Mañana, martes, 15 de abril, un nuevo avión de deportación se llevará a decenas de inmigrantes con destino Mali. Ya se han producido traslados a Madrid –el avión despegará de Barajas–, al menos desde el CIE de Zapadores en Valencia.

En este Centro de Internamiento de Extranjeros, a las 8 de la mañana del lunes 14 de abril, entraron los cuerpos policiales, esposaron a once inmigrantes malienses y se los llevaron. Nadie les había comunicado su deportación.

Cansadas de las deportaciones, de los operativos policiales por sorpresa y de las diversas prácticas que las “quiebran psicológicamente” dentro del CIE, el resto de personas internas –97 hombres y mujeres– se han reunido en asamblea y han decidido escribir una instancia al director de Zapadores e iniciar una huelga de hambre. Al primer intento, la carta fue hecha pedazos por los policías de la garita. Posteriormente, un grupo grande de personas internas acompañó la entrega por segunda vez, y esta vez sí fue llevada ante el director, que no ha dado respuesta.

La asamblea de personas internas en Zapadores denuncia sobre todo que se les deporta sin previo aviso o con escasa antelación. De ese modo, la policía evita que se presenten, y sobre todo que prosperen, las medidas judiciales cautelares que pueden detener las deportaciones. Afirman que “los policías tienen las leyes en sus manos en el CIE, y el juez no existe”.

Por otra parte, las condiciones de vida en el CIE son, en sí mismas, degradantes. En el caso de los hombres, no se les permite salir al servicio durante la noche, por lo que tienen que hacer sus necesidades en bolsas de basura y botellas de plástico, y soportar los olores durante horas. Denuncian además que los policías actúan para fomentar los conflictos, azuzando las peleas y encerrando en la misma estancia a todo el mundo cuando hay reyertas.

Uno de los internos relata, por otro lado, que varios compañeros suyos han sido deportados solos, aprovechando vuelos comerciales. Cuenta que les llevan a la parte trasera del avión “atados de pies y manos, con un bozal en la boca y con camisa de fuerza”. Desde la Campaña por el Cierre de los CIE estamos tratando de contactar con alguna de estas personas, expulsadas en solitario, para confirmar estas salvajes prácticas en las deportaciones, que por otra parte no serían ninguna novedad. La historia de las deportaciones en la Unión Europea deja un rastro de muertes debidas a los operativos policiales de reducción de las personas expulsadas.

El vuelo programado para el 15 de abril se suma a otro realizado el 7 de marzo, también con destino Bamako pero con una escala previa en Lagos para llevar deportados nigerianos. En aquel vuelo –según SOS Racismo Madrid– fueron deportados dos menores malienses.
Estas deportaciones a Mali –planificadas por el Ministerio del Interior en aviones fletados por Air Europa– tienen como víctimas, en parte, a inmigrantes que han saltado las alambradas de Ceuta y Melilla y que, tras ser trasladados a la Península, son expulsados. Otras personas han sido atrapadas en redadas en las calles.

Si la perversa maquinaria de los vuelos de deportación deja un reguero de pruebas de maltratos policiales, humillaciones y violencia, en este caso además el Estado español deporta inmigrantes a un país en el que la guerra ha producido recientemente cientos de miles de personas refugiadas, tanto internas como hacia otros países.

Desde la Campaña por el Cierre de los CIE hacemos un nuevo llamamiento al fin de las deportaciones y a la intensificación de la campaña de boicot a Air Europa y el Grupo Globalia, empresas que facturan decenas de millones de euros por estos vuelos.

Basta de vuelos de la vergüenza

Campaña estatal por el cierre de los CIE

Comunicado de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE ante la aprobación del Real Decreto mediante el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y convocatoria de rueda de prensa.

Poco después de las muertes de Samba Martine en el CIE de Aluche (diciembre de 2011) y de Idrissa Diallo en el CIE de Zona Franca (enero de 2012), el Gobierno anunció la inminente aprobación de un Reglamento para regular el funcionamiento y régimen interno de los Centros de Internamiento. En aquel momento, estas dos muertes, más la sucesión ininterrumpida de informes que documentaban la vulneración de derechos fundamentales en el interior de estos centros de la vergüenza, provocaron que el Gobierno llamase a las organizaciones sociales a una consulta sobre dicho proyecto de Reglamento.

