La Audiencia no ve delito en la muerte de Marouane, pero señala que pudo haber “asistencia sanitaria incompleta” y “comportamiento reprobable” de la policía, e insta a valorar “todo lo que pudo haberse hecho y no se hizo”

• “No significa esta resolución que la atención recibida por el interno fuera intachable (…) tan solo significa que esa posible responsabilidad no es de carácter penal”


València, 29 de marzo – Lo que no se hizo bien y todo lo que se pudo hacer y no se hizo. Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 años, se suicidó en CIE de Zapadores el 15 de julio de 2019 en una celda de aislamiento después de sufrir una brutal paliza a manos de otros internos y de haber denunciado el mal estado en el que se encontraba sin que por ello se adoptaran medidas especiales para su protección. La Audiencia Provincial de València ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa penal al considerar que ni la policía ni el personal sanitario cometieron ningún delito. Sin embargo, en el auto judicial se señala que pudo haber “asistencia sanitaria incompleta”, además de “un comportamiento reprobable de algún funcionario policial”, y concluye instando a “valorar todo aquello que pudo haberse hecho y no se hizo ante una situación como la suya”. El tribunal ha desestimado la resolución definitiva del procedimiento para dejar “abierta la posibilidad de una reapertura si se aportan nuevos elementos de juicio que la justifiquen”.

La Audiencia afirma que su decisión “no significa” que la atención recibida por el interno “fuera intachable ni que pueda derivarse alguna clase de responsabilidad como consecuencia de esa atención o de su fallecimiento (…) Esta resolución tan solo significa que esa posible responsabilidad no es de carácter penal”. Por eso, remite a revisar el protocolo de actuación en situaciones similares que dictó el juzgado de instrucción nº 3, en función de control del CIE, el 25/7/19, para valorar la conducta del personal de Zapadores. Solo 10 días después del suicidio, tras recibir el atestado de la muerte y solicitar informes al CIE, el juez de control ordenó la aplicación de un protocolo de 16 medidas referidas a la prevención de intentos de suicidio y a las condiciones de aislamiento. El magistrado estableció que una “situación excepcional” como el aislamiento no se puede aplicar durante más de una hora -prorrogable a una hora más previo informe del servicio médico-, se debe controlar permanentemente a través de las cámaras y la persona debía estar acompañada por otras dos en la celda. Marouane murió solo en la celda, dos horas después de ser aislado, y tardaron cuarenta minutos en darse cuenta de que se había quitado la vida. Tras el auto del juez, la Campaña CIE No solicitó formalmente a la Delegación del Gobierno que informara si se están aplicando las 16 medidas, pues en caso contrario existe un riesgo para la integridad física de las personas encerradas en el CIE. Hasta ahora no ha habido
respuesta.


Para la familia de Marouane ha sido muy difícil aceptar que el joven se quitara la vida y están también convencidas de que todo lo sufrido por Marouane hasta el momento de su muerte fue determinante en su decisión de quitarse la vida. Durante todo este tiempo Casa Marruecos ha estado en contacto con la familia de Marouane, acompañándolos en todo momento y transmitiendo sus reivindicaciones. Su principal exigencia es que la muerte de Marouane se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad de lo que sucedió y que se haga justicia.

Después del fallecimiento de Marouane, la abogada de la Campaña asumió la acusación particular, en nombre de la madre del joven, en el proceso que se desarrolló en el juzgado de instrucción nº 10. A partir de ese momento, la letrada accedió al mismo atestado policial que el juez de control de Zapadores. En este documento, redactado en la tarde de la muerte de Marouane, se compendian las declaraciones de diferentes funcionarios policiales, las
comunicaciones realizadas a raíz de lo sucedido, diversos informes sanitarios y las imágenes de algunas de las cámaras de videovigilancia del CIE entre las que se encuentran las correspondientes a la celda de aislamiento así como la del distribuidor previo a ésta. Además, en los días posteriores a la muerte, la abogada se entrevistó en Zapadores con uno de los internos que fue testigo de algunos de los hechos de los días 14 y 15 de julio.


La revisión de las imágenes permitió apreciar la posible existencia de varios delitos imputables a los funcionarios públicos que aparecen en las mismas: inducción al suicidio, trato degradante, daño a la vida o a la integridad moral, denegación de la asistencia sanitaria y otros, según señaló la representación de la familia de Marouane en el primer escrito de acusación. Por tanto, se solicitó que fueran interrogados varios policias e integrantes del equipo sanitario del CIE. Para la acusación particular, las imágenes venían a confirmar que Marouane no fue aislado por su seguridad ni por su salud: lo arrastraron por el suelo estando inconsciente y lo dejaron tirado en la celda de aislamiento, solo, sin vigilancia, sin agua, sin comida, y con la ventana cerrada en plena canícula.

Dos patadas para ver si reaccionaba
En las imágenes se puede ver a varios funcionarios policiales arrastrando por el suelo el cuerpo inmóvil de Marouane y dejándolo tirado en la celda de aislamiento. Marouane permaneció 42 minutos en el suelo sin moverse. Durante ese tiempo, tanto policias como sanitarios lo visitan, algunos sólo lo observan desde la mirilla de la puerta del calabozo, otros llegan a entrar; todos dejan el cuerpo de Marouane tirado en el suelo. Las imágenes son explícitas: el joven se arrastra hasta la cama, posteriormente intenta ponerse en pie y cae al suelo frente a la puerta, permaneciendo en posición fetal sin que sus custodios le presten auxilio alguno. Cuando descubren a Marouane sin vida hace más de 40 minutos que nadie se ha preocupado por su estado. Tras su muerte, aparecen en el distribuidor tres funcionarios uniformados. Miran por la mirilla y ven el cuerpo. Dos de los funcionarios entran y rodean el cuerpo. No lo inspeccionan ni le toman las constantes vitales. Uno de ellos le da dos patadas para ver si reacciona. Tras ver que no lo hace tampoco le toma las constantes vitales. Sólo entonces, una vez muerto, se le realiza el primer reconocimiento físico y con instrumental médico desde su aislamiento. De la revisión de estas imágenes se presentaron 75 fotogramas ante el juzgado, que no se correspondían con el momento de la autolisis sino con lo sucedido desde el aislamiento hasta la última asistencia médica, al considerar determinantes estos momentos en el posterior suicidio.

El 14 de julio, un día antes de quitarse la vida, varios internos agredieron a Marouane provocándole fracturas en el rostro, por lo que fue trasladado al hospital. En los días anteriores ya había sido víctima de otras dos agresiones. El equipo medico del hospital recomendó “reposo en cama-sillón durante 2-3 días” ante el “traumatismo craneal” que
presentaba y que no se realizaran maniobras que pudieran producir un “aumento de presión cefálica (movimientos bruscos de cabeza/cuello)”. También se estableció en el informe médico que “es importante que durante las próximas horas esté acompañado”, pues hay que “comprobar periódicamente que el paciente se encuentra correctamente orientado y mueve los miembros con normalidad”. En todo caso, debería acudir al servicio de urgencias si presentara “pérdida de conocimiento, confusión o desorientación; tendencia anormal a dormir; dolor de cabeza persistente; alteración del carácter o conductas anormales; pérdida de fuerza o alteración en la coordinación de alguna de las extremidades”, entre otros síntomas. Ninguna de estas recomendaciones fue llevada a cabo por el personal sanitario del CIE ni por los funcionarios policiales.

