El Defensor del Pueblo vuelve a denunciar el desamparo de los jóvenes ex tutelados, suspende el contacto con la Generalitat y reitera que la Fiscalía General debe actuar

• La falta de tramitación de la residencia les provoca “graves perjuicios, entre otros, dificultad para acceder a recursos de ex tutelados, para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, etc.”, asegura Fernández Marugán
• La Campaña denunció al Defensor su encierro en el CIE y su situación de calle tras salir del centro de menores; ahora el Defensor “ha suspendido la actuación con los servicios de protección valencianos” y “ha dado traslado de la presente cuestión a la Fiscalía General”

València, 19 de enero de 2021.– El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha vuelto a dar traslado a la Fiscalía General del Estado de la situación de desamparo que sufren muchos menores tutelados por la Generalitat Valenciana al cumplir la mayoría de edad: se ven obligados a abandonar el centro de acogida y se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos ya que carecen de permiso de residencia y trabajo.


A principios de noviembre del pasado año el Defensor ya informó a la Fiscalía de esta situación al constatar que un gran número de jóvenes ex tutelados alcanzaba la mayoría de edad sin que se les hubiera tramitado el permiso de residencia. Ahora, dos meses más tarde, el Defensor del Pueblo reitera su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y, además, ha decidido suspender las actuaciones con la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas (responsable de la tutela de los menores) ante “la cantidad de menores tutelados por los servicios de protección de la Generalitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia y sin documentación identificativa”. En su respuesta a la Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones señala varias irregularidades.


En el escrito el Defensor del Pueblo reprocha la falta de tramitación de la autorización de residencia, lo que provoca “graves perjuicios, entre otros, dificultad para acceder a recursos de ex tutelados, para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, etc.” La Conselleria señala en el informe remitido al Defensor que no pudo tramitar la autorización de residencia por no poder documentar la filiación del menor, así como por no haber transcurrido nueve meses desde que se asumió su guarda. El Defensor desmiente en este punto a la Conselleria al indicar que no se puede considerar que el menor no tuviera documentada su filiación ya que “contaba con la pertinente identificación policial e inscripción en el Registro de menores extranjeros no acompañados, así como con decreto dictado por el Ministerio Fiscal en el procedimiento de determinación de edad incoado”.


Además, constata “lo erróneo de los plazos utilizados por la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, para instar la residencia de los menores”, contraviniendo lo indicado por el artículo 35.7 de la Ley de Extranjería. En este punto, numerosas administraciones continúan interpretando que es a partir de los nueve meses de tutela cuando deben instar a la tramitación de la autorización de residencia del menor, en base al desarrollo normativo del Reglamento de la Ley de Extranjería. Sin embargo, en su interpretación de esta normativa el Defensor del Pueblo señala que “en todo caso se otorgará la autorización transcurridos nueve meses desde dicha puesta a disposición. Por tanto, la citada normativa impone el plazo de nueve meses como un límite máximo para otorgar la residencia al menor, no como término a quo para presentar la solicitud”. Para ello se apoya además en el Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados
que establece el plazo de “tres meses desde la puesta a disposición del MENA en el Centro de protección de menores”.


Además, el Defensor vuelve a hacer referencia a la Nota Interna 1/2019 conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo que analiza la normativa y jurisprudencia aplicable a diferentes trámites a realizar por los menores extranjeros no acompañados y que ya indicó el Defensor que estaba siendo incumplida por las entidades de protección de menores. La Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas señala en el informe remitido que “el menor no estuvo bajo tutela de la entidad pública, asumiendo únicamente su guarda provisional”. Es por ello por lo que el Defensor se ve obligado a recordar el deber legal que incumbe a las entidades de protección de “declarar la tutela de los menores extranjeros no acompañados, sin prolongar la guarda de hecho más allá del tiempo necesario para su identificación y constatar su desamparo”, especificando que “los menores se encuentran desamparados cuando existe incumplimiento, o inadecuado ejercicio de los deberes de protección, estando privados de la necesaria asistencia moral o material”. Y así, la guarda provisional en tanto se constata el desamparo “no es óbice para la adopción de todas las medidas oportunas de protección, de modo especial, la de tramitar su autorización de residencia, habida cuenta de los graves perjuicios del acceso a la mayoría de edad sin ella”.
Por todo lo anterior, el Defensor del Pueblo “ha reiterado a la citada Conselleria el deber legal de instar a la tramitación de la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados” de acuerdo con lo establecido por la Ley de Extranjería y su Reglamento. Asimismo, “se le ha dado cuenta” de lo establecido en el Código Civil en referencia a la asunción de la tutela de los menores en desamparo. Finalmente, el Defensor señala que “habida cuenta de la cantidad de menores tutelados por los servicios de protección de la Generalitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia y sin documentación identificativa, ya sea pasaporte o cédula de inscripción, se ha suspendido la actuación con los servicios de protección valencianos y se ha dado traslado de la presente cuestión a la Fiscalía General, al objeto de que se adopten las medidas previstas en la citada Nota Interna 1/2019”.


En noviembre, el Defensor del Pueblo ya informó a la Fiscalía General del Estado sobre la situación de desamparo de los jóvenes ex tutelados. La iniciativa del Defensor se produjo a raíz de las quejas presentadas por la Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones en nombre de 10 de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores. Fernández Marugán notificó el pasado
6 de noviembre a la Campaña que había decidido dar traslado de este asunto “a la Fiscalía General a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros muchos inconvenientes”. Dos meses más tarde, el Defensor del Pueblo reitera el traslado de la problemática a la Fiscalía General del Estado y suspende las actuaciones con la Conselleria 3de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.


La Campaña CIEs NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todas las personas interesadas puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo, se adopten las medidas necesarias para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación.