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CIE NO exige a delegación de Gobierno que paralice la expulsión del denunciante
El juez llama a declarar al querellante y pide que se investiguen los hechos

Valencia, 11 de febrero de 2015.- El magistrado del juzgado de instrucción número 12 de Valencia, Juan Luis Beneyto Feliu, ha admitido hoy a trámite la querella interpuesta por Mohamed Rezine Zohuir, uno de los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores que denunció la semana pasada haber sufrido torturas por parte de varios agentes de policía, por considerar que los hechos podrían ser “constitutivos de delito contra la Integridad Moral”.

Además, el juez ha pedido llamar a declarar a Zohuir el próximo 20 de febrero y ha solicitado a la dirección del CIE las grabaciones del día en el que sucedieron los hechos, la identificación del presunto agresor y los testigos, incluidos la enfermera y el médico que asistieron al interno y que se envíe su expediente médico y parte de asistencia.

Desde la Campaña por el Cierre de los CIE, celebramos la decisión del juzgado, sin embargo, lamentamos que no se haya suspendido cautelarmente la deportación de Zohuir a Argelia, ya que esto significa que en cualquier momento podrían expulsarlo a su país de origen y se paralizaría la investigación. En este sentido,  exigimos a delegación de Gobierno que impida la deportación del querellante para que se esclarezcan los hechos.

Por otra parte, la querella interpuesta por el otro interno, Ben Younes Sabbar –que ha sido puesto en libertad-, se encuentra en el juzgado de instrucción número 14, pendiente de su admisión.

 

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Zohuir muestra su herida

Zohuir muestra su herida

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CIEs NO exige responsabilidades políticas ante las más de treinta denuncias interpuestas en 2014

Valencia, 1 de octubre de 2014.- Dos ciudadanos de origen argelino que se encuentran actualmente detenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)  de Zapadores han interpuesto nuevas denuncias por agresiones de la policía tras el intento de fuga que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre. Éstas se añaden a la queja ante la Defensoría del Pueblo que se presentó por el mismo motivo la semana pasada y que apuntaba a más 10 heridos, a quienes se les tuvo que aplicar sutura en forma de grapas, por las lesiones que presentaban en la cabeza, fruto de la represalia de 3 agentes de policía, según declaran.

Las tres denuncias coinciden en la desproporción de la violencia que utilizaron los agentes para reprimir la huida de los internos, además de en las graves represalias, que sufrieron después, hubiesen participado o no del intento de fuga. Asimismo, los tres señalan que ninguno fue atendido en un centro hospitalario, tal y como reclamaban, y que la atención la recibieron en el CIE por parte del servicio médico que les aplicó puntos de sutura.

Ante la gravedad de estos hechos, desde la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE’s No, exigimos responsabilidades políticas urgentes por parte del Ministerio del Interior, organismo que gestiona estos espacios. “Es necesaria una actuación del Ministerio del Interior acorde con el Estado de Derecho que dice representar. No podemos consentir que se continúen vulnerando los derechos fundamentales de las personas internas en Zapadores. Cada vez que se denuncian agresiones por parte de la policía, inmediatamente después se expulsa a su países de origen a víctimas y testigos, lo que paraliza el proceso. En lo que va de año,  hemos recogido más de treinta denuncias interpuestas por palizas, maltrato y humillaciones. El fomento del la impunidad desde el Gobierno es inadmisible.”, ha asegurado Ana Fornés, portavoz de la plataforma que agrupa a más de 30 organizaciones sociales del tejido asociativo valenciano.

“Por todo ello –concluye Fornés- vamos a seguir exigiendo que se paralicen las expulsiones de víctimas y testigos, que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes en cada una de las denuncias, así como el cierre de estos espacios cuya mera existencia vulnera los Derechos Humanos”.