Sobre esta forma de proceder, la Audiencia reconoce que “el interno presentaba lesiones de cierta entidad por una agresión sufrida el día anterior”, pero señala que “no integran ninguna clase de maltrato o trato degradante, si los funcionarios no han sido advertidos de que el interno, por sus lesiones o su estado físico, no simulaba, no permanecía en el suelo voluntariamente o precisaba de una atención especial que no se le daba”. De este modo, el tribunal acepta la versión de los funcionarios según la cual no habían sido informados de que tuvieran que tener especiales cuidados en el tratamiento a Marouane y les exime de toda responsabilidad al indicar que “la advertencia o información sobre el especial tratamiento que debiera recibir el interno por su estado de salud correspondía al personal sanitario destinado en el CIE por tratarse del personal cualificado para valorar el estado de salud del interno y para determinar y en su caso aplicar las pautas de tratamiento prescritas para el mismo”. De la supuesta falta de información a los agentes, en cualquier caso, tampoco se deriva ninguna responsabilidad penal por omisión del deber de asistencia sanitaria pues el
precepto “sanciona la denegación de asistencia sanitaria, pero no la prestación de una asistencia incompleta o un diagnóstico erróneo”. Y, en todo caso, “con tales omisiones se habría incurrido en una asistencia sanitaria incompleta, pero de ninguna manera en una denegación de asistencia sanitaria”, determina el auto judicial.

La Audiencia otorga especial importancia tanto al hecho de que Marouane fuera examinado por el personal sanitario del CIE los días 12 y 13 de julio “sin que se aprecie sintomatología alguna que indicara un tratamiento antidepresivo”, como al de que en su visita al hospital del día 14 no “se observara ni estimara pertinente su examen por el servicio de psiquiatría o la administración de algún antidepresivo”. Sin embargo, resulta sorprendente la relevancia dada a estos argumentos cuando a la vez se reconoce como probados los siguientes hechos: primero, que “el médico examinó al interno en fecha 03-07-2019 y le prescribe Alprazolán (medio comprimido diario durante cuatro días), según resulta del historial clínico del paciente, añadiendo en su declaración judicial que solo lo llegó a tomar durante un día”; segundo, que en la mañana del día 15 Marouane manifestó al personal de Cruz Roja “que se encuentra bien, aunque dolorido y muestra preocupación y malestar por lo ocurrido el día anterior (…) y refiere que se encuentra humillado por los hechos” haciéndose necesario hablar con él “hasta que se relaja y vuelve a la rutina”, según el informe aportado por Cruz Roja en el procedimiento; y tercero, que en el informe hospitalario la doctora que le atendió
indicara que había realizado su labor sin poder comunicarse con el paciente por la imposibilidad de comprenderse, una situación de la que difícilmente pueden extraerse conclusiones respecto del estado psicológico de una persona.

Arrastrado con la cabeza tocando el suelo
Hubo dos momentos en los que Marouane fue conducido por funcionarios policiales porque, según señalaron en su declaración ante la jueza, no “quiere” moverse, por más que existen indicios suficientes para considerar que no “puede” moverse. En la mañana del lunes 15, lo llevaron desde la zona de habitaciones situada en el primer piso hasta la enfermería ubicada en la planta baja. Más tarde, a mediodía, lo condujeron aparentemente desde el patio hasta
la celda de aislamiento. Según uno de los testigos compañero de Marouane, ambos traslados se realizaron arrastrando el cuerpo por el suelo, agarrándolo de pies y brazos y permitiendo que la cabeza impactara contra el suelo, mientras que los funcionarios policiales declararon que el traslado se efectuó “llevándolo en volandas cogiéndolo de brazos y piernas”. Del primer traslado se dispone del testimonio de los agentes y del compañero de Marouane mientras que del segundo se cuenta, además, con las imágenes de la celda de aislamiento y del distribuidor previo a ésta.
La Audiencia da credibilidad a la versión de la policía y rechaza la del compañero de Marouane porque en las imágenes del segundo traslado entiende que “muestran a dos agentes policiales sujetando por manos y pies al interno y manteniendo en alto su cabeza sin riesgo alguno para su vida o integridad física”. Sin embargo, tal como se muestra en las imágenes que se adjuntan a esta nota de prensa, la cabeza de Marouane se encuentra en contacto con el suelo. Para la acusación era precisamente la declaración del compañero de Marouane unida a las imágenes del segundo traslado en las que se observa cómo la cabeza es arrastrada por el suelo, lo que confería fuerza a la versión de que Marouane no fue llevado en volandas sino arrastrado por el suelo en las dos ocasiones. La Audiencia señala: “Es cierto que alguna de las imágenes apreciades en las cámaras de seguridad puede sugerir un comportamiento reprobable de algun funcionario policial, pero en ningún caso un acto delictivo”.

Todos estos hechos descritos, independientemente de su relevancia penal, constituyen un trato inhumano y degradante a una persona privada de libertad que no había cometido ningún delito. El CIE de Zapadores ha sido escenario de múltiples y diversas vulneraciones a los derechos humanos generadoras de una permanente angustia en las personas, que no sólo se sienten terriblemente frustradas al acabar entre rejas en su intento de encontrar unas condiciones de vida dignas sino que además son objeto de todo tipo de arbitrariedades. Este estado emocional, en ocasiones, puede llevarles a situaciones extremas. La muerte de Marouane se produjo en un contexto de elevada tensión en el interior del CIE. Una semana antes hubo un intento de suicidio y tuvieron que liberar a otro interno por su grave deterioro psíquico. Y cuatro días después del fallecimiento, dos chicos se autolesionaron. Desde que se abrieron los CIE, diez personas han fallecido entre sus muros o en el traslado forzoso al que las sometieron. Antes de la de Marouane, en Zapadores hubo otras 2 muertes:

-A. B., marroquí de 55 años. Falleció el 16 de octubre de 2010 al llegar a la puerta del CIE desde el centro de salud donde no le detectaron ninguna anomalía.


-Ciudadano nigeriano de 47 años. Murió el 31 de agosto de 2008 tras caer desplomado en las duchas sin que pudiese ser reanimado.


Además, el 19 de febrero de 2009 murió en el Hospital General de Valencia un nacional georgiano, procedente del CIE.

Por todas estas razones, mañana vamos a continuar reclamando que se determinen responsabilidades en la muerte de Marouane y que se cierren todos los CIE con carácter de urgencia pues no son más que cárceles racistas donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito y se violan sus derechos fundamentales.

La Generalitat incumple su compromiso con la Fiscalía General del Estado de agilizar la tramitación de permisos de residencia a menores tutelados

València, 24 de marzo de 2021 – La Generalitat Valenciana ha incumplido el compromiso adquirido con la Fiscalía General del Estado para agilizar la obtención de autorizaciones de residencia a menores tutelados, según consta en
la última notificación del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, a la Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. La Defensoría inició una investigación sobre la situación, a raíz de las quejas presentadas por la Campaña CIE No y el fin de las deportaciones en nombre de 10 de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores. Al alcanzar la mayoría de edad se ven obligados a abandonar el centro de acogida y muchos de ellos y ellas se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos ya que carecen de permiso de residencia y trabajo.


En noviembre de 2020, el Defensor dio traslado de este asunto “a la Fiscalía General a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de
residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros
muchos inconvenientes”. Ante la falta de respuesta adecuada por parte de la Generalitat, en enero la Defensoría volvió a denunciar la situación a la Fiscalía General del Estado y decidió suspender las actuaciones con la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable de la tutela de los menores. Ahora, después de que la Fiscalía haya intervenido, la Conselleria continúa incumpliendo sus compromisos sobre la tramitación del permiso de residencia
de los menores no acompañados, por lo que la Fiscalía se ve obligada a emitir un recordatorio y el Defensor del Pueblo a continuar con sus actuaciones.


En la última respuesta de la Defensoría del Pueblo a la Campaña CIE NO, fechada el 18 de marzo, se señala que “se ha recibido informe de la Fiscalía General del Estado en relación con las actuaciones realizadas por dicho órgano ante la sistemática falta de tramitación en la Comunidad Valenciana de la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados.” En dicho informe la Fiscalía relata a la Defensoría que la Fiscal Delegada de Menores de la Fiscalía Provincial de València “remitió escrito” a la Dirección General de Infancia y Adolescencia informando sobre la Nota 1/2019 conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo,
información que ya había recibido anteriormente la Conselleria por parte de la propio Defensoría en varias ocasiones.
Después de la recepción del escrito, la Conselleria convocó a una reunión el pasado mes de enero de 2020 en la que participaron el Fiscal Jefe y la Fiscal Delegada, así como diferentes cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas. Según el informe remitido al Defensor por la Fiscalía, “en dicha reunión se asumió por parte de la administración el compromiso de agilizar los trámites y de mensualmente remitir a la Fiscalía los listados de los menores en dicha situación, con información actualizada de las gestiones practicadas”.
Pasados dos meses, la Fiscalía informa a la Defensoría “de que dicho compromiso no se ha cumplido, por lo que por parte del Fiscal Jefe se emitirá el correspondiente recordatorio”.


Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a la vista de la información remitida por la Fiscalía, ha acordado “solicitar nueva información a la Fiscalía General acerca del resultado de las actuaciones adoptadas por la Fiscalía Provincial para la
tramitación de la residencia de los menores extranjeros no acompañados”.
La Campaña CIE NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todas las personas interesadas puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo, se adopten las medidas necesarias para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación

El Defensor del Pueblo vuelve a denunciar el desamparo de los jóvenes ex tutelados, suspende el contacto con la Generalitat y reitera que la Fiscalía General debe actuar

• La falta de tramitación de la residencia les provoca “graves perjuicios, entre otros, dificultad para acceder a recursos de ex tutelados, para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, etc.”, asegura Fernández Marugán
• La Campaña denunció al Defensor su encierro en el CIE y su situación de calle tras salir del centro de menores; ahora el Defensor “ha suspendido la actuación con los servicios de protección valencianos” y “ha dado traslado de la presente cuestión a la Fiscalía General”

València, 19 de enero de 2021.– El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha vuelto a dar traslado a la Fiscalía General del Estado de la situación de desamparo que sufren muchos menores tutelados por la Generalitat Valenciana al cumplir la mayoría de edad: se ven obligados a abandonar el centro de acogida y se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos ya que carecen de permiso de residencia y trabajo.


A principios de noviembre del pasado año el Defensor ya informó a la Fiscalía de esta situación al constatar que un gran número de jóvenes ex tutelados alcanzaba la mayoría de edad sin que se les hubiera tramitado el permiso de residencia. Ahora, dos meses más tarde, el Defensor del Pueblo reitera su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y, además, ha decidido suspender las actuaciones con la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas (responsable de la tutela de los menores) ante “la cantidad de menores tutelados por los servicios de protección de la Generalitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia y sin documentación identificativa”. En su respuesta a la Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones señala varias irregularidades.


En el escrito el Defensor del Pueblo reprocha la falta de tramitación de la autorización de residencia, lo que provoca “graves perjuicios, entre otros, dificultad para acceder a recursos de ex tutelados, para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, etc.” La Conselleria señala en el informe remitido al Defensor que no pudo tramitar la autorización de residencia por no poder documentar la filiación del menor, así como por no haber transcurrido nueve meses desde que se asumió su guarda. El Defensor desmiente en este punto a la Conselleria al indicar que no se puede considerar que el menor no tuviera documentada su filiación ya que “contaba con la pertinente identificación policial e inscripción en el Registro de menores extranjeros no acompañados, así como con decreto dictado por el Ministerio Fiscal en el procedimiento de determinación de edad incoado”.


Además, constata “lo erróneo de los plazos utilizados por la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, para instar la residencia de los menores”, contraviniendo lo indicado por el artículo 35.7 de la Ley de Extranjería. En este punto, numerosas administraciones continúan interpretando que es a partir de los nueve meses de tutela cuando deben instar a la tramitación de la autorización de residencia del menor, en base al desarrollo normativo del Reglamento de la Ley de Extranjería. Sin embargo, en su interpretación de esta normativa el Defensor del Pueblo señala que “en todo caso se otorgará la autorización transcurridos nueve meses desde dicha puesta a disposición. Por tanto, la citada normativa impone el plazo de nueve meses como un límite máximo para otorgar la residencia al menor, no como término a quo para presentar la solicitud”. Para ello se apoya además en el Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados
que establece el plazo de “tres meses desde la puesta a disposición del MENA en el Centro de protección de menores”.


Además, el Defensor vuelve a hacer referencia a la Nota Interna 1/2019 conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo que analiza la normativa y jurisprudencia aplicable a diferentes trámites a realizar por los menores extranjeros no acompañados y que ya indicó el Defensor que estaba siendo incumplida por las entidades de protección de menores. La Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas señala en el informe remitido que “el menor no estuvo bajo tutela de la entidad pública, asumiendo únicamente su guarda provisional”. Es por ello por lo que el Defensor se ve obligado a recordar el deber legal que incumbe a las entidades de protección de “declarar la tutela de los menores extranjeros no acompañados, sin prolongar la guarda de hecho más allá del tiempo necesario para su identificación y constatar su desamparo”, especificando que “los menores se encuentran desamparados cuando existe incumplimiento, o inadecuado ejercicio de los deberes de protección, estando privados de la necesaria asistencia moral o material”. Y así, la guarda provisional en tanto se constata el desamparo “no es óbice para la adopción de todas las medidas oportunas de protección, de modo especial, la de tramitar su autorización de residencia, habida cuenta de los graves perjuicios del acceso a la mayoría de edad sin ella”.
Por todo lo anterior, el Defensor del Pueblo “ha reiterado a la citada Conselleria el deber legal de instar a la tramitación de la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados” de acuerdo con lo establecido por la Ley de Extranjería y su Reglamento. Asimismo, “se le ha dado cuenta” de lo establecido en el Código Civil en referencia a la asunción de la tutela de los menores en desamparo. Finalmente, el Defensor señala que “habida cuenta de la cantidad de menores tutelados por los servicios de protección de la Generalitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia y sin documentación identificativa, ya sea pasaporte o cédula de inscripción, se ha suspendido la actuación con los servicios de protección valencianos y se ha dado traslado de la presente cuestión a la Fiscalía General, al objeto de que se adopten las medidas previstas en la citada Nota Interna 1/2019”.


En noviembre, el Defensor del Pueblo ya informó a la Fiscalía General del Estado sobre la situación de desamparo de los jóvenes ex tutelados. La iniciativa del Defensor se produjo a raíz de las quejas presentadas por la Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones en nombre de 10 de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores. Fernández Marugán notificó el pasado
6 de noviembre a la Campaña que había decidido dar traslado de este asunto “a la Fiscalía General a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros muchos inconvenientes”. Dos meses más tarde, el Defensor del Pueblo reitera el traslado de la problemática a la Fiscalía General del Estado y suspende las actuaciones con la Conselleria 3de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.


La Campaña CIEs NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todas las personas interesadas puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo, se adopten las medidas necesarias para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación.

IX ENCUENTRO ANUAL DE LA CAMPAÑA ESTATAL POR EL CIERRE DE LOS CIE Y EL FIN DE LAS DEPORTACIONES

El 5 de diciembre de 2020 tuvo lugar en modo virtual el noveno encuentro anual de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. Participaron Stop Deportación,
Tanquem els CIE, Migra Studium, CIEs NO Valencia, CIEs NO Madrid, Mundo en Movimiento,
Convivir sin Racismo, Coordinadora CIEs de Cadiz, CIEs NO Granada, CIEs NO Motril, EFS
Motril, APDHA y Algeciras Acoge.


