Un interno denuncia ante el juzgado que 4 policías le dieron una paliza al reclamar asistencia por un dolor de muelas

València, 28 de julio de 2022 – Cuatro agentes de la Policía Nacional del CIE de Zapadores dieron una paliza a un interno que solicitó asistencia sanitaria “porque sentía un fuerte dolor en mi muela inferior derecha”, según consta en la denuncia que la víctima presentó en el juzgado de guardia de València el pasado lunes. El chico también les acusa de haberle aislado en una habitación sin ni siquiera darle agua mientras le miraban “y se reían”, lo que le provocó un estado de ansiedad y frustración que le llevó a autolesionarse.

En la noche del miércoles o jueves de la pasada semana -el joven no recuerda la fecha con precisión-, Y. B. pulsó el timbre de la celda para avisar a la policía mientras gritaba de dolor y reclamaba atención sanitaria para su muela. Pasados unos minutos, asegura que 4 policías entraron con “actitud violenta” y uno de ellos le dio un empujón que lo tiró al suelo. En ese momento, los agentes “comenzaron a golpearme dándome patadas en el cuerpo”; Y. B. trató de protegerse, pero afirma que un agente le dio una fuerte patada en la cabeza que le alcanzó el ojo. El informe médico de la exploración que le realizaron un día después constató “múltiples excoriaciones superficiales longitudinales en tórax y miembro superior izquierdo” y “hematoma peritobitario izquierdo”.

Tras la agresión, presenciada por los compañeros de celda, los policías “me agarraron fuertemente y, con las manos inmovilizadas detrás de la espalda” le sacaron de la celda. No le llevaron al médico del CIE sino que a “empujones” lo bajaron al piso inferior y le encerraron durante una hora en una habitación. Y. B. explica al juez que durante ese tiempo sufrió fuertes dolores por los golpes que había recibido, que se negaron a darle agua y vio, a través de la ventana del cuarto, “como los policías se reían mientras me miraban”. Confiesa que esa situación le provocó un fuerte estrés, ansiedad y frustración, por lo que alcanzó tal grado de desesperación que “me produje una serie de cortes en el cuerpo con un metal que pude extraer de la persiana (…) llegando a tener ganas de suicidarme por haber vivido una situación tan difícil sin que nadie prestara atención a mis quejas y dolores”. Al día siguiente lo llevaron a un centro médico y le recetaron distintos medicamentos que debía tomar cada 8 horas, pero hasta el día 25 no le dieron ninguno, afirma en la denuncia.

La víctima solicita al juez que se aporten las grabaciones de las cámaras del CIE, la identificación de los agentes de servicio que pudieron haber participado en los hechos, la toma de testimonio a los testigos y que le explore el médico forense. Además, argumenta que al estar privado de libertad bajo la custodia del Estado, éste es responsable indirecto de la agresión y no puede autorizar su expulsión porque se estaría protegiendo a sí mismo. Por tanto, reclama que se suspenda su expulsión, “debiendo prevalecer mi condición de víctima hasta tanto se esclarezcan los hechos”.

La Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones también exige que se paralice su expulsión mientras se investiga lo ocurrido, se determinan las responsabilidades directas e indirectas y se castiga a los culpables. Exigimos que no vuelva a suceder lo mismo que en anteriores casos de presuntas agresiones policiales en el CIE: quedan en la impunidad porque se actúa con diligencia para expulsar a la víctima, pero no se tiene la misma premura en investigar la denuncia y acaba siendo archivada por ausencia del interesado.

Sin protocolo de prevención de suicidios

Las circunstancias de este nuevo caso de denuncia de agresión guardan estrecha relación con las deficiencias de funcionamiento detectadas en el reciente informe sobre Zapadores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo (https://mapamnp.defensordelpueblo.es/%2faccesibilidad%2f2772022172058resumen.PDF). El documento recoge las conclusiones de la última visita a este CIE realizada por personal técnico del MNP el 18 de noviembre de 2021.

Más de dos años después del suicidio en Zapadores de Marouane Abouobaida, “no existe un Protocolo de Prevención del Suicidio propiamente dicho, ni una valoración específica del estado de salud mental o afectación emocional por el internamiento en el CIE, así como tampoco se valora el riesgo suicida, ni siquiera la historia clínica tiene un apartado para la exploración psicopatológica”, se afirma en el informe. Y. B. reconoció que mientras permaneció aislado en una habitación tuvo pensamientos suicidas y se llegó a autolesionar, pero en ningún momento actuó la policía para evitar males mayores. La policía de Zapadores también aisló a Marouane y sólo intervino cuando ya se había quitado la vida.

La carencia de asistencia psicológica o psiquiátrica en Zapadores es especialmente grave ante la “presión mental” que sufren los internos por la falta de actividades en el centro y que “desencadena emociones de rabia, frustración, apatía, etcétera”, según pone en evidencia el Defensor. Por eso, en el informe del MNP se pide que se cree una consulta de asistencia psicológica y psiquiátrica. Respuesta del CIE de Zapadores a esta recomendación: sin respuesta.

Además, cuando se producen casos como el de Y. B. no existe un procedimiento sobre cómo actuar ya que en Zapadores “se carece de libro de quejas de malos tratos y de protocolo de tramitación de quejas y denuncias por malos tratos”, se denuncia en el informe. Y. B. ni siquiera pudo dar el número de placa de los policías a los que ha denunciado porque muchos de ellos no la llevan visible, tal como constata el MNP. Y si la policía le hubiera permitido acudir al servicio médico del CIE tampoco se sabe qué destino hubiera tenido el parte de lesiones pues el personal médico lo hubiera remitido al director del CIE para que decida el trámite a seguir. El MNP le vuelve a exigir al servicio médico que remita los partes de lesiones directamente al juzgado de guardia y al juzgado de control del CIE ya que así lo establece la ley de enjuiciamiento criminal.

Zapadores, al igual que todos los CIE, sigue siendo un lugar sin derecho a tener derechos


<Valencià>

NOTA DE PREMSA


Un intern denuncia davant el jutjat que 4 policies li van donar una pallissa en reclamar assistència per un mal de queixal


València, 28 de juliol de 2022 – 
Quatre agents de la Policia Nacional del CIE de Sapadors van donar una pallissa a un intern que va sol·licitar assistència sanitària “perquè sentia un fort dolor en el meu queixal inferior dret”, segons consta en la denúncia que la víctima va presentar en el jutjat de guàrdia de València dilluns passat. El xic també els acusa d’haver-li aïllat en una habitació sense ni tan sols donar-li aigua mentre li miraven “i reien”, la qual cosa li va provocar un estat d’ansietat i frustració que li va portar a autolesionar-se.

