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Imágenes del interior de Zapadores

Imágenes del interior de Zapadores

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Valencia, 30 de junio de 2015.-  A un día de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, la Campaña CIEs NO queremos dar a conocer el interior del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores por las dificultades que esto va a suponer a partir de ahora, ya que su puesta en marcha supone graves obstáculos para la denuncia de vulneraciones de los Derechos Humanos. En este sentido, hemos querido publicar estas imágenes inéditas, que, además, pueden consultarse y descargarse en esta página web www.ciesno.com, en las que se observan las instalaciones y la situación de reclusión en la que viven las 156 personas para las que tiene capacidad esta cárcel racista.

Hay que recordar que la dirección del CIE de Zapadores ha denegado el acceso a los medios de comunicación e incluso a la propia Sindicatura de Greuges en reiteradas ocasiones. “Si el acceso a estos espacios ya era difícil, a partir de ahora, tomar imágenes de su interior estará penado por el Código Penal”, ha denunciado Ana Fornés, portavoz de la Campaña.

“A partir de mañana, bajo el pretexto de que el uso de ciertas fotografías puede ser sancionado administrativamente e incluso por vía penal***, se podrán poner aún más restricciones a la ciudadanía para saber cómo son estos establecimientos que, por otra parte, mantiene con sus impuestos –ha continuado-. El oscurantismo y la opacidad presidirán esta nueva reforma auspiciada por el Partido Popular en un intento de ocultar el mal gobierno al que nos han llevado. De ahí que la plataforma decida publicar hoy las tripas de esos espacios donde las personas migrantes no pueden ir al baño o sencillamente, llamar por teléfono, donde las personas, son sometidas a tratos degradantes, tal y como ya han apuntado diversos organismos de Derechos Humanos”, ha insistido la representante.

Condiciones denigrantes y riesgo para las personas internas

Como se ve en las fotografías, entre otras condiciones denigrantes, no existe apertura automática en las puertas, es manual, lo que supone un grave riesgo para la integridad y la salud de las personas recluidas, si se produjera, por ejemplo, un incendio; además, no hay aseos en las celdas, por lo que las personas internas deben realizar sus necesidades en botellas o cubos de basura.

Por todo ello, y, además, por la grave vulneración de los Derechos Humanos que supone la privación de libertad  por carecer de permiso de residencia, una falta administrativa equiparable a una multa de tráfico, vamos a concentrarnos esta tarde, a las 19.00 horas, en la puerta del CIE de Zapadores para exigir su cierre, tal y como venimos haciendo cada último martes de mes desde hace cinco años.

Asimismo, desde allí partiremos hacia la manifestación contra la Ley Mordaza y la Reforma del Código Penal que tiene previsto iniciarse, a las 20.00 horas, en la Plaza San Agustín y que finalizará en el Tribunal Superior de Justicia.

*** Según el Artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana será considerada una infracción grave: El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

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Foto del informe: Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur - Melilla

Foto del informe: Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur – Melilla

Barcelona, 25 de julio de 2014. Integrantes de la Comisión de observación de Derechos Humanos compuesta por miembros de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona realizaron durante la primera semana de julio de 2014 una visita a la Ciudad Autónoma de Melilla para evaluar las vulneraciones de derecho humanos que se han venido denunciando a lo largo del último año por las organizaciones locales.
Esta Comisión ha presentado esta mañana el Informe “Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur – Melilla” que se ha realizado como consecuencia de dicho trabajo y que elevará al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), a efecto de instar a estos organismos internacionales a tomar las medidas pertinentes para que se cumpla la legislación vigente.
En el transcurso de la presentación se ha advertido que “la violencia y la vulneración de derechos y libertades en la Frontera Sur son parte de nuestra propia realidad. No nos deben ser algo ajeno sino que nos atañe en primera instancia como organizaciones sociales y como personas. La exigencia por el cumplimiento de los derechos humanos es improrrogable; son valores de nuestra sociedad los que están en juego”.
Asimismo, se ha denunciado que “la vulneración de derechos humanos a ambos lados de la valla de Melilla es sistématica. La violencia que ejercen las fuerzas de seguridad de ambos Estados sobre las personas desencadena muertes, torturas y atentados a la integridad física”. Los ponentes han concluido que “el Estado español está incumpliendo la legalidad en la Frontera Sur. Entendemos que las órdenes llegan desde el Ministerio de Interior y las entidades sociales
emprenderemos todas las acciones legales y de movilización necesarias para que se aplique la legalidad vigente”.

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Integrantes de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona hemos constituido una comisión de Observadores de Derechos Humanos que ha visitado Melilla entre el 3 y el 6 de Julio. Desde esta Comisión elevaremos dentro de 15 días, ante la gravedad y urgencia de la situación que nos hemos encontrado, un Informe ante el Sub-Comité de Prevención de la Tortura de la ONU así como ante el Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. A través del cual se les solicitará que realicen una visita urgente para que evalúen directamente las vulneraciones de derechos en que están incurriendo los Estados Español y Marroquí.

Desde la Comisión, como conclusión de esta visita, queremos trasladar al conjunto de la sociedad nuestras conclusiones preliminares, las cuales serán desarrolladas debidamente en el Informe. Cabe destacar que en su trabajo la Comisión nos hemos reunido con diversas organizaciones locales que trabajan por la protección de los derechos humanos en la zona, entrevistado con personas que están en el CETI, realizado acompañamientos a personas enfermas a centros sanitarios, y recorrido el perímetro fronterizo.

1. Violencia policial a ambos lados de la valla contra la población migrante:

En la visita uno de los puntos centrales ha sido analizar los protocolos de actuación y las prácticas de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, así como las consecuencias de éstas. Hemos constatado las siguientes situaciones o prácticas vulneradoras de derechos:

a. Violencia de las fuerzas auxiliares marroquíes contra la población en tránsito migrante.

Las organizaciones locales e internacionales que llevan años trabajando en la zona han venido denunciado que el uso de métodos de tortura y la aplicación de malos tratos por parte de la policía marroquí es una constante. Mostramos nuestra preocupación por el recrudecimiento de dicha situación, ya que el control policial a los campamentos del Gurugú ha aumentado, así como se han producido actuaciones que se han saldado con numerosas personas heridas. De hecho, las organizaciones están investigando la muerte de al menos 5 personas en los últimos meses. En un video( http://vimeo.com/98687161 )grabado el 18 de Junio de 2014 en un intento de salto a la valla se puede ver una actuación en la que las fuerzas auxiliares marroquíes aplican mecanismos de tortura y malos tratos para evitar el salto a la valla. Asimismo, es importante destacar que tanto en esta ocasión como en otras, los malos tratos o la tortura se han producido después de una devolución “en caliente” ilegal.

Las actuaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes se producen debido a los acuerdos en materia de cooperación en control migratorio suscritos entre la Unión Europea, España y Marruecos. Entendemos que la UE y el Estado español son también responsables de corroborar que en la aplicación de un acuerdo del que son parte no se producen vulneraciones de Derechos Humanos.

b. Violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad españolas

Se ha constatado que en los últimos meses se han producido situaciones de malos tratos, principalmente en el momento de dar el salto a la valla, protagonizadas por las fuerzas policiales españolas. En una de dichas actuaciones, que llevaron a cabo Unidades de Intervención Policial (UIP) el pasado 24 de Abril, se saldó con al menos 50 personas heridas. En dicha intervención policial asimismo se lanzaron gases directamente a la cara de varias personas que se hallaban en la valla, a más de 5 metros de altura, poniendo claramente en riesgo su integridad física. En los días en que la comisión ha estado presente en Melilla no se ha producido ninguna entrada en el Estado español mediante la valla, pero si que hubo un intento en el que la Comisión estuvo presente, en la que uno de los agentes afirmó a estas personas “Tengan cuidado, que estos cuando saltan os pueden pisar, pegar o morder. Váyanse por su propia seguridad”. Entendemos que dicha afirmación es preocupante y podría dejar entrever una falta de control sobre los agentes actuantes en este tipo de situaciones, que corroboran lo manifestado por las organizaciones locales.

c. Instalación de una nueva valla de concertinas en territorio marroquí

La comisión ha visitado Melilla en un momento en que el Gobierno marroquí está construyendo una valla de unos 3 metros de altura que contará con tres filas de concertinas (tipo de cuchilla que también se emplea en la valla española). Queremos denunciar que la instalación de dicho dispositivo puede aumentar significativamente el número y la gravedad de las heridas de las personas que intenten acceder al Estado español por la valla.

d. Las devoluciones en “caliente” ilegales

Las organizaciones locales han documentado en los últimos meses que en la mayor parte de los accesos mediante la valla a Melilla se han producido devoluciones directas a Marruecos, sin respetar el ordenamiento legal vigente. Queremos recordar que recientemente se ha publicado un Informe titulado “Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley2” en el que denuncian la ilegalidad de dicha práctica policial, llegando incluso a afirmar que “la decisión, ejecución y colaboración activa y pasiva con las expulsiones en caliente incurriría en responsabilidad penal y disciplinaria”.

2. CETI →

A través de diversas entrevistas con las personas y organizaciones que trabajan en Melilla hemos tenido conocimiento de que el CETI de Melilla registra una ocupación tres veces superior a su capacidad máxima (480 plazas). Esta situación genera hacinamiento e imposibilidad de proporcionar la asistencia social y sanitaria adecuada y propicia un incremento de la tensión entre las personas internas y el consiguiente aumento de la conflictividad.

Sobre el terreno hemos podido detectar el importante número de personas sirias susceptibles de protección internacional, en tanto que desplazadas por el conflicto bélico desencadenado en su país de origen. Estas personas no ejercen su derecho a la solicitud de asilo ya que saben que comporta permanecer en Melilla durante meses antes de recibir una respuesta. Se trata de familias con hijos e hijas de corta edad (470 menores según datos de ACNUR). Una gran parte de estos menores no estarían debidamente escolarizados.

Los módulos que han tenido que habilitarse para dar cobijo al exceso de personas internas carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad y comportan la supresión de espacios que deberían emplearse para otro tipo de actividades como guardería, formación y educación.

La insuficiencia de espacios, además, impide que las familias puedan desarrollar adecuadamente una vida en común. Los niños y niñas carecen de instalaciones adecuadas a sus necesidades y no pueden estar con ambos progenitores salvo en el degradado descampado que rodea al centro. Denunciamos en este sentido la pasividad de las autoridades en el acondicionamiento y el mantenimiento del entorno del CETI en condiciones dignas.

Finalmente también presenciamos actitudes y comportamientos intolerables por parte de algunos trabajadores de la empresa de seguridad del CETI que, no cohibidos por nuestra presencia, profirieron insultos racistas a personas internas.

3. Situación de los menores extranejeros no acompañados (MENA)

Hemos constatado, tal y como afirma la Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN), el absoluto abandono por el cuidado y la protección de los menores no acompañados que residen en la Ciudad Autónoma de Melilla. El incumplimiento de la legislación tanto internacional como estatal en materia de protección de menores (por desamparo, no asunción de su tutela y la correspondiente irregularidad administrativa) se traduce en maltrato institucional y aboca a muchos de estos niños y niñas a la supervivencia callejera, con las consecuencias que esto conlleva: falta de escolarización o abandono paulatino de ésta, desasistencia sanitaria básica, exposición a las violencias asociadas a la situación de calle (trata, mendicidad, hambre, enfermedades, consumos y delictividad, etc.).

4. Asistencia sanitaria a personas migrantes

El contacto con la población migrante y las organizaciones de defensa de los DDHH que trabajan en la zona nos ha permitido conocer de primera mano situaciones de vulneración flagrante de la legalidad en lo que respecta a la asistencia sanitaria, en un doble sentido.

a. A las personas extranjeras en situación irregular, que según el art. 3.1 del RDL 16/2012 tienen derecho a la asistencia de urgencia sin facturación, se les exige, con carácter previo al ingreso en el servicio de urgencias, la firma de un compromiso de pago de los gastos que pueda generar la atención. Esta práctica, que se presenta como una mera formalidad, constituye un instrumento disuasorio del ejercicio de un derecho legalmente reconocido. Además, la asistencia que se presta en Urgencias resulta claramente insuficiente.

La atención que se dispensó a un joven marroquí al que acompañamos con una fractura abierta en la pierna (el extremo óseo de la tibia podía observarse a simple vista) y una infección importante y dolorosa consistió en la aplicación de yodo, cambio del vendaje y recomendación de que fuera a un centro médico marroquí.

b. Los menores extranjeros, que deben ser equiparados en el acceso al sistema sanitario con los nacionales españoles, tampoco están recibiendo la atención que la ley les garantiza. También a ellos se les pretende derivar de los servicios de urgencia a centros del otro lado de la frontera.

Al menor marroquí al que acompañamos al Hospital Comarcal, enfermo de sarcoma de Ewing con metástasis, se le había denegado, durante las dos semanas previas, el ingreso en el Centro y el traslado al hospital en la Península en el que podría recibir el tratamiento médico que pueda salvar su vida. Sólo la presión a los responsables del Centro ha logrado que, por el momento, el niño esté hospitalizado y sujeto a las pruebas médicas pertinentes.

 

 

En Melilla a 7 de julio de 2014

 

Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs

Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura

Grupo de Acción Comunitaria

Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona

Los partidos políticos del Ayuntamiento de Valencia se retratan a sí mismos en el Pleno del Ayuntamiento del pasado día 23 de octubre.