La prevención de la expansión de la COVID-19 también motivó el cese momentáneo de las
deportaciones muy a pesar del gobierno que, en un alarde de irresponsabilidad en su función
de garante de los derechos fundamentales y mostrando un absoluto desprecio hacia la salud
pública, siguió deportando con las fronteras cerradas y ha trabajado duro para activarlas a
través de nuevos acuerdos de la vergüenza que tratan de normalizar la expulsión de personas
a países que ni siquiera son los suyos.


Los CIE (centros de internamiento de extranjeros) son un agujero negro en el Estado de
Derecho. En ellos se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, sino una
mera falta administrativa: no tener regularizada su residencia en el Estado español. Las
personas encerradas en los CIE, nuestras vecinas, llegan hasta aquí expulsadas de lugares y
situaciones adversas, en los que ningún motivo es vano o menos merecedor de protección.
2020 está siendo un año atípico también para el dispositivo deportador del Estado español. La
pandemia trajo consigo la declaración del estado de alarma, las restricciones de movilidad y el
cierre de fronteras. Por primera vez en sus 35 años de historia, los centros de internamiento de
extranjeros fueron totalmente vaciados y todos los CIE del territorio nacional permanecieron
cerrados durante 142 días, desde el 6 de mayo (cuando se produjo la liberación de las últimas
personas internas en el CIE de Algeciras) hasta el 25 de septiembre (momento en que se volvió
a encerrar a las primeras personas en el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria). 142 días
que evidenciaron que la injusta privación de libertad de personas extranjeras en estas cárceles
racistas es absolutamente prescindible y que el Estado español sea un territorio libre de CIE es
únicamente una cuestión de voluntad política: o se hace el juego a la industria del control
migratorio o se sitúa a las personas en el centro.

Lejos de situar a las personas en el centro, el gobierno está deshumanizando aún más la
gestión del fenómeno migratorio, instrumentalizando a las personas en movimiento,
resistiéndose a su regularización y, en definitiva, poniendo obstáculos al normal desarrollo de la
sociedad diversa que ya somos.
En este sentido, las entidades reunidas en torno a la Campaña Estatal por el cierre de los
CIE y el fin de las deportaciones, han constatado:


➔ El agravamiento en la vulneración de los derechos humanos en los CIE que ha
supuesto la COVID-19, motivado por la inexistencia de protocolos sanitarios o el
incumplimiento de las escasas medidas acordadas, la muy deficiente atención sanitaria,
el bloqueo en el acceso a asistencia letrada, la insuficiente o nula asistencia de
traductores, o las trabas en el acceso a la solicitud de protección internacional.


➔ Las anómalas circunstancias en las que se realizan las deportaciones: falta de
notificación, nocturnidad y violencia, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las
personas, que pueden ser deportadas ilegalmente sin un proceso de apelación o
recurso y llevadas de vuelta a los peligros de los que habían huido.


➔ El internamiento sistemático y deliberado de personas vulnerables, como menores de
edad o enfermas graves, o con arraigo, y la puesta en libertad de personas sin
derivación a recursos humanitarios o seguimiento sanitario.


➔ Varios intentos de suicidio por parte de personas internas sin la oportuna asistencia
sanitaria y la ausencia de investigación de las muertes producidas en CIE.


➔ La situación irregular de los módulos de mujeres y el internamiento de una única mujer
en el CIE de Aluche, imponiendo forzosamente su aislamiento.


➔ El incumplimiento de los compromisos recogidos en el convenio de colaboración entre el
Ministerio del Interior y Cruz Roja española para programas de asistencia social, cultural
y humanitaria en los CIE.


➔ La inexistencia de servicios de orientación jurídica (SOJ) para personas extranjeras en
todos los CIE, que les permita estar informadas de su situación administrativa y formular
los recursos legalmente previstos.


➔ La continua producción de abusos policiales, tales como agresiones y tratos vejatorios,
y la falta de investigación de estos comportamientos, consolidando su impunidad.


➔ La impunidad en que se mueve la Administración tras dificultar incluso negar la entrada
a las entidades acreditadas para realizar visitas y la ausencia de respuesta por parte de
los juzgados de control a múltiples quejas planteadas.


➔ La situación de vulneración de derechos que sigue teniendo lugar en los CATE, en los
que no se garantiza la atención jurídica individualizada ni la traducción y en los que se
han producido cuarentenas “voluntarias”, a pesar de que no cuentan con instalaciones
apropiadas.

El Defensor del Pueblo traslada a la Fiscalía General del Estado la situación de desamparo de los menores tutelados por la Generalitat al cumplir la mayoría de edad

Cast/Val


• Fernández Marugán ha tomado esta iniciativa “a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho”.


• La Campaña denunció al Defensor la situación de calle y sin posibilidad de obtener recursos al carecer de documentación de 10 de estos jóvenes, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en Zapadores.


València, 11 de noviembre de 2020.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha informado a la Fiscalía General del Estado sobre la situación de desamparo que sufren muchos menores tutelados por la Generalitat Valenciana al cumplir la mayoría de edad: se ven obligados a abandonar el centro de acogida y se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos ya que carecen de permiso de residencia y trabajo. La iniciativa del Defensor se ha producido a raíz de las quejas presentadas por la Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones en nombre de 10 de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores. Fernández Marugán notificó el pasado 6 de noviembre a la Campaña que había decidido dar traslado de este asunto “a la Fiscalía General a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros muchos inconvenientes”.


En el escrito, donde informa de la admisión a trámite de una de las 10 quejas presentadas, el Defensor analiza el fondo del problema, que no sólo afecta al caso concreto sino a muchos jóvenes abandonados a su suerte por la Administración cuando dejan de ser menores. El Defensor destaca la existencia de la Nota Interna 1/2019 dictada por la Fiscalía General del Estado, conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo, sobre la tramitación de la residencia de los menores extranjeros no acompañados, y recuerda que en ella “se promovía la obligación de supervisar el cumplimiento por las Entidades Públicas de Protección de Menores de su deber de instar ante la autoridad gubernativa la documentación de los menores extranjeros no acompañados y la agilización de los trámites correspondientes”. Por eso, tras resumir las pautas de actuación que las fiscalías deberían seguir ante estas situaciones, pone en conocimiento de la Fiscalía General la situación en la Comunidad Valenciana. De esta manera, el Defensor no sólo da traslado de las irregularidades cometidas con estos jóvenes sino que también pone de manifiesto el incumplimiento de la propia Fiscalía de su obligación de supervisar el funcionamiento de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, competente en la protección de menores.


El acompañamiento a estos jóvenes por parte de la Campaña CIEs No comenzó a principios de este año, al detectar en el lapso de pocas semanas la presencia de hasta siete menores de edad privados de libertad en Zapadores, tal como se relata en el informe “CIE de Zapadores: sin derecho a tener derechos” (https://ciesno.wordpress.com/2020/06/15/informe-cie-de-zapadores-sin-derecho-a-tener-derechos/). Cinco de ellos consiguieron demostrar su minoría de edad, bien aportando su documentación original enviada desde sus países de origen o bien después de que las pruebas de determinación de la edad así lo indicaran. Sin embargo, los otros dos no fueron reconocidos como menores de edad porque su documentación no fue aceptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de València en funciones de control del CIE, aunque finalmente fueron puestos en libertad por la imposibilidad de que fueran deportados. Los cinco chicos menores fueron trasladados a diferentes centros de protección en la Comunidad Valenciana, gestionados por la Conselleria d´Igualtat.


Pasados pocos meses y cuando todavía seguía vigente el Estado de alarma, uno de los chicos volvió a contactar con la Campaña CIEs NO para comunicarnos que había alcanzado los 18 años y había tenido que abandonar el centro en el que se encontraba sin que se le hubiera tramitado el permiso de residencia ni se le hubiera solicitado un recurso habitacional: estaba en situación de calle y de irregularidad administrativa.
Al ser preguntado si en esta misma situación pudieran encontrarse otros jóvenes relató conocer a varios chicos que habían quedado en situación de calle al cumplir la mayoría de edad. No se les había realizado la solicitud para participar en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana o esta les había sido tramitada, pero habían quedado en lista de espera por la ausencia de plazas disponibles. Además, a la mayoría de los chicos no se les había tramitado la autorización de residencia. Por tanto, después de haber llegado a España siendo menores de edad y estar un tiempo tutelados por el sistema de protección de menores, quedaban en situación de calle y en situación de irregularidad administrativa.


Gracias a la labor de estos jóvenes, la Campaña CIEs NO ha podido contactar con 12 de ellos, que han denunciado su situación ante el Defensor del Pueblo. Diez de ellos habían sido tutelados por la Comunidad Valenciana y otros dos habían llegado a València después de haber estado tutelados en otra comunidad autónoma.


El Defensor del Pueblo admitió a trámite las quejas y ha iniciado actuaciones con la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía de Menores de València. Los chicos a quienes no se había gestionado una plaza en la Red de Emancipación la solicitaron después de su salida del centro de menores con el acompañamiento de la Campaña sin que hasta el momento hayan recibido respuesta alguna por parte de la conselleria. La mayoría de estos jóvenes continúa estando en situación de calle y denuncian sentirse abandonados y maltratados por el sistema que debería protegerles. Piden ser documentados con un permiso que les permita residir y trabajar de forma legal, y acceder a los recursos de la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana.


La Campaña CIEs NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todos los interesados puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo,
se adopten las medidas necesarias para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación.





El Defensor del Pueblo trasllada a la Fiscalia General de l’Estat la situació de desemparament dels menors tutelats per la Generalitat en complir la majoria d’edat


• Fernández Marugán ha pres aquesta iniciativa “a la vista de la quantitat de menors tutelats per la Comunitat Valenciana que accedeixen a la seua majoria d’edat sense comptar amb l’autorització de residència a la qual tenen dret”.


• La Campanya va denunciar al Defensor la situació de carrer i sense possibilitat d’obtindre recursos per la falta de documentació de 10 d’aquests joves, alguns dels quals van ser tancats prèviament a Sapadors.


València, 11 de novembre de 2020.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha informat a la Fiscalia General de l’Estat sobre la situació de desemparament que pateixen molts menors tutelats per la Generalitat Valenciana en complir la majoria d’edat: es veuen obligats a abandonar el centre d’acollida i es queden al carrer sense recursos i sense possibilitat d’obtindre’ls ja que manquen de permís de residència i treball. La iniciativa del Defensor s’ha produït arran de les queixes presentades per la Campanya pel tancament dels CIEs i la fi de les deportacions en nom de 10 d’aquests xics, alguns dels quals van ser tancats prèviament al CIE de Sapadors. Fernández Marugán va notificar el passat 6 de novembre a la Campanya que havia decidit donar trasllat d’aquest assumpte “a la Fiscalia General a la vista de la quantitat de menors tutelats per la Comunitat Valenciana que accedeixen a la seua majoria d’edat sense comptar amb l’autorització de residència a la qual tenen dret, la qual cosa dificulta tant l’assignació d’un recurs per a ex tutelats, l’accés a les ajudes que pogueren correspondre’ls i la continuïtat del procés iniciat durant la seua minoria d’edat, entre molts altres inconvenients”.

En l’escrit, on informa de l’admissió a tràmit d’una de les 10 queixes presentades, el Defensor analitza el fons del problema, que no sols afecta al cas concret sinó a molts joves abandonats a la seua sort per l’Administració quan deixen de ser menors. El Defensor destaca l’existència de la Nota Interna 1/2019 dictada per la Fiscalia General de l’Estat, conjunta dels Fiscals de Sala d’Estrangeria, Menors i Contenciós Administratiu, sobre la tramitació de la residència dels menors estrangers no acompanyats, i recorda que en ella “es promovia l’obligació de supervisar el compliment per les Entitats Públiques de Protecció de Menors del seu deure d’instar davant l’autoritat governativa la documentació dels menors estrangers no acompanyats i l’agilitació dels tràmits corresponents”. Per això, després de resumir les pautes d’actuació que les fiscalies haurien de seguir davant aquestes situacions, posa en coneixement de la Fiscalia General la situació a la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, el Defensor no sols dóna trasllat de les irregularitats comeses amb aquests joves sinó que també posa de manifest l’incompliment de la pròpia Fiscalia de la seua obligació de supervisar el funcionament de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, competent en la protecció de menors.

L’acompanyament a aquests joves per part de la Campanya CIEs NO va començar a principis d’enguany, en detectar en el lapse de poques setmanes la presència de fins a set menors d’edat privats de llibertat en Sapadors, tal com es relata en l’informe “CIE de Zapadores: sin derecho a tener derechos” (https://ciesno.wordpress.com/2020/06/15/informe-cie-de-zapadores-sin-derecho-a-tener-derechos/). Cinc d’ells van aconseguir demostrar la seua minoria d’edat, bé aportant la seua documentació original enviada des dels seus països d’origen o bé després que les proves de determinació de l’edat així ho indicaren. No obstant això, els altres dos no van ser reconeguts com a menors d’edat perquè la seua documentació no va ser acceptada pel Jutjat d’Instrucció número 3 de València en funcions de control del CIE, encara que finalment van ser posats en llibertat per la impossibilitat que anaren deportats. Els cinc xics menors van ser traslladats a diferents centres de protecció a la Comunitat Valenciana, gestionats per la Conselleria d´Igualtat. Passats pocs mesos i quan encara continuava vigent l’Estat d’alarma, un dels xics va tornar a contactar amb la Campanya CIEs NO per a comunicar-nos que havia arribat als 18 anys i havia hagut d’abandonar el centre en el que es trobava sense que se li haguera tramitat el permís de residència ni se li haguera sol·licitat un recurs residencial: estava en situació de carrer i d’irregularitat administrativa.

En ser preguntat si en aquesta mateixa situació pogueren trobar-se altres joves va relatar conèixer a diversos xics que havien quedat en situació de carrer en complir la majoria d’edat. No se’ls havia realitzat la sol·licitud per a participar en la Xarxa d’Emancipació per a Joves Ex Tutelats de la Comunitat Valenciana o aquesta els havia sigut tramitada, però havien quedat en llista d’espera per l’absència de places disponibles. A més, a la majoria dels xics no se’ls havia tramitat l’autorització de residència. Per tant, després d’haver arribat a Espanya sent menors d’edat i estar un temps tutelats pel sistema de protecció de menors, quedaven en situació de carrer i en situació d’irregularitat administrativa. Gràcies a la labor d’aquests joves, la Campanya CIEs NO ha pogut contactar amb 12 d’ells, que han denunciat la seua situació davant el Defensor del Poble. Deu d’ells havien sigut tutelats per la Comunitat Valenciana i altres dos havien arribat a València després d’haver estat tutelats en una altra comunitat autònoma. El Defensor del Pueblo va admetre a tràmit les queixes i ha iniciat actuacions amb la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, amb la Fiscalia General de l’Estat i amb la Fiscalia de Menors de València.