En la nit del dimecres o dijous de la setmana passada -el jove no recorda la data amb precisió-, I. B. va prémer el timbre de la cel·la per a avisar a la policia mentre cridava de dolor i reclamava atenció sanitària per al seu queixal. Passats uns minuts, assegura que 4 policies van entrar amb “actitud violenta” i un d’ells li va donar una espenta que el va tirar al sòl. En aquell moment, els agents “van començar a colpejar-me donant-me puntades en el cos”; I. B. va tractar de protegir-se, però afirma que un agent li va donar una forta puntada al cap que li va donar a l’ull. L’informe mèdic de l’exploració que li van realitzar un dia després va constatar “múltiples excoriacions superficials longitudinals en tòraxs i membre superior esquerre” i “hematoma peritobitario esquerre”.

Després de l’agressió, presenciada pels companys de cel·la, els policies “em van agarrar fortament i, amb les mans immobilitzades darrere de l’esquena” li van traure de la cel·la. No el van portar al metge del CIE sinó que a “espentes” el van baixar al pis inferior i el van tancar durant una hora en una habitació. I. B. explica al jutge que durant aquell temps va patir forts dolors pels colps que havia rebut, que es van negar a donar-li aigua i va veure, a través de la finestra del l’habitació, “com els policies reien mentre em miraven”. Confessa que aquella situació li va provocar un fort estrés, ansietat i frustració, per la qual cosa va arribar a tal grau de desesperació que “em vaig produir una sèrie de talls en el cos amb un metall que vaig poder extraure de la persiana (…) arribant a tindre ganes de suïcidar-me per haver viscut una situació tan difícil sense que ningú parara atenció a les meues queixes i dolors”. L’endemà el van portar a un centre mèdic i li van receptar diferents medicaments que havia de prendre cada 8 hores, però fins al dia 25 no li van donar cap, afirma en la denúncia.

La víctima sol·licita al jutge que s’aporten els enregistraments de les càmeres del CIE, la identificació dels agents de servei que podien haver participat en els fets, la presa de testimoniatge als testimonis i que li explore el metge forense. A més, argumenta que en estar privat de llibertat sota la custòdia de l’Estat, aquest és responsable indirecte de l’agressió i no pot autoritzar la seua expulsió perquè s’estaria protegint a si mateix. Per tant, reclama que se suspenga la seua expulsió, “havent de prevaldre la meua condició de víctima fins que s’esclarisquen els fets”.

La Campanya pel Tancament dels CIE i la fi de les deportacions també exigeix que es paralitze la seua expulsió mentre s’investiga l’ocorregut, es determinen les responsabilitats directes i indirectes i es castiga els culpables. Exigim que no torne a succeir el mateix que en anteriors casos de presumptes agressions policials en el CIE: queden en la impunitat perquè s’actua amb diligència per a expulsar a la víctima, però no es té la mateixa urgència a investigar la denúncia i acaba sent arxivada per absència de l’interessat.

Sense protocol de prevenció de suïcidis

Les circumstàncies d’aquest nou cas de denúncia d’agressió guarden estreta relació amb les deficiències de funcionament detectades en el recent informe sobre Sapadors del Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura (MNP) del Defensor del Poble (https://mapamnp.defensordelpueblo.es/%2faccesibilidad%2f2772022172058resumen.PDF). El document recull les conclusions de l’última visita a aquest CIE realitzada per personal tècnic del MNP el 18 de novembre de 2021.

Més de dos anys després del suïcidi en Sapadors de Marouane Abouobaida, “no existeix un Protocol de Prevenció del Suïcidi pròpiament dit, ni una valoració específica de l’estat de salut mental o afectació emocional per l’internament en el CIE, així com tampoc es valora el risc suïcida, ni tan sols la història clínica té un apartat per a l’exploració psicopatològica”, s’afirma en l’informe. I. B. va reconéixer que mentre va romandre aïllat en una habitació va tindre pensaments suïcides i es va arribar a autolesionar, però en cap moment va actuar la policia per a evitar mals majors. La policia de Sapadors també va aïllar a Marouane i només va intervindre quan ja s’havia llevat la vida.

La manca d’assistència psicològica o psiquiàtrica en Sapadors és especialment greu davant la “pressió mental” que pateixen els interns per la falta d’activitats en el centre i que “desencadena emocions de ràbia, frustració, apatia, etcètera”, segons posa en evidència el Defensor. Per això, en l’informe del MNP es demana que es cree una consulta d’assistència psicològica i psiquiàtrica. Resposta del CIE de Sapadors a aquesta recomanació: sense resposta.

A més, quan es produeixen casos com el d’I. B. no existeix un procediment sobre com actuar ja que en Sapadors “es manca de llibre de queixes de maltractaments i de protocol de tramitació de queixes i denúncies per maltractaments”, es denuncia en l’informe. I. B. ni tan sols va poder donar el número de placa dels policies als quals ha denunciat perquè molts d’ells no la porten visible, tal com constata el MNP. I si la policia li haguera permés acudir al servei mèdic del CIE tampoc se sap quin destí haguera tingut el comunicat de lesions perquè el personal mèdic l’haguera remés al director del CIE perquè decidisca el tràmit a seguir. El MNP li torna a exigir al servei mèdic que remeta els comunicats de lesions directament al jutjat de guàrdia i al jutjat de control del CIE ja que així ho estableix la llei d’enjudiciament criminal.

Sapadors, igual que tots els CIE, continua sent un lloc sense dret a tindre drets.

Paliza de policías a I.B. en el CIE de Zapadores (València)
Paliza de policías a I.B. en el CIE de Zapadores (València)
Paliza de policías a I.B. en el CIE de Zapadores (València)

La policía espía visitas a los internos en el CIE y expulsa a dos acompañantes de la Campaña #CIEsNO

València, 20 de julio de 2022 – La Policía Nacional está vulnerando el derecho a recibir visitas de los internos del CIE, respetando su privacidad, al espiar estas reuniones y expulsar a algunas personas que acuden a visitarles. Recientemente, un agente interrumpió de forma brusca una entrevista y ordenó salir de la sala a las dos personas de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento y el fin de las deportaciones. Los servicios jurídicos de la Campaña han denunciado estos hechos al juzgado de instrucción n.º 3 de València, en funciones de control jurisdiccional del CIE de Zapadores.