Sin embargo, los fallecimientos se solapan y no son sino la punta del iceberg de la vulneración de derechos que suponen las políticas migratorias y el entramado que las sustenta: redadas, internamientos y expulsiones. Con la muerte de Alik, el pasado año y, ahora, con las 15 muertes en Ceuta (aún sin esclarecer) reaparece un nuevo intento de legitimar la barbarie mediante trasformaciones legales. En este sentido, las declaraciones del Ministro de Interior en el transcurso de la rueda de prensa de hoy no hacen sino evidenciar una concepción de la migración en términos criminalizadores, bélicos e inhumanos.

El Reglamento presentado por el Gobierno mantiene el monopolio del Ministerio del Interior sobre el control de los CIE, consolida el modelo de gestión policial y concentra la autoridad en el Director, también funcionario policial. Los derechos de las personas internas son supeditados a los criterios policiales de seguridad y control, una práctica policial consolidada durante casi tres décadas de existencia, caracterizada por la opacidad, arbitrariedad, el abuso y la impunidad, y que ha tenido consecuencias fatales para los derechos y la integridad de las personas internas y su entorno social.

Además, el Reglamento abre las puertas a privatizar y subcontratar toda la asistencia social. Conforme a la experiencia acumulada, las organizaciones independientes podemos afirmar que las subcontratas no han prevenido las muertes ni el sufrimiento humano que supone la exclusión, persecución, reclusión y deportación de seres humanos. Ninguna organización social que de verdad defienda los Derechos Humanos entrará a negociar la gestión de estos campos en los que se producen violaciones de derechos diarias.

Por estas razones, las diferentes organizaciones y colectivos sociales de la Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, consideramos que este intento de legitimación y consolidación del modelo policial en forma de reglamento en ningún caso va a suponer el cambio de naturaleza de estos centros. Por ello mostramos nuestro más absoluto rechazo al Real Decreto mediante el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) , puesto que resulta intolerable la implantación del racismo institucional y la exclusión de seres humanos en campos de internamiento.

Las organizaciones sociales firmantes creemos firmemente que no se puede regular aquello que no debería existir. De igual forma, entendemos que nuestra labor en estos lugares, que con su mera existencia suponen una vulneran los Derechos Humanos, no consiste ni en prestar asistencia, ni gestionarlos, sino en la denuncia activa de las injusticias que se acometen con el objetivo último de lograr su cierre.

Contra el #ReglamentoVergüenza.

Por el cierre inmediato y definitivo de los CIE.

NO AL REGLAMENTO DE LA VERGÜENZA

 
Los jóvenes identificaron al agente que les pegó, pero fueron expulsados y se archivó la denuncia
 
 
La Audiencia de Valencia ha acordado la reapertura de la investigación por los malos tratos denunciados por unos menores argelinos en el CIE de Zapadores en 2012. El alto tribunal considera que los hechos pueden constituir un delito de torturas -artículo 174 del Código Penal- y ordena que “al menos” se investigue si alguno de los policías identificados por los jóvenes fue el autor de la agresión ya que en el juzgado en el que se archivó el caso inicialmente “nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor”, según consta en el auto de la sección tercera de la Audiencia en el que se admite el recurso de apelación de las víctimas. Esta decisión se suma a la reciente imputación judicial a otro policía de Zapadores por golpear y humillar a un ciudadano argelino en octubre de 2013.
 
El 8 de abril de 2012, once personas llegaron a la costa de Níjar (Almería). Después de jugarse la vida durante 20 horas de travesía a bordo de una patera, fueron detenidas y a cinco se les recluyó en Zapadores a pesar de que al menos tres aseguraron ser menores de edad. Según su declaración, en la madrugada del 28 al 29 de abril, dos agentes de la policía entraron a registrar la celda que compartían con el pretexto de que olía a humo porque estaban fumando. Salieron sin encontrar nada, pero a los pocos minutos uno de los agentes volvió y arremetió de inmediato contra ellos: les golpeó repetidamente con las manos y con la porra, infligiéndoles graves contusiones en la cara, cuello, torso y brazos, según denunciaron. Los jóvenes declararon que el policía les gritaba mientras les pegaba, pero no entendieron nada porque no hablan castellano, y que este mismo agente también agredió a un hombre encerrado en una celda próxima
 
A instancia de las víctimas, el equipo médico y jurídico de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros elaboró un informe sobre las lesiones y presentó una solicitud de habeas corpus en el juzgado para que fueran puestos en libertad porque se produjo una detención ilegal de menores y se vulneró el derecho a la integridad física de estas personas protegido por la Constitución. El 30 de abril de 2012, todos ratificaron ante el juez los hechos, identificaron a los policías que estaban de guardia esa noche y describieron con detalle al agresor: un policía con color de pelo “rojo” o “rubio”, “grande”, de “complexión fuerte” y “con patillas”.
 
El juez desestimó el habeas corpus aunque continuó abierta la investigación iniciada por la denuncia de malos tratos en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia. De hecho, los jóvenes añadieron a la denuncia una queja por las represalias que sufrieron en Zapadores tras su declaración judicial: al día siguiente de su comparecencia en el juzgado, les impidieron beber agua en la comida, no les facilitaron jabón y les obligaron a permanecer encerrados en su cuarto durante muchas horas, sin facilitarles la medicación que paliara el dolor provocado por las lesiones. También se formalizó un recurso de alzada ante la Subdelegación del Gobierno en Almería exigiendo que se suspendiera la expulsión de estas cinco personas ya que tres de ellas eran menores y si los cinco no permanecían en España no se podría llevar a cabo “las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos criminales por los que se abrieron diligencias previas, lo que ocasionaría la impunidad evidente de los hechos, la falta de castigo en su caso del presunto agresor y la violación de derechos constitucionales y procesales”
 
Sin embargo, fueron expulsadas pocos días después y la única diligencia judicial practicada desde entonces fue citarlas a declarar casi un año después de haber sido deportadas a Argelia. Aunque se facilitaron datos para que las víctimas pudieran declarar a través del consulado español en Argelia, el Juzgado de Instrucción nº 4 decidió archivar el caso el 19 de septiembre de 2013 sin tomar declaración a las víctimas ni a los policías que estaban de servicio
 
La decisión de la Audiencia de Valencia de reabrir las investigaciones revoca el archivo de la causa decretado por el juzgado de instrucción y cuestiona la respuesta gubernamental a las preguntas sobre el caso que formuló el diputado de Esquerra Unida, Ricardo Sixto. El 14 de junio de 2012, el Gobierno, argumentando que todas las denuncias habían sido archivadas judicialmente, aseguró que “la acusación de malos tratos presuntamente cometidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía contra estos internos, así como toda clase de represalias, carecen de base alguna”. El Ejecutivo de Rajoy dio por cerrado el caso antes de que se agotara el procedimiento judicial, negó todas las acusaciones sin que la justicia concluyera su trabajo y evitó responder sobre la investigación interna que debía haber realizado al tener conocimiento de los hechos.
 
El auto de la Audiencia también reafirma la legítima actuación de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento en este caso, que prestó atención psicosocial, médica y jurídica a los denunciantes. Sin embargo, el director del CIE de Zapadores no lo entendió así e interpuso una denuncia por calumnias contra las y los representantes de varias organizaciones de la Campaña por haber comunicado a las autoridades los hechos de los que habían tenido conocimiento para que pudieran ser investigados. El juzgado sobreseyó la denuncia, poniendo de manifiesto su carácter infundado: fue un intento frustrado de amedrentar a la treintena de organizaciones sociales de la Campaña que continúa divulgando -antes y después de la denuncia por calumnias- las presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes que se cometen dentro y fuera de Zapadores.
 
La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros valora positivamente la decisión de la Audiencia y reclama que en las nuevas diligencias que se practiquen se esclarezcan los hechos teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias de las víctimas, quienes ya manifestaron en su día su voluntad de ratificarse en las declaraciones iniciales que realizaron ante el juez. La Campaña también espera que este precedente judicial suponga el fin de la práctica casi sistemática de expulsar a las presuntas víctimas de malos tratos, e incluso a los testigos, cuando se acude a la justicia para que investigue los hechos; si no se paralizan las expulsiones, las actuaciones judiciales acaban siendo archivadas por la imposibilidad de que se ratifiquen las denuncias, limitándose el derecho que cualquier persona tiene a la tutela judicial efectiva.
 
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Es la primera vez que en el Estado español declara un agente por maltratar a internos

La jueza mantiene la imputación de un policía por la denuncia por agresiones interpuesta por un ciudadano de origen argelino cuando se encontraba recluido en el Centro de Internamiento (CIE) de Zapadores y continúa la investigación tras llamar a nuevos testigos, pedir los antecedentes del agente y solicitar la identificación de las cámaras que grabaron los hechos.