Els xics als qui no s’havia gestionat una plaça en la Xarxa d’Emancipació la van sol·licitar després de la seua eixida del centre de menors amb l’acompanyament de la Campanya sense que fins al moment hagen rebut cap resposta per part de la Conselleria. La majoria d’aquests joves continua estant en situació de carrer i denuncien sentir-se abandonats i maltractats pel sistema que hauria de protegir-los. Demanen ser documentats amb un permís que els permeta residir i treballar de manera
legal, i accedir als recursos de la Xarxa d’Emancipació per a Joves Ex Tutelats de la Comunitat Valenciana. La Campanya CIEs NO exigeix a les administracions implicades en l’assumpte que de manera urgent adopten les mesures necessàries per a que tots els interessats puguen accedir tant a la documentació a la qual tenen dret com a una plaça en la Xarxa d’Emancipació per a Joves Ex Tutelats de la Comunitat Valenciana i que, així mateix, s’adopten les mesures necessàries per a que cap altre menor accedisca a la majoria d’edat sense que se li tramite el permís de residència i un recurs d’emancipació.

Marouane – Paloma Chen | #CIErraloConArte #CIEsNO

Marouane

Tengo piernas
y no raíces
y la abundancia y el hambre
están separadas
por solo unos pasos.

No conozco la suerte
pero me la imagino.
Me he quedado prendado de las nuevas predicciones,
de la nueva afinación de la cuerda que afirma,

de la que niega,
de la que enaltece,
de la que culpa,
de la que nace, de la que mata.

El reloj del sol refleja mis deseos

y me habla

sobre cruzar y cuadrar el círculo,
sobre la vida de insolencia
que he pagado
con
encierro,
humillación
y obediencia.

No me arrepiento.
Yo solo lo siento…

por mi madre
por dar a luz a uno de los condenados de la tierra.

Solo lo siento por mi madre,
porque me quieren redimir
de la pobreza y la no pertenencia.
Solo lo siento por mi madre,
porque mis verdugos han pensado que
20 años
20 años es una edad suficiente para roer el cableado de mis
sueños.

Qué placer hacer lo correcto,
dicen,
qué placer la moral judeocristiana,
sienten,
qué placer fustigar la servidumbre.

Perdóname por rendirme, mamá,
las dificultades no me hicieron más fuerte,
me hicieron más
amargo, me hicieron
más seco. Mamá, si tu tristeza es un pantano,
la mía es un desierto.
Mamá, la cotidianidad me eriza el pelo
en cada descanso,
me pide silencio
en cada tregua.

Y ahora solo me duele un recuerdo… de ti.

El de cuando me cortabas el pelo de pequeño,

y no imaginabas
el óxido en mis dientes,
el bote de lejía del que he
bebido,
el saltamontes en el alféizar de la ventana

de la que he saltado.

Mamá, ¿cómo ibas a prever que viviría en un zoo animal,
en la feria de un gobierno criminal,
con la quietud de un insecto ciego?
Que lloraría sangre
en el regazo de alguien
que acariciaría mi calavera con ternura,
que caminaría entre campos de naranjas,
que combatiría la apatía acostumbrada,

alguien a quien el dolor de estómago no le ha enfriado la
mirada,
alguien que reinicia cada ayer con estas
palabras,
alguien con mi voz, que permanece
mi voz, que ha tocado su corazón
y el de tantos otros
mi voz, que resuena en su garganta
y en la de tantos otros,
mi voz, que es la otros que no son otros
que somos nosotros
porque mi voz
se ha quedado
atascada
cada último martes

de mes
enfrente de una puerta
azul.

COMUNICADO ANTE LA REACTIVACIÓN DE LOS CIE

CAST/VAL

Comunicado firmado por un centenar de entidades y colectivos del Estado

Las entidades que visitamos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE):

  • Denunciamos que a fecha 23 de septiembre de 2020 el Gobierno ha anunciado el reinicio de la actividad en los CIE para internar a personas de determinadas nacionalidades que lleguen en patera a costas españolas.
  • Nos oponemos frontalmente al reinicio de las detenciones en estos espacios de vulneración de derechos y sufrimiento.
  • Apelamos a que las autoridades competentes acaben definitivamente con esta medida desproporcionada e injusta.

25 de septiembre de 2020. Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) han estado vacíos durante meses, periodo en el que no se han llevado a cabo internamientos ni expulsiones, demostrando una vez más que no son necesarios en el marco de la gestión migratoria. Sin embargo, esta tregua ha durado poco y el Gobierno ha ordenado privar de libertad a personas en estos centros, poniendo otra vez en funcionamiento estas instituciones disfuncionales que distan de ser lugares con garantía de derechos y condiciones de vida digna.

Llevamos años denunciando las deficiencias estructurales y de servicios graves que presentan todos los CIE de España, que además de incumplir la normativa y diferentes disposiciones judiciales, imposibilitan el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas a la situación de emergencia en la que todavía nos encontramos y que hacen que el internamiento en estos momentos sea no sólo injusto sino insalubre e inseguro.

Cuando comenzó la pandemia advertimos al Ministerio de Interior sobre los riesgos de contagio que implicaba mantener a personas retenidas en los CIE. Finalmente, en los últimos días de marzo dos jóvenes migrantes recién llegados en patera y encerrados en el Centro de Barranco Seco, en las Islas Canarias, se contagiaron de coronavirus por un enfermero que trabajaba allí y en un centro de salud de la zona. Durante este tiempo, no se han llevado a cabo reformas de ninguna naturaleza que hayan supuesto un cambio en las condiciones de internamiento para que ahora se entienda que sí se garantizan los derechos más básicos.

Los CIE son espacios de gestión policial opaca, llena de irregularidades y que deja desamparadas a las personas que son encerradas detrás de sus muros. Ahora se anuncia una estrategia clara, que persigue internar a personas recién llegadas en pateras de nacionalidad argelina y marroquí o que llegan de Mauritania. Una vez más, se refleja el uso de los CIE como una herramienta de la gestión migratoria, utilizando el internamiento para la deportación allí donde es crucial la correcta identificación de personas con necesidades especiales de protección.

Por todo ello,

  • Apelamos a la responsabilidad de las autoridades competentes para que tomen medidas adecuadas para garantizar todos los derechos de las personas migrantes en España con independencia de su situación administrativa.
  • Exigimos la clausura de todos los CIE y el fin del internamiento por ser una medida desproporcionada e injusta, de escasa garantía constitucional, con un indudable carácter hostil y represivo, siendo una mancha en un Estado de derecho.
  • Igualmente, hacemos un llamamiento para que se acabe con las deportaciones racistas y discriminatorias, con el encierro durante 72h en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que actúan como extensiones de comisarías, que son espacios que ni siquiera cuentan con desarrollo normativo propio, y nos sumamos a las reivindicaciones recogidas en la campaña #RegularizacionYa

Junto con otras entidades que también trabajan para la protección de los derechos humanos pedimos el desmantelamiento de las políticas inhumanas de internamiento, devolución y expulsión. Apostamos por una reforma migratoria integral, que incluya el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones para evitar tanto sufrimiento inútil, a la par que exigimos políticas que promuevan la acogida digna.