En la tarde del pasado 22 de junio, una pareja de acompañantes de la Campaña accedieron a Zapadores y, del modo habitual, pidieron visitar a internos. La policía aprobó los tres encuentros solicitados. Durante la segunda entrevista, el chico explicó su proceso migratorio y comenzó a contar, de forma emocionada, cómo había sido deportado su compañero a Marruecos esa misma madrugada. En ese momento, un agente, que había estado de forma permanente en la puerta de acceso, les indicó que su “superior” había dado la “instrucción” de que “se habían finalizado las visitas”.

Como se impedía concluir esta visita y realizar el tercer encuentro autorizado, las personas acompañantes se dirigieron a la salida del CIE, pero en la sala de acceso les estaban esperando la mayoría de los agentes de ese turno, incluido el jefe. Ese mando, delante de sus subordinados, comenzó a verter todo tipo de acusaciones contra las personas que entran el CIE a realizar acompañamientos. Empezó acusando a quienes acompañan de “calentar la cabeza a los internos” y afirmó que el agente que vigilaba la visita interrumpida había oído que las personas acompañantes le habían dicho al interno que “la policía es racista” Además, de forma tensa, lanzó expresiones como “si les digo lo que pienso de las ONG, que únicamente quieren lograr el mayor número de internos”, “a ver si se piensan que los internos los quieren más a ustedes que a nosotros”, “desde aquí se les ayuda a los internos a todo lo que solicitan”. Uno de los policías presentes aseguró que un interno le había escupido en la cara hacía dos semanas, responsabilizando de las posibles agresiones de internos a quienes realizan acompañamientos. Las dos personas de la Campaña rechazaron las acusaciones, especialmente la versión de que durante la visita habían acusado a la policía de ser racista. A la vista de que no se podía aclarar la situación y reanudar las visitas, se marcharon del CIE.

Este incidente se suma a las constantes vulneraciones de sus derechos que sufren las personas privadas de libertad en los CIE sin haber cometido ningún delito. Únicamente son culpables de una infracción administrativa cometida en contra de su voluntad: no disponer de permiso de residencia. Los policías, justificándolo por “motivos de seguridad”, no permiten el cierre de la puerta de la sala de visitas, a pesar de que las personas acompañantes se lo han pedido reiteradamente asumiendo el supuesto riesgo. Sin embargo, la justificación se convierte en excusa al negarse a alejarse de la puerta ejerciendo el control visual de la sala para garantizar la seguridad sin necesidad de escuchar las conversaciones. Ni cierran ni se alejan de la puerta -esta misma semana un policía colocó su silla debajo del quicio- y, además, mantienen una actitud de escucha activa y, en muchas ocasiones, intimidante, mirando directamente a las personas reunidas.

Esta forma de proceder de la policía infringe la ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (ley de Extranjería), y el real decreto 162/2014 que aprobó el reglamento de los CIE.

Ambas normativas obligan a reconocer los derechos de las personas internadas a que “sea preservada su dignidad y su intimidad”, a “entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales” y a comunicarse con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, “derecho que sólo podrá restringirse en virtud de resolución judicial”.

Estos derechos ya fueron reconocidos -a instancias de la Campaña- en 2011 por el juzgado de control del CIE de Zapadores. En el auto de aquellas fechas, el juez destacó que las ONG que asisten a los internos “superan el mero concepto de visitas de apoyo” y son “quienes mejor pueden asistir, auxiliar, defender y articular la protección de los inmigrantes internados”; por tanto, solicitaba a la dirección del CIE que estableciera para las ONG un sistema de visitas y comunicación similar al de los abogados personales de los internos”, a quienes supuestamente se les garantiza la total reserva de la entrevista. Actualmente, en el CIE de Zapadores ni abogados/as ni acompañantes ni familiares pueden tener garantías de que sus conversaciones con los internos son privadas.

NOTA DE PREMSA

La policia espia visites als interns en el CIE i expulsa a dos acompanyants de la Campanya

València, 20 de juliol de 2022 – La Policia Nacional està vulnerant el dret a rebre visites dels interns del CIE, respectant la seua privacitat, en espiar aquestes reunions i expulsar a algunes persones que acudeixen a visitar-los. Recentment, un agent va interrompre de manera brusca una entrevista i va ordenar eixir de la sala a les dues persones de la Campanya pel Tancament dels Centres d’Internament i la fi de les deportacions. Els serveis jurídics de la Campanya han denunciat aquests fets al jutjat d’instrucció núm. 3 de València, en funcions de control jurisdiccional del CIE de Sapadors.

En la vesprada del passat 22 de juny, una parella d’acompanyants de la Campanya van accedir a Sapadors i, de la manera habitual, van demanar visitar a interns. La policia va aprovar les tres reunions sol·licitades. Durant la segona entrevista, el xic va explicar el seu procés migratori i va començar a comptar, de forma emocionada, com havia sigut deportat el seu company al Marroc aquella mateixa matinada. En eixe moment, un agent, que havia estat de manera permanent a la porta d’accés, els va indicar que el seu “superior” havia donat la “instrucció” que “s’havien finalitzat les visites”.

Com s’impedia concloure aquesta visita i realitzar la tercera trobada autoritzada, les persones acompanyants es van dirigir a l’eixida del CIE, però a la sala d’accés els estaven esperant la majoria dels agents d’aquell torn, inclòs el cap. Aquell comandament, davant dels seus subordinats, va començar a abocar tot tipus d’acusacions contra les persones que entren el CIE a realitzar acompanyaments. Va començar acusant als qui acompanyen de “calfar el cap als interns” i va afirmar que l’agent que vigilava la visita interrompuda havia sentit que les persones acompanyants li havien dit a l’intern que “la policia és racista” A més, de manera tibant, va llançar expressions com “si els dic el que pense de les ONG, que únicament volen aconseguir el major nombre d’interns”, “a veure si es pensen que els interns els volen més a vostés que a nosaltres”, “des d’ací se’ls ajuda als interns a tot el que sol·liciten”. Un dels policies presents va assegurar que un intern li havia escopit en la cara feia dues setmanes, responsabilitzant de les possibles agressions d’interns als qui realitzen acompanyaments. Les dues persones de la Campanya van rebutjar les acusacions, especialment la versió que durant la visita havien acusat la policia de ser racista. A la vista que no es podia aclarir la situació i reprendre les visites, van marxar del CIE.

Aquest incident se suma a les constants vulneracions dels seus drets que pateixen les persones privades de llibertat en els CIE sense haver comés cap delicte. Únicament són culpables d’una infracció administrativa comesa en contra de la seua voluntat: no disposar de permís de residència. Els policies, justificant-ho per “motius de seguretat”, no permeten el tancament de la porta de la sala de visites, a pesar que les persones acompanyants li ho han demanat reiteradament assumint el suposat risc. No obstant això, la justificació es converteix en excusa en negar-se a allunyar-se de la porta exercint el control visual de la sala per a garantir la seguretat sense necessitat d’escoltar les converses. Ni tanquen ni s’allunyen de la porta -aquesta mateixa setmana un policia va col·locar la seua cadira davall de la polleguera- i, a més, mantenen una actitud d’escolta activa i, en moltes ocasions, intimidant, mirant directament a les persones reunides.

Aquesta forma de conducta de la policia infringeix la llei 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya (llei d’Estrangeria), i el reial decret 162/2014 que va aprovar el reglament dels CIE. Totes dues normatives obliguen a reconéixer els drets de les persones internades al fet que “siga preservada la seua dignitat i la seua intimitat”, a “entrar en contacte amb organitzacions no governamentals” i a comunicar-se amb els seus familiars, funcionaris consulars del seu país o altres persones, “dret que només podrà restringir-se en virtut de resolució judicial”.

Aquests drets ja van ser reconeguts -a instàncies de la Campanya- en 2011 pel jutjat de control del CIE de Sapadors. En l’auto d’aquelles dates, el jutge va destacar que les ONG que assisteixen als interns “superen el mer concepte de visites de suport” i són “els qui millor poden assistir, auxiliar, defensar i articular la protecció dels immigrants internats”; per tant, sol·licitava a la direcció del CIE que establira per a les ONG un sistema de visites i comunicació similar al dels advocats personals dels interns”, als qui suposadament se’ls garanteix la total reserva de l’entrevista. Actualment, en el CIE de Sapadors ni advocats/as ni acompanyants ni familiars poden tindre garanties que les seues converses amb els interns són privades.

DISIDENCIA DEPORTADA #DisidenciaDeportada

15 de Junio: Día por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las deportaciones

Comunicado de la Campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones

Desde la Campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones denunciamos que recientemente el Gobierno español ha deportado a dos personas poniendo en grave riesgo su vida e incumpliendo intencionadamente varios preceptos legales al hacerlo. 

Lamentablemente esta afirmación es tan actual como atemporal. Hoy se materializa en las personas de Mohamed Benhalima y Mohamed Abdellah, dos activistas argelinos que buscaban asilo en España tras huir de su país, que les perseguía por haber denunciado públicamente varios casos de corrupción y de vulneraciones de derechos.

Ambos se han convertido en monedas de cambio de España para suavizar las relaciones con Argelia -el país que nos vende gas y que está entre los 9 que más condenas a muerte impone del mundo- o tras el conflicto desencadenado a consecuencia del cambio de postura español hacia el Sáhara Occidental debido a las presiones de Marruecos -el país que,  a cambio de dinero, bloquea el paso de la gente que quiere llegar a Europa, y que lleva casi cincuenta años abusando del pueblo saharaui y ocupando sus territorios-. 

Antes de proceder a la expulsión, los dos fueron encerrados en un centro de internamiento de extranjeros para que no huyeran, es decir, para que no pudieran escapar de la traición de un Estado que se dice de Derecho, pero que en la práctica es un Estado contra Derecho, pues incumple sistemáticamente su propia normativa para perseguir a quien debe proteger. Con la ley en la mano, Benhalima y Abdellah no deberían haber sido detenidos, ni internados, ni deportados, sino acogidos y amparados. Pero, desde su creación, los CIE han sido utilizados para llevar a cabo estos juegos sucios en los que las instituciones activan todos los instrumentos del dispositivo deportador con modos propios de una organización criminal, con el fin de consolidar las relaciones de poder establecidas a todos los niveles. 

En la mayoría de los casos, el bloqueo de la acción política se materializa también en la amenaza que supone la puesta en marcha de este dispositivo para las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, que ven su derecho universal a la libertad de expresión atacado precisamente por quienes son responsables de garantizarlo. 

Cualquier desafío al sistema, incluso si es para su mejora, convierte a la persona en disidente. El mero hecho de atravesar una frontera -una línea imaginaria- con el cuerpo, constituye un acto de rebelión en sí, y es por ello que el sistema tiene un objetivo claro para su perpetuación: deshacerse de la disidencia.

Así, cada año el Estado español utiliza el internamiento en CIE y la deportación para impedir la acción política de decenas de personas.

Lo hace cuando las personas ya eran políticamente activas antes de llegar a nuestro territorio y pueden servir a los planes o intereses del gobierno de turno, como es el caso de Benhalima y Abdellah para tratar de contentar a Argelia, de varios compañeros rifeños para intentar complacer a Marruecos, o de personas que luchaban en sus países por una vida digna, ya sea por motivos de género o para alcanzar mejores condiciones materiales para desarrollarse en libertad, deportadas para agradar a (los poderes fácticos que controlan) la comunidad internacional.

Lo hace cuando las personas se convierten en sujetos políticos activos a raíz de situaciones que han vivido durante su estancia en el territorio español, como puede ser la defensa del derecho a la vivienda – cuando actúa contra activistas de la PAH y otras organizaciones de barrio organizadas contra los desahucios- o por la autodeterminación de los pueblos -contra personas que apoyaban el proceso independentista en Cataluña-. 

Incluso, una vez que las personas han sido internadas en un CIE, lo hace cuando deporta recurrentemente con una celeridad inusual a quienes han liderado protestas pacíficas dentro de estos centros, lo que en muchas ocasiones también imposibilita la investigación de las agresiones perpetradas por agentes de policía con carácter previo a la expulsión. 

En definitiva, el Estado español impide a la población migrante la acción política  y la defensa de sus derechos siempre que puede: instrumentaliza a las personas, ataca sus derechos, dispone impune e irresponsablemente de sus vidas y reviste su actuación de un halo de falsa legitimidad. Practica a diario lo que los propios Estados europeos han denominado “guerra híbrida” y, en su propósito de desposeer de agencia política a estas personas disidentes, envuelve en un marco de aparente legalidad todo un entramado dirigido a la represión de conductas que cuestionan cómo el abuso de poder está marcando el funcionamiento de nuestra sociedad.

Los CIE son cárceles racistas en las que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, son el brazo ejecutor de políticas antipersona, son centros de cosificación a merced de los designios de irresponsables políticos. Por eso, y por las miles de razones expuestas año tras año en nuestras campañas, desde todos los confines del territorio español, como cada 15J, Día contra los CIE, seguimos reivindicando el cierre inmediato y definitivo de los CIE y el fin de las deportaciones.

