo que el Defensor se ve obligado a recordar el deber legal que incumbe a las entidades de protección de “declarar la tutela de los menores extranjeros no acompañados, sin prolongar la guarda de hecho más allá del tiempo necesario para su identificación y constatar su desamparo”, especificando que “los menores se encuentran desamparados cuando existe incumplimiento, o inadecuado ejercicio de los deberes de protección, estando privados de la necesaria asistencia moral o material”. Y así, la guarda provisional en tanto se constata el desamparo “no es óbice para la adopción de todas las medidas oportunas de protección, de modo especial, la de tramitar su autorización de residencia, habida cuenta de los graves perjuicios del acceso a la mayoría de edad sin ella”.
Por todo lo anterior, el Defensor del Pueblo “ha reiterado a la citada Conselleria el deber legal de instar a la tramitación de la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados” de acuerdo con lo establecido por la Ley de Extranjería y su Reglamento. Asimismo, “se le ha dado cuenta” de lo establecido en el Código Civil en referencia a la asunción de la tutela de los menores en desamparo. Finalmente, el Defensor señala que “habida cuenta de la cantidad de menores tutelados por los servicios de protección de la Generalitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia y sin documentación identificativa, ya sea pasaporte o cédula de inscripción, se ha suspendido la actuación con los servicios de protección valencianos y se ha dado traslado de la presente cuestión a la Fiscalía General, al objeto de que se adopten las medidas previstas en la citada Nota Interna 1/2019”.


En noviembre, el Defensor del Pueblo ya informó a la Fiscalía General del Estado sobre la situación de desamparo de los jóvenes ex tutelados. La iniciativa del Defensor se produjo a raíz de las quejas presentadas por la Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones en nombre de 10 de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores. Fernández Marugán notificó el pasado
6 de noviembre a la Campaña que había decidido dar traslado de este asunto “a la Fiscalía General a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros muchos inconvenientes”. Dos meses más tarde, el Defensor del Pueblo reitera el traslado de la problemática a la Fiscalía General del Estado y suspende las actuaciones con la Conselleria 3de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.


La Campaña CIEs NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todas las personas interesadas puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo, se adopten las medidas necesarias para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación.

IX ENCUENTRO ANUAL DE LA CAMPAÑA ESTATAL POR EL CIERRE DE LOS CIE Y EL FIN DE LAS DEPORTACIONES

El 5 de diciembre de 2020 tuvo lugar en modo virtual el noveno encuentro anual de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. Participaron Stop Deportación,
Tanquem els CIE, Migra Studium, CIEs NO Valencia, CIEs NO Madrid, Mundo en Movimiento,
Convivir sin Racismo, Coordinadora CIEs de Cadiz, CIEs NO Granada, CIEs NO Motril, EFS
Motril, APDHA y Algeciras Acoge.


La prevención de la expansión de la COVID-19 también motivó el cese momentáneo de las
deportaciones muy a pesar del gobierno que, en un alarde de irresponsabilidad en su función
de garante de los derechos fundamentales y mostrando un absoluto desprecio hacia la salud
pública, siguió deportando con las fronteras cerradas y ha trabajado duro para activarlas a
través de nuevos acuerdos de la vergüenza que tratan de normalizar la expulsión de personas
a países que ni siquiera son los suyos.


Los CIE (centros de internamiento de extranjeros) son un agujero negro en el Estado de
Derecho. En ellos se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, sino una
mera falta administrativa: no tener regularizada su residencia en el Estado español. Las
personas encerradas en los CIE, nuestras vecinas, llegan hasta aquí expulsadas de lugares y
situaciones adversas, en los que ningún motivo es vano o menos merecedor de protección.
2020 está siendo un año atípico también para el dispositivo deportador del Estado español. La
pandemia trajo consigo la declaración del estado de alarma, las restricciones de movilidad y el
cierre de fronteras. Por primera vez en sus 35 años de historia, los centros de internamiento de
extranjeros fueron totalmente vaciados y todos los CIE del territorio nacional permanecieron
cerrados durante 142 días, desde el 6 de mayo (cuando se produjo la liberación de las últimas
personas internas en el CIE de Algeciras) hasta el 25 de septiembre (momento en que se volvió
a encerrar a las primeras personas en el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria). 142 días
que evidenciaron que la injusta privación de libertad de personas extranjeras en estas cárceles
racistas es absolutamente prescindible y que el Estado español sea un territorio libre de CIE es
únicamente una cuestión de voluntad política: o se hace el juego a la industria del control
migratorio o se sitúa a las personas en el centro.

Lejos de situar a las personas en el centro, el gobierno está deshumanizando aún más la
gestión del fenómeno migratorio, instrumentalizando a las personas en movimiento,
resistiéndose a su regularización y, en definitiva, poniendo obstáculos al normal desarrollo de la
sociedad diversa que ya somos.
En este sentido, las entidades reunidas en torno a la Campaña Estatal por el cierre de los
CIE y el fin de las deportaciones, han constatado:


➔ El agravamiento en la vulneración de los derechos humanos en los CIE que ha
supuesto la COVID-19, motivado por la inexistencia de protocolos sanitarios o el
incumplimiento de las escasas medidas acordadas, la muy deficiente atención sanitaria,
el bloqueo en el acceso a asistencia letrada, la insuficiente o nula asistencia de
traductores, o las trabas en el acceso a la solicitud de protección internacional.


➔ Las anómalas circunstancias en las que se realizan las deportaciones: falta de
notificación, nocturnidad y violencia, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las
personas, que pueden ser deportadas ilegalmente sin un proceso de apelación o
recurso y llevadas de vuelta a los peligros de los que habían huido.


➔ El internamiento sistemático y deliberado de personas vulnerables, como menores de
edad o enfermas graves, o con arraigo, y la puesta en libertad de personas sin
derivación a recursos humanitarios o seguimiento sanitario.


➔ Varios intentos de suicidio por parte de personas internas sin la oportuna asistencia
sanitaria y la ausencia de investigación de las muertes producidas en CIE.


➔ La situación irregular de los módulos de mujeres y el internamiento de una única mujer
en el CIE de Aluche, imponiendo forzosamente su aislamiento.


➔ El incumplimiento de los compromisos recogidos en el convenio de colaboración entre el
Ministerio del Interior y Cruz Roja española para programas de asistencia social, cultural
y humanitaria en los CIE.


➔ La inexistencia de servicios de orientación jurídica (SOJ) para personas extranjeras en
todos los CIE, que les permita estar informadas de su situación administrativa y formular
los recursos legalmente previstos.


➔ La continua producción de abusos policiales, tales como agresiones y tratos vejatorios,
y la falta de investigación de estos comportamientos, consolidando su impunidad.


➔ La impunidad en que se mueve la Administración tras dificultar incluso negar la entrada
a las entidades acreditadas para realizar visitas y la ausencia de respuesta por parte de
los juzgados de control a múltiples quejas planteadas.


➔ La situación de vulneración de derechos que sigue teniendo lugar en los CATE, en los
que no se garantiza la atención jurídica individualizada ni la traducción y en los que se
han producido cuarentenas “voluntarias”, a pesar de que no cuentan con instalaciones
apropiadas.