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Amiwi Harrabisat tuvo que ser atendido y recibió varios puntos de sutura en la cabeza

La Audiencia Provincial de Valencia ordena al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia reabrir un caso, llamando a declarar como imputado a un agente de policía nacional y a otros cuatro como testigos por una denuncia de malos tratos interpuesta por unos menores argelinos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en 2012. En el auto la Audiencia admite el recurso de apelación de las víctimas y reabre el caso al considerar que los hechos podrían constituir un delito de torturas del artículo 174 del Código Penal.

El tribunal apunta la necesidad de investigar los hechos dado que el Juzgado de Instrucción nº4, encargado en primera instancia de la investigación, decidió archivar el caso el 19 de septiembre de 2013, permitiendo la expulsión de las víctimas sin tomarles  declaración. Tampoco llamó a declarar a los policías que estaban de servicio.

La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs NO) ha denunciado la falta de actuación jurídica que hasta el momento se ha dirigido a esclarecer los hechos, ya que en el juzgado que archivó inicialmente el caso, “nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor”. Asimismo la plataforma reclama la suspensión de las expulsiones de víctimas y testigos en los casos de graves violaciones a los derechos fundamentales, alertando sobre el reciente caso de tres personas de nacionalidad marroquí que tras denunciar agresiones por parte de miembros de la policía nacional claramente identificados, fueron deportados de manera express a su país de origen.

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Valencia, 14 de agosto de 2014.- Tres internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores han denunciado en la última semana haber recibido agresiones físicas y verbales por parte de agentes de Policía. Abderrahmane Hadik, de 21 años, Ahmed Zerwal, de 26 años, y Ayoub Bekkach, de 19 años, ciudadanos de origen marroquí que se encuentran detenidos en el CIE de Valencia, han puesto en conocimiento del juzgado y la recién estrenada Fiscalía de Igualdad de Trato y No Discriminación el “acoso” y las “vejaciones” que están sufriendo desde su internamiento, y ante los que poseen numerosos testigos, según explican en su propia declaración.

En este sentido, Hadik denunció el pasado 3 de agosto ante el juzgado de instrucción número 7 de Valencia que, ese mismo día, durante la hora del desayuno, un agente de policía -que hacía alusiones continuas y despreciativas a su olor corporal y origen étnico- le golpeó en el vientre, genitales, piernas y brazos, con la colaboración de otro que le inmovilizó sujetándole por el cuello. Después, cayó al suelo y fue arrastrado por el pasillo mientras continuaban golpeándole. Asimismo, denuncia recibir insultos como “moro de mierda” a diario, por parte de los agentes y que éstos le deshacen la cama y le tiran sus pertenencias al suelo. Ambos agentes carecían de identificación en el momento de las agresiones, aunque, en su denuncia, Hadik los describe físicamente y asegura poder reconocerlos con facilidad y más adelante, en una ampliación de la denuncia, aporta su número de placa.

Por otra parte, Zerwal denunció el pasado 8 de agosto ante el juzgado de instrucción número 12 de Valencia haber recibido agresiones físicas en un par de ocasiones e insultos racistas de forma continua tales como “moro de mierda”, “que te vayas a tu país”, u “ojalá se cerrarán ya todas las fronteras”. Respecto a la violencia física, en una primera ocasión, explica que un agente le despertó golpeándole con la porra. Ante su queja, éste le gritó “¡Si no te callas, te meto la porra por el culo!” e inmediatamente después le propinó una bofetada. Más adelante, en una segunda ocasión, mientras recogía ropa del suelo, un agente le tiró al suelo de una patada y le amenazó con la porra. Además, según explica el ciudadano marroquí, sospecha que este es el agente que también tira continuamente sus pertenencias al suelo y deshace su cama, casi a diario, como también denuncia Hadik.