#DisidenciaDeportada

#CIEsNO

#StopDeportación

CIEsNO exige el retorno urgente del argelino que fue deportado desobedeciendo a la Audiencia y el cese inmediato del director del CIE

València, 24 de mayo de 2022 – La tarde del 24 de marzo de este año, Abderrahim L, un ciudadano argelino solicitante de asilo en España, fue expulsado desde el CIE de Zapadores (València) pese a que la Audiencia Nacional había paralizado su devolución mediante un auto que había sido comunicado a la dirección del CIE y que fue desobedecido por el personal del centro, encargado de la custodia y de velar por los derechos de las personas internas en el mismo.

Abderrahim fue encerrado en el CIE de Zapadores después de ser detenido en Almería a su llegada a España. Solicitó protección internacional por ser víctima de torturas en su país de origen y aunque contaba con un informe favorable de ACNUR, tanto su solicitud de asilo formulada en el CIE como el reexamen de esta le fueron denegados. Su letrada recurrió y la Audiencia Nacional decidió suspender la ejecución de la devolución hasta resolver sobre el fondo del asunto. Así lo dicto en un auto que fue enviado al CIE y que fue desobedecido por los funcionarios del centro, que en la tarde del 24 de marzo deportaron forzosamente a Abderrahim en el mismo avión en el que se produjo la expulsión del activista Mohamed Benhalima, actualmente encerrado en la prisión militar de Blida en Argelia y condenado a muerte por deserción del Ejército y conspiración.

El director del CIE comunicó a la Audiencia Nacional que desobedeció la resolución por “un error de interpretación” a lo que los magistrados respondieron que los términos del auto son “tan unívocos que no precisan sino una somera lectura del oficio […] para ejecutarlo correctamente”. Los magistrados han admitido a trámite su solicitud de asilo y han ordenado a las autoridades españolas que garanticen su vuelta a España. Sin embargo, Abderrahim continúa en Argelia, con grave peligro para su vida, sin que hasta el momento se le haya tramitado el visado para volver a España.

CIEsNO considera extremadamente grave que la dirección del CIE desobedezca una resolución judicial que le había sido comunicada. Por ello, la Campaña exige al Ministerio de Asuntos Exteriores que de manera urgente tramite el visado a este ciudadano argelino; y hace responsable a la misión diplomática de España en Argelia de la seguridad de este ciudadano hasta su entrada en el territorio nacional. Asimismo, exige al Ministerio de Interior que además de permitirle la entrada en España, tal como ha ordenado la Audiencia Nacional, se haga cargo del coste de su desplazamiento hasta el territorio, como reparación por el perjuicio causado. Finalmente, exigimos a la Dirección General de la Policía que de inmediato destituya al director del CIE de Zapadores, máximo responsable de haber incumplido un auto de la Audiencia Nacional y de las posibles consecuencias que tenga para la víctima la deportación.

Torturas en la cárcel

La tarde del 24 de marzo fue igualmente deportado el ex militar y activista Mohamed Benhalima que, junto a varias organizaciones de Derechos Humanos había advertido al Ministerio del Interior del riesgo que sufría si era devuelto a Argelia. En las últimas semanas hemos sabido que Benhalima ha sido condenado a muerte por un tribunal militar y que uno de sus abogados ha sido detenido. Actualmente Mohamed Benhalima se encuentra en una celda de aislamiento en la prisión militar de Blida, cerca de Argel, donde está siendo sometido a fuertes presiones para aparecer en televisión desmintiendo que haya sido condenado a muerte. La Campaña CIEsNO continúa exigiendo la comparecencia del ministro Marlaska para que explique las irregularidades cometidas.

CIEsNO exige al Ministerio del Interior que paralice de forma inmediata la deportación del activista argelino Mohamed Benhalima

· El activista contra la corrupción Mohamed Benhalima fue internado ayer en el CIE de Zapadores (València) después de que le fuera denegada su solicitud de asilo

· Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno que Benhalima no sea expulsado por el riesgo de sufrir malos tratos y torturas

· La Campaña lanza la etiqueta #MohamedBenhalimaSeQueda

València, 17 de marzo de 2022 – La Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO) exige al ministro del Interior del Gobierno, Fernando Grande-Marlaska, que se paralice de forma inmediata la deportación de Mohamed Benhalima, activista argelino que huyó a España en 2019 para solicitar asilo después de denunciar la corrupción del gobierno de su país. El Gobierno ha rechazado su solicitud de protección internacional y ha dictado su expulsión a Argelia a pesar de que corre riesgo de ser detenido y torturado, tal y como sucedió con otro activista argelino deportado en agosto del pasado año y han documentado diferentes organizaciones internacionales.

Mohamed Benhalima fue internado ayer por la tarde en el CIE de Zapadores para proceder a su expulsión después de que le fuera incoado un procedimiento sancionador por estancia irregular. El activista huyó a nuestro país en 2019 tras enterarse de que estaba siendo buscado por haber participado en el movimiento de protesta Hirak y haber denunciado la corrupción de los altos mandos militares; desde entonces ha solicitado asilo sin éxito en España y Francia. Pese a ello, organizaciones en defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional ha documentado el uso de tortura y otros malos tratos por parte de las autoridades argelinas en varios casos de activistas detenidos en los últimos años por participar en protestas pacíficas: “en la actualidad hay al menos 290 presos encarcelados por motivos políticos en Argelia, que están recluidos en prisión preventiva abusiva o condenados por su activismo pacífico.”

La Campaña CIEsNO denuncia que la expulsión de Mohamed Benhalima a Argelia podría suponer su detención e ingreso en una prisión de máxima seguridad, donde varias personas encarceladas por participar en las mismas protestas relatan haber sido maltratadas y torturadas. Su expulsión supondría una vulneración del Derecho Internacional y del principio de no devolución, que asegura que aquellas personas cuya vida pudiera correr riesgo en su país de origen no sea deportada. “Queda demostrado una vez más que las políticas migratorias se traducen en la persecución, encierro y deportación de personas migrantes, una violencia institucional que afecta incluso a aquellas que corren riesgo de sufrir tratos inhumanos si son expulsadas y que deberían estar siendo protegidas”, ha concluido el portavoz.

Por todo ello, la Campaña CIEs NO exige la inmediata puesta en libertad de Mohamed Benhalima, actualmente privado de libertad en el CIE de Zapadores, y que se paralice cualquier procedimiento que pudiera llevar a su expulsión del territorio nacional. Asimismo, la Campaña hace un llamamiento a las fuerzas políticas y a la ciudadanía para que se impliquen en este caso y se movilicen para exigir el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. En este sentido, CIEsNO ha lanzado la campaña #MohamedBenhalimaSeQueda con el objetivo de visibilizar la situación del activista y contribuir a frenar su expulsión.

Internos del CIE de Zapadores denuncian un brote de Covid en el interior de las instalaciones

· La Campaña CIEs NO critica el estado de salud en el que se encuentran los internos y la falta de medidas adoptadas por la Dirección del centro y el Juez de control, encargados de garantizar el bienestar de las personas internadas en el CIE

Valencia, 10 de enero de 2022 – En los últimos días, varios internos del CIE de Zapadores han comunicado a la Campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones la existencia de un brote de Covid-19 en las instalaciones del centro. Al menos siete internos han dado positivo en las pruebas PCR practicadas ante la denuncia continuada de los internos, que tras la evidencia de síntomas solicitaron a lo largo de la semana pasada al personal del centro la práctica de pruebas médicas para confirmar los contagios.

Tal como relata uno de los internos, el pasado día 3 de enero algunas de las personas internadas empezaron a mostrar síntomas de Covid tales como tos, fiebre y malestar general. Ante la denuncia de los internos  y la pasividad y la falta de operatividad del personal del CIE para tomar medidas ante el posible contagio, la Campaña CIEs NO puso en conocimiento del posible brote de Covid a la Conselleria de Sanidad y al Síndic de Greuges para que se tomaran las medidas adecuadas para proteger la salud de los internos y velar por el respeto de sus derechos. Fue el día 8 de enero cuando se comenzaron a realizar pruebas PCR a los internos, confirmando hoy la existencia de siete contagios entre los internos y varios contagios entre el personal policial que opera dentro de las instalaciones.

Aunque uno de los internos confirma a la Campaña CIEs NO la aplicación de medidas de contención del virus, éstas han llegado cuando el brote ya se había propagado. Además, el interno relata que las medidas son sumamente ineficaces puesto que, aunque se haya aislado a las personas confirmadas de contagio, no se les han practicado pruebas a todos los internos y siguen compartiendo espacios comunes con posibles contagiados como son el comedor, el patio y las celdas. Varios internos manifiestan a la Campaña tener “miedo de coger la enfermedad” y denuncian que están encerrados “como animales” y que los funcionarios no “prestan atención a la sanidad”. Según su testimonio, se encuentran hacinados en los pasillos de las instalaciones. La situación en el interior del CIE ha generado una gran tensión y ansiedad entre los internos tanto a nivel sanitario como por la incertidumbre de una inminente expulsión del territorio nacional. La Campaña considera que esta situación puede agravarse y generar problemas de convivencia tanto entre los internos como con la policía. Es fundamental recordar las deficiencias higiénicas, el hacinamiento, las zonas de recreo reducidas y la falta de distancia de seguridad en las celdas que han sido objeto de denuncia durante varios años por las distintas organizaciones sociales y los testimonios de los internos que las califican como condiciones de vida inhumanas.

Dada la situación actual en el interior del CIE de Zapadores y teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer medidas de prevención y protección de las personas internas y, por tanto, de garantizar la salud de las mismas, exigimos el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (València) y que se provea de asistencia sanitaria adecuada a todos aquellos internos que la soliciten.

La Audiencia no ve delito en la muerte de Marouane, pero señala que pudo haber “asistencia sanitaria incompleta” y “comportamiento reprobable” de la policía, e insta a valorar “todo lo que pudo haberse hecho y no se hizo”

• “No significa esta resolución que la atención recibida por el interno fuera intachable (…) tan solo significa que esa posible responsabilidad no es de carácter penal”


València, 29 de marzo – Lo que no se hizo bien y todo lo que se pudo hacer y no se hizo. Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 años, se suicidó en CIE de Zapadores el 15 de julio de 2019 en una celda de aislamiento después de sufrir una brutal paliza a manos de otros internos y de haber denunciado el mal estado en el que se encontraba sin que por ello se adoptaran medidas especiales para su protección. La Audiencia Provincial de València ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa penal al considerar que ni la policía ni el personal sanitario cometieron ningún delito. Sin embargo, en el auto judicial se señala que pudo haber “asistencia sanitaria incompleta”, además de “un comportamiento reprobable de algún funcionario policial”, y concluye instando a “valorar todo aquello que pudo haberse hecho y no se hizo ante una situación como la suya”. El tribunal ha desestimado la resolución definitiva del procedimiento para dejar “abierta la posibilidad de una reapertura si se aportan nuevos elementos de juicio que la justifiquen”.

La Audiencia afirma que su decisión “no significa” que la atención recibida por el interno “fuera intachable ni que pueda derivarse alguna clase de responsabilidad como consecuencia de esa atención o de su fallecimiento (…) Esta resolución tan solo significa que esa posible responsabilidad no es de carácter penal”. Por eso, remite a revisar el protocolo de actuación en situaciones similares que dictó el juzgado de instrucción nº 3, en función de control del CIE, el 25/7/19, para valorar la conducta del personal de Zapadores. Solo 10 días después del suicidio, tras recibir el atestado de la muerte y solicitar informes al CIE, el juez de control ordenó la aplicación de un protocolo de 16 medidas referidas a la prevención de intentos de suicidio y a las condiciones de aislamiento. El magistrado estableció que una “situación excepcional” como el aislamiento no se puede aplicar durante más de una hora -prorrogable a una hora más previo informe del servicio médico-, se debe controlar permanentemente a través de las cámaras y la persona debía estar acompañada por otras dos en la celda. Marouane murió solo en la celda, dos horas después de ser aislado, y tardaron cuarenta minutos en darse cuenta de que se había quitado la vida. Tras el auto del juez, la Campaña CIE No solicitó formalmente a la Delegación del Gobierno que informara si se están aplicando las 16 medidas, pues en caso contrario existe un riesgo para la integridad física de las personas encerradas en el CIE. Hasta ahora no ha habido
respuesta.


Para la familia de Marouane ha sido muy difícil aceptar que el joven se quitara la vida y están también convencidas de que todo lo sufrido por Marouane hasta el momento de su muerte fue determinante en su decisión de quitarse la vida. Durante todo este tiempo Casa Marruecos ha estado en contacto con la familia de Marouane, acompañándolos en todo momento y transmitiendo sus reivindicaciones. Su principal exigencia es que la muerte de Marouane se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad de lo que sucedió y que se haga justicia.

Después del fallecimiento de Marouane, la abogada de la Campaña asumió la acusación particular, en nombre de la madre del joven, en el proceso que se desarrolló en el juzgado de instrucción nº 10. A partir de ese momento, la letrada accedió al mismo atestado policial que el juez de control de Zapadores. En este documento, redactado en la tarde de la muerte de Marouane, se compendian las declaraciones de diferentes funcionarios policiales, las
comunicaciones realizadas a raíz de lo sucedido, diversos informes sanitarios y las imágenes de algunas de las cámaras de videovigilancia del CIE entre las que se encuentran las correspondientes a la celda de aislamiento así como la del distribuidor previo a ésta. Además, en los días posteriores a la muerte, la abogada se entrevistó en Zapadores con uno de los internos que fue testigo de algunos de los hechos de los días 14 y 15 de julio.