Firman este comunicado:

Abriendo Fronteras Guadalajara

Acción en Red Madrid

Afromurcia en Movimiento

ALBOAN

Alianza por la Solidaridad-Action Aid

Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca La Tavaya

Asociación Apoyo

Asociación Claver SJM

Asociación de Guinea y amigos. Valencia

Asociación El Atochar

Asociación Empleadas de Hogar de Murcia

Asociación Ivorien Murcia

Asociación Karibu

Asociación Mujeres de la Otra Orilla

Asociación Mujeres Kasofor

Asociación Musulmana por los Derechos Humanos

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Asociación SEDOAC –Madrid

Asociación SERCADE

Asociación Sociocultural Nosotras por los cuidados y el empleo de hogar

Asociación Territorio Doméstico

Asociación Valiente Bangla

Asociación Venezolanos Amigos del Mundo (AVAM)

Asoc. Nourdine – Asociación Cultural La Paz

Atalaya

Barbecho

Campaña CIEs NO – València

Campaña Estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las deportaciones

Candombe

Caravana Obrim Fronteres

Caravana Obrim Fronteres Menorca

Casa Camerún Comunidad Valenciana – ONGD

CEAR PV

CEDSALA

CESÁfrica – Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África

CGT Murcia

Centro Padre Lasa

Centro Socioeducativo Lestonnac

CIES no Granada

CIEs NO Motril

CIM Burkina

CNAAE Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España

Colectiva Mujeres con voz Valencia

Colectiva ADX Eslida

Colectivo Indignado de Valladolid

Colectivo Pronoia Murcia

Colectivo Sirirí

Colectivo Sur Cacarica

Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado CCAR

Comité de Solidaridad con Perú Pachamama de Alicante

Comunidades cristinas populares de Alicante

Consejo Asesor  de CONFER Migraciones

Convivir sin Racismo Murcia

Coordinadora de Barrios, Madrid

Coordinadora de Barrios de Murcia

Coordinadora Obrim Fronteres

CP San Carlos Borromeo

CRIDA contra el racisme i el feixisme

Diapó con África

Emergencia Frontera Sur Barcelona

Emergencias Frontera Sur Motril

Ens Movem Sant Joan

Entreiguales

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte

FAAM. Federación Asociaciones Africanas de Murcia

FEDERACIÓN DE COMITES UMOYA

Federación SOS Racismo

Feministas Antirracistas

Fraternitat Secular Carles de Foucauld

Fundació Migra Studium

Fundació privada La Vinya, d’acció social

Fundación AMOVERSE

Fundación Ángel Tomás (FISAT)

HOAC de Murcia

HOAC València

Intersindical Valenciana

Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos

Irungo Harrera Sarea. Red de Acogida de Irun

Kifkif, Migraciones y Refugio LGTBI+

La nova usurpada

Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els inmigrants

Motril acoge

Movimiento Estatal #RegularizaciónYa

Mundo en Movimiento

Movimiento Wiphala España

Mundubat

Murcia Acoge

No Name Kitchen

Obrim Fronteres Valencia

Observatorio Derechos Humanos Samba

Observatorio de Racismo Institucional (RAIN)

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia

Organización de Residentes Bolivianos en Totana ( Murcia)

PAREM. Asociación para las Personas Refugiadas y Migrantes residentes en la Región de Murcia

Perifèries

Plataforma Bienvenid@s Refugiad@s La Rioja

Plataforma CIEs No Madrid

Plataforma contra la pobreza y la exclusión social de Alicante

Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants (Barcelona)

Plataforma de la Inmigración de Molina de Segura

Plataforma de solidaridad con los pueblos del Mediterráneo

Plataforma Personas Refugiadas de Cáceres

Plataforma Refugiados Mérida

Plataforma somos migrantes

Plaza de los Pueblos

Prodein Melilla

Proyecto iusmigrante

Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras

Pueblos Unidos- Fundación San Juan del Castillo

Red de Cuidados Antirracistas

Red de Hondureñas Migradas

Red incola

Red Interlavapiés

Red Senda de Cuidados

Red Solidaria de Acogida

Servicio Jesuita al Migrante –España

Servicio Jesuita a Migrantes Valencia – SJM Valencia

Sindicato de Manteros de Madrid

Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona

SOEPIC

Solidary Wheels

Solidaridad internacional Andalucía

SOS Racisme Catalunya

SOS Racismo Madrid

Stop Mare Mortum

Tanquem els CIE

Tras la manta

Unitat contra el Feixisme i el Racisme- UCFR

València Acull

València és Refugi


Comunicat signat per 131 entitats i col·lectius de tot l’Estat

Les entitats que visitem els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE):

  • Denunciem que a data 23 de setembre de 2020 el Govern ha anunciat la represa de l’activitat en els CIE per internar persones de determinades nacionalitats que arribin en pastera a les costes espanyoles.
  • Ens oposem frontalment a la represa de les detencions en aquests espais de vulneració de drets i sofriment.
  • Apel·lem al fet que les autoritats competents acabin definitivament amb aquesta mesura desproporcionada i injusta.

25 de setembre de 2020. Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) han estat buits durant mesos, període en el qual no s’han dut a terme internaments ni expulsions, demostrant una vegada més que no són necessaris en el marc de la gestió migratòria. No obstant això, aquesta treva ha durat poc i el Govern ha ordenat privar de llibertat persones en aquests centres, posant una altra vegada en funcionament aquestes institucions disfuncionals que disten de ser llocs amb garantia de drets i condicions de vida digna.

Portem anys denunciant les deficiències estructurals i de serveis greus que presenten tots els CIE d’Espanya, que a més d’incomplir la normativa i diferents disposicions judicials, impossibiliten el compliment de les mesures sanitàries adequades a la situació d’emergència en què encara ens trobem i que fan que l’internament a hores d’ara sigui no només injust sinó insalubre i insegur.

Quan va començar la pandèmia vàrem advertir el Ministeri d’Interior sobre els riscos de contagi que implicava mantenir persones retingudes als CIE. Finalment, els últims dies de març, dos joves migrants nouvinguts en pastera i tancats al Centre de Barranco Seco, a les Illes Canàries, es van contagiar de coronavirus per un infermer que treballava allà i a un centre de salut de la zona. Durant aquest temps, no s’han dut a terme reformes de cap naturalesa que hagin suposat un canvi en les condicions d’internament perquè ara s’entengui que sí es garanteixen els drets més bàsics.

Els CIE són espais de gestió policial opaca, plena d’irregularitats i que deixa desemparades les persones que són tancades darrere dels seus murs. Ara s’anuncia una estratègia clara, que persegueix internar persones nouvingudes en pasteres de nacionalitat algeriana i marroquina o que arriben de Mauritània. Un cop més, es reflecteix l’ús dels CIE com una eina de la gestió migratòria, que utilitza l’internament per a la deportació allà on la correcta identificació de persones amb necessitats especials de protecció és crucial.

Per tot això,

  • Apel·lem a la responsabilitat de les autoritats competents perquè prenguin mesures adequades per garantir tots els drets de les persones migrants a Espanya amb independència de la seva situació administrativa.
  • Exigim la clausura de tots els CIE i la fi de l’internament per ser una mesura desproporcionada i injusta, d’escassa garantia constitucional, amb un caràcter hostil i repressiu indubtable i que és una taca en un Estat de dret.
  • Igualment, fem una crida perquè s’acabi amb les deportacions racistes i discriminatòries, amb la tancada durant 72 hores als Centres d’Atenció Temporal d’Estrangers (CATE), que actuen com extensions de comissaries, que són espais que ni tan sols compten amb desenvolupament normatiu propi, i ens sumem a les reivindicacions recollides en la campanya #RegularizacionYa

Juntament amb altres entitats que també treballen per a la protecció dels drets humans demanem el desmantellament de les polítiques inhumanes d’internament, devolució i expulsió. Apostem per una reforma migratòria integral, que inclogui el tancament dels CIE i la fi de les deportacions per evitar tant sofriment inútil, al mateix temps que exigim polítiques que promoguin l’acollida digna.