Por último, Ayoub Bekkach explica en su denuncia que, el pasado 1 de agosto, dos internos discutieron sin que llegasen a pelearse y la policía avisó a los antidisturbios. Bekkach, que se encontraba en el comedor hablando con un compañero, cuestionó que un agente le mandara callar y a continuación lo sujetaron entre varios antidisturbios y le sacaron del comedor a empujones, le golpearon en repetidas ocasiones y le llevaron a la celda de aislamiento. Tras la paliza, tuvo que recibir asistencia médica en el Servicio de Urgencias del Hospital Peset por fuertes contusiones en la muñeca y la rodilla.

Los tres denunciantes han solicitado que se investiguen las grabaciones del sistema de vídeo vigilancia de los días y las horas señaladas, que se llame a declarar a los agentes identificados, que se proceda a la suspensión cautelar de funciones de éstos hasta el esclarecimiento de los hechos, que se suspenda cautelarmente la expulsión de las víctimas hasta que se esclarezcan los hechos, que se llame a los denunciantes a declarar y que testifiquen los internos que se encontraban en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Desde la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, hemos documentado que, en el último año, además de estas tres, las personas internas en Zapadores han interpuesto más de treinta denuncias ante el juzgado por presuntas agresiones policiales. Una situación insostenible ante la que exigimos que se tomen medidas inmediatas para garantizar que hechos tan graves como estos no vuelvan a suceder y que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para garantizar una investigación real de lo sucedido sin que se perjudique a las personas que ha interpuesto las denuncias, ni a los testigos presenciales.

 Imagen de las lesiones de Youssaf Alwalid, joven argelino que denunció una agresión policial en el CIE de Zapadores el pasado 11 de octubre tras una huelga de hambre.

Imagen de las lesiones de Youssaf Alwalid, joven argelino que denunció una agresión policial en el CIE de Zapadores el pasado 11 de octubre tras una huelga de hambre.

Acto de protesta de la Campaña por el Cierre de los CIE en la puerta del CIE de Zapadores

Acto de protesta de la Campaña por el Cierre de los CIE en la puerta del CIE de Zapadores

 
Los jóvenes identificaron al agente que les pegó, pero fueron expulsados y se archivó la denuncia
 
 
La Audiencia de Valencia ha acordado la reapertura de la investigación por los malos tratos denunciados por unos menores argelinos en el CIE de Zapadores en 2012. El alto tribunal considera que los hechos pueden constituir un delito de torturas -artículo 174 del Código Penal- y ordena que “al menos” se investigue si alguno de los policías identificados por los jóvenes fue el autor de la agresión ya que en el juzgado en el que se archivó el caso inicialmente “nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor”, según consta en el auto de la sección tercera de la Audiencia en el que se admite el recurso de apelación de las víctimas. Esta decisión se suma a la reciente imputación judicial a otro policía de Zapadores por golpear y humillar a un ciudadano argelino en octubre de 2013.
 
El 8 de abril de 2012, once personas llegaron a la costa de Níjar (Almería). Después de jugarse la vida durante 20 horas de travesía a bordo de una patera, fueron detenidas y a cinco se les recluyó en Zapadores a pesar de que al menos tres aseguraron ser menores de edad. Según su declaración, en la madrugada del 28 al 29 de abril, dos agentes de la policía entraron a registrar la celda que compartían con el pretexto de que olía a humo porque estaban fumando. Salieron sin encontrar nada, pero a los pocos minutos uno de los agentes volvió y arremetió de inmediato contra ellos: les golpeó repetidamente con las manos y con la porra, infligiéndoles graves contusiones en la cara, cuello, torso y brazos, según denunciaron. Los jóvenes declararon que el policía les gritaba mientras les pegaba, pero no entendieron nada porque no hablan castellano, y que este mismo agente también agredió a un hombre encerrado en una celda próxima
 
A instancia de las víctimas, el equipo médico y jurídico de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros elaboró un informe sobre las lesiones y presentó una solicitud de habeas corpus en el juzgado para que fueran puestos en libertad porque se produjo una detención ilegal de menores y se vulneró el derecho a la integridad física de estas personas protegido por la Constitución. El 30 de abril de 2012, todos ratificaron ante el juez los hechos, identificaron a los policías que estaban de guardia esa noche y describieron con detalle al agresor: un policía con color de pelo “rojo” o “rubio”, “grande”, de “complexión fuerte” y “con patillas”.
 