La revisión de las imágenes permitió apreciar la posible existencia de varios delitos imputables a los funcionarios públicos que aparecen en las mismas: inducción al suicidio, trato degradante, daño a la vida o a la integridad moral, denegación de la asistencia sanitaria y otros, según señaló la representación de la familia de Marouane en el primer escrito de acusación. Por tanto, se solicitó que fueran interrogados varios policias e integrantes del equipo sanitario del CIE. Para la acusación particular, las imágenes venían a confirmar que Marouane no fue aislado por su seguridad ni por su salud: lo arrastraron por el suelo estando inconsciente y lo dejaron tirado en la celda de aislamiento, solo, sin vigilancia, sin agua, sin comida, y con la ventana cerrada en plena canícula.

Dos patadas para ver si reaccionaba
En las imágenes se puede ver a varios funcionarios policiales arrastrando por el suelo el cuerpo inmóvil de Marouane y dejándolo tirado en la celda de aislamiento. Marouane permaneció 42 minutos en el suelo sin moverse. Durante ese tiempo, tanto policias como sanitarios lo visitan, algunos sólo lo observan desde la mirilla de la puerta del calabozo, otros llegan a entrar; todos dejan el cuerpo de Marouane tirado en el suelo. Las imágenes son explícitas: el joven se arrastra hasta la cama, posteriormente intenta ponerse en pie y cae al suelo frente a la puerta, permaneciendo en posición fetal sin que sus custodios le presten auxilio alguno. Cuando descubren a Marouane sin vida hace más de 40 minutos que nadie se ha preocupado por su estado. Tras su muerte, aparecen en el distribuidor tres funcionarios uniformados. Miran por la mirilla y ven el cuerpo. Dos de los funcionarios entran y rodean el cuerpo. No lo inspeccionan ni le toman las constantes vitales. Uno de ellos le da dos patadas para ver si reacciona. Tras ver que no lo hace tampoco le toma las constantes vitales. Sólo entonces, una vez muerto, se le realiza el primer reconocimiento físico y con instrumental médico desde su aislamiento. De la revisión de estas imágenes se presentaron 75 fotogramas ante el juzgado, que no se correspondían con el momento de la autolisis sino con lo sucedido desde el aislamiento hasta la última asistencia médica, al considerar determinantes estos momentos en el posterior suicidio.

El 14 de julio, un día antes de quitarse la vida, varios internos agredieron a Marouane provocándole fracturas en el rostro, por lo que fue trasladado al hospital. En los días anteriores ya había sido víctima de otras dos agresiones. El equipo medico del hospital recomendó “reposo en cama-sillón durante 2-3 días” ante el “traumatismo craneal” que
presentaba y que no se realizaran maniobras que pudieran producir un “aumento de presión cefálica (movimientos bruscos de cabeza/cuello)”. También se estableció en el informe médico que “es importante que durante las próximas horas esté acompañado”, pues hay que “comprobar periódicamente que el paciente se encuentra correctamente orientado y mueve los miembros con normalidad”. En todo caso, debería acudir al servicio de urgencias si presentara “pérdida de conocimiento, confusión o desorientación; tendencia anormal a dormir; dolor de cabeza persistente; alteración del carácter o conductas anormales; pérdida de fuerza o alteración en la coordinación de alguna de las extremidades”, entre otros síntomas. Ninguna de estas recomendaciones fue llevada a cabo por el personal sanitario del CIE ni por los funcionarios policiales.

Sobre esta forma de proceder, la Audiencia reconoce que “el interno presentaba lesiones de cierta entidad por una agresión sufrida el día anterior”, pero señala que “no integran ninguna clase de maltrato o trato degradante, si los funcionarios no han sido advertidos de que el interno, por sus lesiones o su estado físico, no simulaba, no permanecía en el suelo voluntariamente o precisaba de una atención especial que no se le daba”. De este modo, el tribunal acepta la versión de los funcionarios según la cual no habían sido informados de que tuvieran que tener especiales cuidados en el tratamiento a Marouane y les exime de toda responsabilidad al indicar que “la advertencia o información sobre el especial tratamiento que debiera recibir el interno por su estado de salud correspondía al personal sanitario destinado en el CIE por tratarse del personal cualificado para valorar el estado de salud del interno y para determinar y en su caso aplicar las pautas de tratamiento prescritas para el mismo”. De la supuesta falta de información a los agentes, en cualquier caso, tampoco se deriva ninguna responsabilidad penal por omisión del deber de asistencia sanitaria pues el
precepto “sanciona la denegación de asistencia sanitaria, pero no la prestación de una asistencia incompleta o un diagnóstico erróneo”. Y, en todo caso, “con tales omisiones se habría incurrido en una asistencia sanitaria incompleta, pero de ninguna manera en una denegación de asistencia sanitaria”, determina el auto judicial.

La Audiencia otorga especial importancia tanto al hecho de que Marouane fuera examinado por el personal sanitario del CIE los días 12 y 13 de julio “sin que se aprecie sintomatología alguna que indicara un tratamiento antidepresivo”, como al de que en su visita al hospital del día 14 no “se observara ni estimara pertinente su examen por el servicio de psiquiatría o la administración de algún antidepresivo”. Sin embargo, resulta sorprendente la relevancia dada a estos argumentos cuando a la vez se reconoce como probados los siguientes hechos: primero, que “el médico examinó al interno en fecha 03-07-2019 y le prescribe Alprazolán (medio comprimido diario durante cuatro días), según resulta del historial clínico del paciente, añadiendo en su declaración judicial que solo lo llegó a tomar durante un día”; segundo, que en la mañana del día 15 Marouane manifestó al personal de Cruz Roja “que se encuentra bien, aunque dolorido y muestra preocupación y malestar por lo ocurrido el día anterior (…) y refiere que se encuentra humillado por los hechos” haciéndose necesario hablar con él “hasta que se relaja y vuelve a la rutina”, según el informe aportado por Cruz Roja en el procedimiento; y tercero, que en el informe hospitalario la doctora que le atendió
indicara que había realizado su labor sin poder comunicarse con el paciente por la imposibilidad de comprenderse, una situación de la que difícilmente pueden extraerse conclusiones respecto del estado psicológico de una persona.