 

Signen aquest comunicat:

Abriendo Fronteras Guadalajara

Acción en Red Madrid

Afromurcia en Movimiento

ALBOAN

Alianza por la Solidaridad-Action Aid

Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca La Tavaya

Asociación Apoyo

Asociación Claver SJM

Asociación de Guinea y amigos. Valencia

Asociación El Atochar

Asociación Empleadas de Hogar de Murcia

Asociación Ivorien Murcia

Asociación Karibu

Asociación Mujeres de la Otra Orilla

Asociación Mujeres Kasofor

Asociación Musulmana por los Derechos Humanos

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Asociación SEDOAC –Madrid

Asociación SERCADE

Asociación Sociocultural Nosotras por los cuidados y el empleo de hogar

Asociación Territorio Doméstico

Asociación Valiente Bangla

Asociación Venezolanos Amigos del Mundo (AVAM)

Asoc. Nourdine – Asociación Cultural La Paz

Atalaya

Barbecho

Campaña CIEs NO – València

Campaña Estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las deportaciones

Candombe

Caravana Obrim Fronteres

Caravana Obrim Fronteres Menorca

Casa Camerún Comunidad Valenciana – ONGD

CEAR PV

CEDSALA

CESÁfrica – Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África

CGT Murcia

Centro Padre Lasa

Centro Socioeducativo Lestonnac

CIES no Granada

CIEs NO Motril

CIM Burkina

CNAAE Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España

Colectiva Mujeres con voz Valencia

Colectiva ADX Eslida

Colectivo Indignado de Valladolid

Colectivo Pronoia Murcia

Colectivo Sirirí

Colectivo Sur Cacarica

Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado CCAR

Comité de Solidaridad con Perú Pachamama de Alicante

Comunidades cristinas populares de Alicante

Consejo Asesor  de CONFER Migraciones

Convivir sin Racismo Murcia

Coordinadora de Barrios, Madrid

Coordinadora de Barrios de Murcia

Coordinadora Obrim Fronteres

CP San Carlos Borromeo

CRIDA contra el racisme i el feixisme

Diapó con África

Emergencia Frontera Sur Barcelona

Emergencias Frontera Sur Motril

Ens Movem Sant Joan

Entreiguales

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte

FAAM. Federación Asociaciones Africanas de Murcia

FEDERACIÓN DE COMITES UMOYA

Federación SOS Racismo

Feministas Antirracistas

Fraternitat Secular Carles de Foucauld

Fundació Migra Studium

Fundació privada La Vinya, d’acció social

Fundación AMOVERSE

Fundación Ángel Tomás (FISAT)

HOAC de Murcia

HOAC València

Intersindical Valenciana

Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos

Irungo Harrera Sarea. Red de Acogida de Irun

Kifkif, Migraciones y Refugio LGTBI+

La nova usurpada

Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els inmigrants

Motril acoge

Movimiento Estatal #RegularizaciónYa

Mundo en Movimiento

Movimiento Wiphala España

Mundubat

Murcia Acoge

No Name Kitchen

Obrim Fronteres Valencia

Observatorio Derechos Humanos Samba

Observatorio de Racismo Institucional (RAIN)

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia

Organización de Residentes Bolivianos en Totana ( Murcia)

PAREM. Asociación para las Personas Refugiadas y Migrantes residentes en la Región de Murcia

Perifèries

Plataforma Bienvenid@s Refugiad@s La Rioja

Plataforma CIEs No Madrid

Plataforma contra la pobreza y la exclusión social de Alicante

Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants (Barcelona)

Plataforma de la Inmigración de Molina de Segura

Plataforma de solidaridad con los pueblos del Mediterráneo

Plataforma Personas Refugiadas de Cáceres

Plataforma Refugiados Mérida

Plataforma somos migrantes

Plaza de los Pueblos

Prodein Melilla

Proyecto iusmigrante

Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras

Pueblos Unidos- Fundación San Juan del Castillo

Red de Cuidados Antirracistas

Red de Hondureñas Migradas

Red incola

Red Interlavapiés

Red Senda de Cuidados

Red Solidaria de Acogida

Servicio Jesuita al Migrante –España

Servicio Jesuita a Migrantes Valencia – SJM Valencia

Sindicato de Manteros de Madrid

Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona

SOEPIC

Solidary Wheels

Solidaridad internacional Andalucía

SOS Racisme Catalunya

SOS Racismo Madrid

Stop Mare Mortum

Tanquem els CIE

Tras la manta

Unitat contra el Feixisme i el Racisme- UCFR

València Acull

València és Refugi

Estrecho, Llanto – Rebeca Pascó Soto || #CIErraloConArte #CIEsNO

ESTRECHO

Desde lo alto se dibuja la distancia calma.
Agua plata que al soplar el viento se arruga caprichosa.
Rizos, que son olas, nos escriben historias olvidadas en arrebatos de soberbia.

Vislumbro con mirada ciega el mar.
Personas sin socorro.
Una vida que se escurre en las profundidades,
Una vida que se calla,
Una vida que baja la cabeza como si modestamente hubiera vivido.

Hay un gran barco ansioso por llegar a la tierra prometida.
Un hotel que sigue retumbando secretos.
Y si las paredes hablaran…
Y las paredes hablan y cuentan historias de jugarse el tipo.

El tiempo todo lo cura,
Todo lo cura el tiempo.
Todo menos el desembarco de mujeres harapientas con un niño en el pecho.
Ojalá,
Ojalá la vida sea liviana y las miradas de amor y las manos al trabajo.

Miro al horizonte y a las vidas que han cruzado este mar salado.

Miro al horizonte y veo una esperanza mal comida,
Una angustia que susurra,
Un fantasma del pasado.

Rebeca  Pascó Soto 18/09/19

 

LLANTO

A lo lejos se escuchan las bombas tronando fuego.
Mudo ha quedado el zumbido rítmico de las estrellas,
Esa melodía que solo en algunas tierras se percibe entre el silencio de sorbos de té.
Un regalo de Dios a cambio de tanto dolor,
Si es que Dios se acuerda de nosotros en esta guerra.

Los hombre están muertos.
Son muertos que respiran,
Con ojeras y mirada espantada.
Mirada de hierro,
Mirada eterna.
Morirán, está vez en paz, con sus casas derrumbadas,
Sin el alivio de sentirse libres.

Las mujeres, de piedra, siguen llorando.
Y es que llanto, aquí y ahora, es la fortaleza de un castillo medio en ruinas.
Las lágrimas rodando, mejilla abajo, nos recuerda que somos,
Que somos pena,
Que somos translúcidos como los suspiros,
Pero que somos.

Niños acunados por unos brazos fatigados,
Por unas nanas crueles que cantan lo que no conocen,
La dulzura de un buen lecho,
Los días de sol radiante entre hierba fresca,
La celebración de un cumpleaños sin sentir la culpa de seguir cumpliendo.

Y así,
El fango se enreda en pies descalzos.
Nadie se preocupa de remendar zapatos.
Nadie camina mirando al horizonte.
No importan los bolsillos rotos,
No hay nada que quepa en ellos.
El oro es un deseo ridículo, arrugado.

La muerte se sienta en las alfombras gastadas y húmedas.
La muerte es una música perpetua y casi dulce.
En esta tierra de nadie,
En estas casas sin techo,
En estos hombres sin destino.

Solo una verdad continúa escribiéndose en la palma de sus manos.
Estas almas llorosas se siguen amando,
Temblando,
Con la boca seca,
Con la esperanza hecha trizas,
Con las ventanas cerradas,
Se siguen amando.

Rebeca Pascó Soto, 11/06/19