El juez desestimó el habeas corpus aunque continuó abierta la investigación iniciada por la denuncia de malos tratos en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia. De hecho, los jóvenes añadieron a la denuncia una queja por las represalias que sufrieron en Zapadores tras su declaración judicial: al día siguiente de su comparecencia en el juzgado, les impidieron beber agua en la comida, no les facilitaron jabón y les obligaron a permanecer encerrados en su cuarto durante muchas horas, sin facilitarles la medicación que paliara el dolor provocado por las lesiones. También se formalizó un recurso de alzada ante la Subdelegación del Gobierno en Almería exigiendo que se suspendiera la expulsión de estas cinco personas ya que tres de ellas eran menores y si los cinco no permanecían en España no se podría llevar a cabo “las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos criminales por los que se abrieron diligencias previas, lo que ocasionaría la impunidad evidente de los hechos, la falta de castigo en su caso del presunto agresor y la violación de derechos constitucionales y procesales”
 
Sin embargo, fueron expulsadas pocos días después y la única diligencia judicial practicada desde entonces fue citarlas a declarar casi un año después de haber sido deportadas a Argelia. Aunque se facilitaron datos para que las víctimas pudieran declarar a través del consulado español en Argelia, el Juzgado de Instrucción nº 4 decidió archivar el caso el 19 de septiembre de 2013 sin tomar declaración a las víctimas ni a los policías que estaban de servicio
 
La decisión de la Audiencia de Valencia de reabrir las investigaciones revoca el archivo de la causa decretado por el juzgado de instrucción y cuestiona la respuesta gubernamental a las preguntas sobre el caso que formuló el diputado de Esquerra Unida, Ricardo Sixto. El 14 de junio de 2012, el Gobierno, argumentando que todas las denuncias habían sido archivadas judicialmente, aseguró que “la acusación de malos tratos presuntamente cometidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía contra estos internos, así como toda clase de represalias, carecen de base alguna”. El Ejecutivo de Rajoy dio por cerrado el caso antes de que se agotara el procedimiento judicial, negó todas las acusaciones sin que la justicia concluyera su trabajo y evitó responder sobre la investigación interna que debía haber realizado al tener conocimiento de los hechos.
 
El auto de la Audiencia también reafirma la legítima actuación de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento en este caso, que prestó atención psicosocial, médica y jurídica a los denunciantes. Sin embargo, el director del CIE de Zapadores no lo entendió así e interpuso una denuncia por calumnias contra las y los representantes de varias organizaciones de la Campaña por haber comunicado a las autoridades los hechos de los que habían tenido conocimiento para que pudieran ser investigados. El juzgado sobreseyó la denuncia, poniendo de manifiesto su carácter infundado: fue un intento frustrado de amedrentar a la treintena de organizaciones sociales de la Campaña que continúa divulgando -antes y después de la denuncia por calumnias- las presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes que se cometen dentro y fuera de Zapadores.
 
La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros valora positivamente la decisión de la Audiencia y reclama que en las nuevas diligencias que se practiquen se esclarezcan los hechos teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias de las víctimas, quienes ya manifestaron en su día su voluntad de ratificarse en las declaraciones iniciales que realizaron ante el juez. La Campaña también espera que este precedente judicial suponga el fin de la práctica casi sistemática de expulsar a las presuntas víctimas de malos tratos, e incluso a los testigos, cuando se acude a la justicia para que investigue los hechos; si no se paralizan las expulsiones, las actuaciones judiciales acaban siendo archivadas por la imposibilidad de que se ratifiquen las denuncias, limitándose el derecho que cualquier persona tiene a la tutela judicial efectiva.
 
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