Arrastrado con la cabeza tocando el suelo
Hubo dos momentos en los que Marouane fue conducido por funcionarios policiales porque, según señalaron en su declaración ante la jueza, no “quiere” moverse, por más que existen indicios suficientes para considerar que no “puede” moverse. En la mañana del lunes 15, lo llevaron desde la zona de habitaciones situada en el primer piso hasta la enfermería ubicada en la planta baja. Más tarde, a mediodía, lo condujeron aparentemente desde el patio hasta
la celda de aislamiento. Según uno de los testigos compañero de Marouane, ambos traslados se realizaron arrastrando el cuerpo por el suelo, agarrándolo de pies y brazos y permitiendo que la cabeza impactara contra el suelo, mientras que los funcionarios policiales declararon que el traslado se efectuó “llevándolo en volandas cogiéndolo de brazos y piernas”. Del primer traslado se dispone del testimonio de los agentes y del compañero de Marouane mientras que del segundo se cuenta, además, con las imágenes de la celda de aislamiento y del distribuidor previo a ésta.
La Audiencia da credibilidad a la versión de la policía y rechaza la del compañero de Marouane porque en las imágenes del segundo traslado entiende que “muestran a dos agentes policiales sujetando por manos y pies al interno y manteniendo en alto su cabeza sin riesgo alguno para su vida o integridad física”. Sin embargo, tal como se muestra en las imágenes que se adjuntan a esta nota de prensa, la cabeza de Marouane se encuentra en contacto con el suelo. Para la acusación era precisamente la declaración del compañero de Marouane unida a las imágenes del segundo traslado en las que se observa cómo la cabeza es arrastrada por el suelo, lo que confería fuerza a la versión de que Marouane no fue llevado en volandas sino arrastrado por el suelo en las dos ocasiones. La Audiencia señala: “Es cierto que alguna de las imágenes apreciades en las cámaras de seguridad puede sugerir un comportamiento reprobable de algun funcionario policial, pero en ningún caso un acto delictivo”.

Todos estos hechos descritos, independientemente de su relevancia penal, constituyen un trato inhumano y degradante a una persona privada de libertad que no había cometido ningún delito. El CIE de Zapadores ha sido escenario de múltiples y diversas vulneraciones a los derechos humanos generadoras de una permanente angustia en las personas, que no sólo se sienten terriblemente frustradas al acabar entre rejas en su intento de encontrar unas condiciones de vida dignas sino que además son objeto de todo tipo de arbitrariedades. Este estado emocional, en ocasiones, puede llevarles a situaciones extremas. La muerte de Marouane se produjo en un contexto de elevada tensión en el interior del CIE. Una semana antes hubo un intento de suicidio y tuvieron que liberar a otro interno por su grave deterioro psíquico. Y cuatro días después del fallecimiento, dos chicos se autolesionaron. Desde que se abrieron los CIE, diez personas han fallecido entre sus muros o en el traslado forzoso al que las sometieron. Antes de la de Marouane, en Zapadores hubo otras 2 muertes:

-A. B., marroquí de 55 años. Falleció el 16 de octubre de 2010 al llegar a la puerta del CIE desde el centro de salud donde no le detectaron ninguna anomalía.


-Ciudadano nigeriano de 47 años. Murió el 31 de agosto de 2008 tras caer desplomado en las duchas sin que pudiese ser reanimado.


Además, el 19 de febrero de 2009 murió en el Hospital General de Valencia un nacional georgiano, procedente del CIE.

Por todas estas razones, mañana vamos a continuar reclamando que se determinen responsabilidades en la muerte de Marouane y que se cierren todos los CIE con carácter de urgencia pues no son más que cárceles racistas donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito y se violan sus derechos fundamentales.

La Generalitat incumple su compromiso con la Fiscalía General del Estado de agilizar la tramitación de permisos de residencia a menores tutelados

València, 24 de marzo de 2021 – La Generalitat Valenciana ha incumplido el compromiso adquirido con la Fiscalía General del Estado para agilizar la obtención de autorizaciones de residencia a menores tutelados, según consta en
la última notificación del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, a la Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. La Defensoría inició una investigación sobre la situación, a raíz de las quejas presentadas por la Campaña CIE No y el fin de las deportaciones en nombre de 10 de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores. Al alcanzar la mayoría de edad se ven obligados a abandonar el centro de acogida y muchos de ellos y ellas se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos ya que carecen de permiso de residencia y trabajo.


En noviembre de 2020, el Defensor dio traslado de este asunto “a la Fiscalía General a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de
residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros
muchos inconvenientes”. Ante la falta de respuesta adecuada por parte de la Generalitat, en enero la Defensoría volvió a denunciar la situación a la Fiscalía General del Estado y decidió suspender las actuaciones con la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable de la tutela de los menores. Ahora, después de que la Fiscalía haya intervenido, la Conselleria continúa incumpliendo sus compromisos sobre la tramitación del permiso de residencia
de los menores no acompañados, por lo que la Fiscalía se ve obligada a emitir un recordatorio y el Defensor del Pueblo a continuar con sus actuaciones.


En la última respuesta de la Defensoría del Pueblo a la Campaña CIE NO, fechada el 18 de marzo, se señala que “se ha recibido informe de la Fiscalía General del Estado en relación con las actuaciones realizadas por dicho órgano ante la sistemática falta de tramitación en la Comunidad Valenciana de la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados.” En dicho informe la Fiscalía relata a la Defensoría que la Fiscal Delegada de Menores de la Fiscalía Provincial de València “remitió escrito” a la Dirección General de Infancia y Adolescencia informando sobre la Nota 1/2019 conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo,
información que ya había recibido anteriormente la Conselleria por parte de la propio Defensoría en varias ocasiones.
Después de la recepción del escrito, la Conselleria convocó a una reunión el pasado mes de enero de 2020 en la que participaron el Fiscal Jefe y la Fiscal Delegada, así como diferentes cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas. Según el informe remitido al Defensor por la Fiscalía, “en dicha reunión se asumió por parte de la administración el compromiso de agilizar los trámites y de mensualmente remitir a la Fiscalía los listados de los menores en dicha situación, con información actualizada de las gestiones practicadas”.
Pasados dos meses, la Fiscalía informa a la Defensoría “de que dicho compromiso no se ha cumplido, por lo que por parte del Fiscal Jefe se emitirá el correspondiente recordatorio”.


Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a la vista de la información remitida por la Fiscalía, ha acordado “solicitar nueva información a la Fiscalía General acerca del resultado de las actuaciones adoptadas por la Fiscalía Provincial para la
tramitación de la residencia de los menores extranjeros no acompañados”.
La Campaña CIE NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todas las personas interesadas puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo, se adopten las medidas necesarias para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación