IX ENCUENTRO ANUAL DE LA CAMPAÑA ESTATAL POR EL CIERRE DE LOS CIE Y EL FIN DE LAS DEPORTACIONES

El 5 de diciembre de 2020 tuvo lugar en modo virtual el noveno encuentro anual de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. Participaron Stop Deportación,
Tanquem els CIE, Migra Studium, CIEs NO Valencia, CIEs NO Madrid, Mundo en Movimiento,
Convivir sin Racismo, Coordinadora CIEs de Cadiz, CIEs NO Granada, CIEs NO Motril, EFS
Motril, APDHA y Algeciras Acoge.


La prevención de la expansión de la COVID-19 también motivó el cese momentáneo de las
deportaciones muy a pesar del gobierno que, en un alarde de irresponsabilidad en su función
de garante de los derechos fundamentales y mostrando un absoluto desprecio hacia la salud
pública, siguió deportando con las fronteras cerradas y ha trabajado duro para activarlas a
través de nuevos acuerdos de la vergüenza que tratan de normalizar la expulsión de personas
a países que ni siquiera son los suyos.


Los CIE (centros de internamiento de extranjeros) son un agujero negro en el Estado de
Derecho. En ellos se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, sino una
mera falta administrativa: no tener regularizada su residencia en el Estado español. Las
personas encerradas en los CIE, nuestras vecinas, llegan hasta aquí expulsadas de lugares y
situaciones adversas, en los que ningún motivo es vano o menos merecedor de protección.
2020 está siendo un año atípico también para el dispositivo deportador del Estado español. La
pandemia trajo consigo la declaración del estado de alarma, las restricciones de movilidad y el
cierre de fronteras. Por primera vez en sus 35 años de historia, los centros de internamiento de
extranjeros fueron totalmente vaciados y todos los CIE del territorio nacional permanecieron
cerrados durante 142 días, desde el 6 de mayo (cuando se produjo la liberación de las últimas
personas internas en el CIE de Algeciras) hasta el 25 de septiembre (momento en que se volvió
a encerrar a las primeras personas en el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria). 142 días
que evidenciaron que la injusta privación de libertad de personas extranjeras en estas cárceles
racistas es absolutamente prescindible y que el Estado español sea un territorio libre de CIE es
únicamente una cuestión de voluntad política: o se hace el juego a la industria del control
migratorio o se sitúa a las personas en el centro.

Lejos de situar a las personas en el centro, el gobierno está deshumanizando aún más la
gestión del fenómeno migratorio, instrumentalizando a las personas en movimiento,
resistiéndose a su regularización y, en definitiva, poniendo obstáculos al normal desarrollo de la
sociedad diversa que ya somos.
En este sentido, las entidades reunidas en torno a la Campaña Estatal por el cierre de los
CIE y el fin de las deportaciones, han constatado:


➔ El agravamiento en la vulneración de los derechos humanos en los CIE que ha
supuesto la COVID-19, motivado por la inexistencia de protocolos sanitarios o el
incumplimiento de las escasas medidas acordadas, la muy deficiente atención sanitaria,
el bloqueo en el acceso a asistencia letrada, la insuficiente o nula asistencia de
traductores, o las trabas en el acceso a la solicitud de protección internacional.


➔ Las anómalas circunstancias en las que se realizan las deportaciones: falta de
notificación, nocturnidad y violencia, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las
personas, que pueden ser deportadas ilegalmente sin un proceso de apelación o
recurso y llevadas de vuelta a los peligros de los que habían huido.


➔ El internamiento sistemático y deliberado de personas vulnerables, como menores de
edad o enfermas graves, o con arraigo, y la puesta en libertad de personas sin
derivación a recursos humanitarios o seguimiento sanitario.


➔ Varios intentos de suicidio por parte de personas internas sin la oportuna asistencia
sanitaria y la ausencia de investigación de las muertes producidas en CIE.


➔ La situación irregular de los módulos de mujeres y el internamiento de una única mujer
en el CIE de Aluche, imponiendo forzosamente su aislamiento.


➔ El incumplimiento de los compromisos recogidos en el convenio de colaboración entre el
Ministerio del Interior y Cruz Roja española para programas de asistencia social, cultural
y humanitaria en los CIE.


➔ La inexistencia de servicios de orientación jurídica (SOJ) para personas extranjeras en
todos los CIE, que les permita estar informadas de su situación administrativa y formular
los recursos legalmente previstos.


➔ La continua producción de abusos policiales, tales como agresiones y tratos vejatorios,
y la falta de investigación de estos comportamientos, consolidando su impunidad.


➔ La impunidad en que se mueve la Administración tras dificultar incluso negar la entrada
a las entidades acreditadas para realizar visitas y la ausencia de respuesta por parte de
los juzgados de control a múltiples quejas planteadas.


➔ La situación de vulneración de derechos que sigue teniendo lugar en los CATE, en los
que no se garantiza la atención jurídica individualizada ni la traducción y en los que se
han producido cuarentenas “voluntarias”, a pesar de que no cuentan con instalaciones
apropiadas.