Un agente de policía declaró el pasado 11 de diciembre de 2013, a petición de la magistrada y el fiscal del juzgado de instrucción número 16 de Valencia, en calidad de imputado, por la denuncia de agresiones interpuesta por el ciudadano argelino Redouan Bader Din cuando éste se encontraba privado de libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores por no tener documentación, el pasado mes de octubre de 2013.

La jueza, que mantiene la imputación tras haber practicado diligencias de investigación, ha solicitado, además, mediante una nueva providencia emitida el pasado 20 de febrero, que se cite a declarar a otros dos agentes como testigos, que se aporte la hoja histórico penal del agente imputado y que se pida a la Jefatura Superior de Policía el plano que identifique las cámaras del pasillo en planta baja del CIE.

Durante su declaración, el agente aseguró que retuvo al interno en el cuarto de baño del centro para entregarle productos de limpieza, ya que había vomitado y se había manchado la ropa.  Sin embargo, su relato dista totalmente del de Bader Din, que explicó en su denuncia que el domingo, 13 de octubre, después de una huelga de hambre en la que había participado, durante la hora del desayuno -momento en el que tuvieron lugar los hechos-, el policía le obligó a acudir a al baño, donde no existen cámaras de video vigilancia. Bader Din obedeció sus órdenes y, una vez dentro, el policía le golpeó con el puño cerrado en su pómulo izquierdo, ante lo que Bader Din intentó defenderse muy asustado, según relata.  Después, el agente le cogió del hombro fuertemente y le obligó a abrir la boca, le escupió dentro y se marchó. El joven argelino explica que se sintió vejado y humillado e incluso vomitó “por el asco que le daba” y no pudo dormir aquella noche.

Por otra parte, la denuncia recoge que el agente, contra las prescripciones legales, no llevaba placa identificativa, aunque Bader Din detalla una descripción física y aseguró poder reconocerlo con facilidad, lo que hizo al serle mostrada una composición fotográfica en la que figuraba la imagen del agente imputado.

Por todo ello, Bader Din solicitó en su denuncia que se investigaran las grabaciones del sistema de video vigilancia del día y las horas señaladas, que se llame a declarar a los agentes identificados, que se llamase al denunciante a declarar y que testifiquen los internos que se encontraban en el lugar donde ocurrieron los hechos.

La Campaña por el Cierre de Internamiento de Extranjeros saluda la decisión judicial dado que la medida, por primera vez, permitirá el acceso a una investigación suficiente, el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades. Asimismo, reitera sus denuncias en relación a la falta de identificación permanente de la Policía Nacional mediante números de placa visibles y legibles.

Si quieres recordar el caso: https://ciesno.wordpress.com/2013/10/21/otros-dos-inmigrantes-denuncian-palizas-de-la-policia-tras-un-intento-de-fuga-en-el-cie-de-zapadores%E2%80%8F/

Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (Valencia)

FOTO: Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (Valencia)

En referencia a la noticia  publicada el pasado día 17 de febrero por el diario El País, del grupo Prisa, alertando que “30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla”, las organizaciones y movimientos pro derechos humanos y derechos de las personas migrantes

Manifestamos nuestro más absoluto rechazo y hacemos un llamamiento  a la responsabilidad de los medios como transmisores de información y generadores de opinión pública en los siguientes aspectos:

El extenso reportaje publicado el pasado lunes en El País está redactado exclusivamente en base a “fuentes oficiales” y supuestos “Informes de Inteligencia” -que no son más que declaraciones de mandos policiales-, sin aportar la debida versión alternativa independiente. 

En el texto se habla de entrada de inmigrantes como “avalancha” o “tumultos” con “potencial desestabilizador” y de “creación de alarma social”, llegando a describir a Ceuta y Melilla como ciudades “asediadas”.

El único supuesto responsable de la situación son unas “mafias bien organizadas y estructuradas”, aunque está comprobado –y se reconoce en el propio texto de la noticia-  que la mayoría de saltos de vallas no están organizados por éstas. A pesar de que el texto se refiere en dos ocasiones a las 15 muertes en la playa de Tarajal, en ningún momento se citan los intentos de ocultación y manipulación de los hechos por las mismas fuentes que ahora filtran los Informes en que se basa el reportaje. Hay que recordar que durante las últimas dos semanas ha habido hasta cinco versiones oficiales distintas sobre los hechos.

Recordamos que las migraciones forzadas como las que se producen en la frontera sur de Europa son fruto del empobrecimiento de los territorios y del expolio al que someten los países ricos a los Estados y personas del sur, empobrecimiento que obliga a los desplazamientos forzados y a las huidas clandestinas del territorio. Consecuencia de las mismas son las personas que esperan llegar a Europa en busca no ya de un vida mejor sino de poder vivir. 

Los responsables de las muertes no son las mafias exclusivamentesino esos mismos gobiernos que en nombre de los pueblos las favorecen, financiando con nuestros impuestos las políticas de militarización y externalización de fronteras, la represión contra las personas migrantes, los encierros y las deportaciones.

 Por todo ello,

EXIGIMOS:

La disculpa pública de El País por la falta de respeto hacia las víctimas y a la sociedad civil en su conjunto.

La rectificación por parte de los medios de comunicación de las informaciones poco veraces, ambiguas y generadoras de miedo, odio y discriminación contra las migraciones.

La responsabilidad por parte de los mass media de no generar ni favorecer un contexto social donde se propicie la alarma social y la xenofobia.

La necesidad en pro de la salud democrática de que profesionales del periodismo y la comunicación aporten a la ciudadanía una información fidedigna y contrastada y que se posicionen en la obligación de dilucidar los hechos y hallar las responsabilidades de quienes actúan contra derecho en vez de justificar el uso de la fuerza y la violencia.

 

Por una sociedad bien informada sin prejuicios ni discursos xenófobos.

No al #GenocidioMigratorio

 Portada El País 17 Febrero 2014

 

Campaña Estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros

 

Valencia, 13/02/2014.-Ante la comparecencia en el Congreso de los Diputados del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y las razones expuestas por éste para justificar su actuación, la de la Delegación de Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las entidades defensoras de los derechos humanos aclaramos:

El pasado 6 de febrero un amplio grupo de personas migrantes de origen subsahariano intentaba cruzar la frontera hispano-marroquí en Ceuta. La extremada violencia de la intervención de la Guardia Civil, bajo las órdenes del Delegado del Gobierno y el Ministerio del Interior, se saldó con la muerte (asesinato) de 15 personas.

Los testigos que sobrevivieron hablan de numerosas ilegalidades: disparos de balas de goma y botes de humo contra las personas que aún estaban en el agua, violencia física desmedida a las que consiguieron salir y expulsiones ilegales a la frontera marroquí.

Las 15 personas muertas tenían nombres y apellidos e historias de vida que nos hablan de injusticia, de pobreza, de esfuerzo y de un enorme deseo de libertad y dignidad para los suyos. Estas muertes se suman a los miles de personas que han fallecido en las fronteras fruto de unas políticas migratorias europeas que condenan a las personas migrantes a la clandestinidad y al maltrato cotidiano por parte de las instituciones del Estado.

Condenamos la desastrosa gestión del Ministerio del Interior que intenta criminalizar a las migrantes, negando el uso de material antidisturbios y justificando una política de extrema violencia contra las personas.

Nos negamos a aceptar con resignación esta realidad y por eso hoy nos concentramos frente al Congreso para decirle al Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz:

BASTA DE MUERTES EN LAS FRONTERAS

BASTA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS ASESINAS

MINISTRO DEL INTERIOR CULPABLE,

MINISTRO DEL INTERIOR DIMISIÓN

¡INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE YA!

No olvidamos. No perdonamos.

Ninguna persona es ilegal.

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La Campaña contra los CIE denuncia redadas racistas e insta a boicotear a Air Europa

Valencia, 12/02/2014.- La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros quiere denunciar que mañana, jueves 13 de febrero, el mismo día que el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz comparecerá en el Congreso por los hechos sucedidos en Ceuta en los que fallecieron al menos 15 subsaharianos, el Gobierno español tiene previsto realizar dos nuevos vuelos de deportación de migrantes.

Uno de ellos saldrá de Barajas con destino Dakar, fletado por la compañía Air Europa, y se llevará a decenas de inmigrantes de nacionalidad senegalesa que han sufrido las redadas racistas en estas últimas semanas en ciudades de todo Estado español, incluida Valencia. Estos vuelos a Senegal se producen aproximadamente cada dos meses. Otro vuelo se llevará a inmigrantes marroquíes desde Barcelona o Madrid y aterrizará en Jerez de la Frontera. Allí serán conducidos en autobús, bajo una amplia escolta policial, hasta Algeciras, y serán conducidos en el ferry hasta Ceuta. Allí, en la misma frontera en la que se ha producido la represión salvaje hace unos días, los policías españoles entregarán a los deportados a la policía marroquí. Al menos se ha repetido este dispositivo cinco veces desde principios de diciembre hasta hoy.

La Campaña denuncia estos vuelos de deportación y a sus responsables políticos, alienta una campaña de boicot a Air Europa y a todas las empresas del Grupo Globalia -que se beneficia de ellos como adjudicataria de un contrato por casi 12 millones de euros- y señala además la necesaria complicidad de los países de origen para que se puedan producir dichas deportaciones.

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Exigen el esclarecimiento de los hechos y que se depuren responsabilidades

Valencia, 07/02/2014.- Alrededor de cuarenta personas se han concentrado hoy, a las 13:00 horas, en la puerta de la subdelegación de Gobierno en Valencia en solidaridad con los 13 fallecidos en la frontera de Ceuta en el día de ayer. Durante la concentración -promovida por la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) y la  Mesa d’Entitats de Solidaritat amb les i els Immigrants -, las y los participantes aseguraron que los fallecimientos se produjeron como “consecuencia de políticas y leyes xenófobas que crean vallas y fronteras asesinas”.

En este sentido, los y las asistentes a la protesta han leído un manifiesto en el que piden el cumplimiento estricto de los derechos humanos, que se esclarezcan los hechos, que se depuren responsabilidades y en el que aseguran que “no hay justificación para la insolidaridad que supone perseguir a personas que dejan su país por la guerra, la pobreza o la falta de posibilidades para vivir con dignidad”.

Por otra parte, han exigido el fin del ciclo de criminalización de las personas migrantes, del que –denuncian- forman parte el blindaje de las fronteras con dispositivos  violentos y militarizados, como las cuchillas de Melilla o los métodos usados para repeler a las 400 personas que intentaron entrar ayer en Ceuta por parte de la Guardia Civil; la persecución de migrantes por rasgos raciales por parte de la policía en las ciudades del Estado español -entre ellas Valencia-; los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la expulsión forzosa a los países de origen en los llamados “vuelos de la vergüenza”.

Asimismo, las personas concentradas –que han portado pancartas en las que se leía “migrar es un derecho, no lo hagas un problema”- han gritado consignas como “¡ningún ser humano es ilegal!” y han guardado un minuto de silencio por las personas que murieron ayer en Ceuta.

Por último, el acto ha finalizado con la entrega del manifiesto de la concentración, dirigido a Luis Santamaría Ruiz, subdelegado de Gobierno, en el registro de entrada del organismo.

Leyendo un manifiesto en la puerta de Subdelegación del Gobierno de Valenciaconcentración Subdelegación

Presentando el manifiesto por registro de entrada en la Subdelegación del Gobierno de Valencia

11 personas

Hoy 7 de Febrero a la 13 hs. nos concentraremos en la puerta de Subdelegación de Gobierno de Valencia (C/Joaquín Ballester, 39) para denunciar la muerte de varias personas que murieron ahogadas intentado cruzar las malditas aguas que se tragan a las personas que quieren escapar de la miseria y hambruna generada por los países del primer mundo.

Sabemos que la 1 de la tarde de un día laborable no es muy apropiada, pero debemos dejar claro al Subdelegado de Gobierno de Valencia que no sólo denunciamos la muerte de estas personas, sino que también estamos reivindicando cada día el CIErre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y que además estamos al tanto que las fuerzas de “seguridad” a su cargo están realizando redadas racistas por cualquier parte de la ciudad de Valencia, con el sólo objetivo de cazar inmigrantes como quien caza animales para llenar los vuelos de la vergüenza.

Por favor unamos nuestras fuerzas e intentemos sumar

TE ESPERAMOS. GRACIAS POR COMPARTIR

Aquí un mapa del lugar de la concentración

Subdelegación del Gobierno de Valencia

Como cada último martes de mes, hoy nos vamos a concentrar en la puerta del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (Av/.Dr. Wakasman, Valencia) para exigir su cierre inmediato y sin condiciones.

último martes

Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/707308502635075/