El Defensor del Pueblo traslada a la Fiscalía General del Estado la situación de desamparo de los menores tutelados por la Generalitat al cumplir la mayoría de edad

Cast/Val


• Fernández Marugán ha tomado esta iniciativa “a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho”.


• La Campaña denunció al Defensor la situación de calle y sin posibilidad de obtener recursos al carecer de documentación de 10 de estos jóvenes, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en Zapadores.


València, 11 de noviembre de 2020.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha informado a la Fiscalía General del Estado sobre la situación de desamparo que sufren muchos menores tutelados por la Generalitat Valenciana al cumplir la mayoría de edad: se ven obligados a abandonar el centro de acogida y se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos ya que carecen de permiso de residencia y trabajo. La iniciativa del Defensor se ha producido a raíz de las quejas presentadas por la Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones en nombre de 10 de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores. Fernández Marugán notificó el pasado 6 de noviembre a la Campaña que había decidido dar traslado de este asunto “a la Fiscalía General a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros muchos inconvenientes”.


En el escrito, donde informa de la admisión a trámite de una de las 10 quejas presentadas, el Defensor analiza el fondo del problema, que no sólo afecta al caso concreto sino a muchos jóvenes abandonados a su suerte por la Administración cuando dejan de ser menores. El Defensor destaca la existencia de la Nota Interna 1/2019 dictada por la Fiscalía General del Estado, conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo, sobre la tramitación de la residencia de los menores extranjeros no acompañados, y recuerda que en ella “se promovía la obligación de supervisar el cumplimiento por las Entidades Públicas de Protección de Menores de su deber de instar ante la autoridad gubernativa la documentación de los menores extranjeros no acompañados y la agilización de los trámites correspondientes”. Por eso, tras resumir las pautas de actuación que las fiscalías deberían seguir ante estas situaciones, pone en conocimiento de la Fiscalía General la situación en la Comunidad Valenciana. De esta manera, el Defensor no sólo da traslado de las irregularidades cometidas con estos jóvenes sino que también pone de manifiesto el incumplimiento de la propia Fiscalía de su obligación de supervisar el funcionamiento de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, competente en la protección de menores.


El acompañamiento a estos jóvenes por parte de la Campaña CIEs No comenzó a principios de este año, al detectar en el lapso de pocas semanas la presencia de hasta siete menores de edad privados de libertad en Zapadores, tal como se relata en el informe “CIE de Zapadores: sin derecho a tener derechos” (https://ciesno.wordpress.com/2020/06/15/informe-cie-de-zapadores-sin-derecho-a-tener-derechos/). Cinco de ellos consiguieron demostrar su minoría de edad, bien aportando su documentación original enviada desde sus países de origen o bien después de que las pruebas de determinación de la edad así lo indicaran. Sin embargo, los otros dos no fueron reconocidos como menores de edad porque su documentación no fue aceptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de València en funciones de control del CIE, aunque finalmente fueron puestos en libertad por la imposibilidad de que fueran deportados. Los cinco chicos menores fueron trasladados a diferentes centros de protección en la Comunidad Valenciana, gestionados por la Conselleria d´Igualtat.


Pasados pocos meses y cuando todavía seguía vigente el Estado de alarma, uno de los chicos volvió a contactar con la Campaña CIEs NO para comunicarnos que había alcanzado los 18 años y había tenido que abandonar el centro en el que se encontraba sin que se le hubiera tramitado el permiso de residencia ni se le hubiera solicitado un recurso habitacional: estaba en situación de calle y de irregularidad administrativa.
Al ser preguntado si en esta misma situación pudieran encontrarse otros jóvenes relató conocer a varios chicos que habían quedado en situación de calle al cumplir la mayoría de edad. No se les había realizado la solicitud para participar en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana o esta les había sido tramitada, pero habían quedado en lista de espera por la ausencia de plazas disponibles. Además, a la mayoría de los chicos no se les había tramitado la autorización de residencia. Por tanto, después de haber llegado a España siendo menores de edad y estar un tiempo tutelados por el sistema de protección de menores, quedaban en situación de calle y en situación de irregularidad administrativa.


Gracias a la labor de estos jóvenes, la Campaña CIEs NO ha podido contactar con 12 de ellos, que han denunciado su situación ante el Defensor del Pueblo. Diez de ellos habían sido tutelados por la Comunidad Valenciana y otros dos habían llegado a València después de haber estado tutelados en otra comunidad autónoma.


El Defensor del Pueblo admitió a trámite las quejas y ha iniciado actuaciones con la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía de Menores de València. Los chicos a quienes no se había gestionado una plaza en la Red de Emancipación la solicitaron después de su salida del centro de menores con el acompañamiento de la Campaña sin que hasta el momento hayan recibido respuesta alguna por parte de la conselleria. La mayoría de estos jóvenes continúa estando en situación de calle y denuncian sentirse abandonados y maltratados por el sistema que debería protegerles. Piden ser documentados con un permiso que les permita residir y trabajar de forma legal, y acceder a los recursos de la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana.


La Campaña CIEs NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todos los interesados puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo,
se adopten las medidas necesarias para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación.





El Defensor del Pueblo trasllada a la Fiscalia General de l’Estat la situació de desemparament dels menors tutelats per la Generalitat en complir la majoria d’edat


• Fernández Marugán ha pres aquesta iniciativa “a la vista de la quantitat de menors tutelats per la Comunitat Valenciana que accedeixen a la seua majoria d’edat sense comptar amb l’autorització de residència a la qual tenen dret”.


• La Campanya va denunciar al Defensor la situació de carrer i sense possibilitat d’obtindre recursos per la falta de documentació de 10 d’aquests joves, alguns dels quals van ser tancats prèviament a Sapadors.


València, 11 de novembre de 2020.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha informat a la Fiscalia General de l’Estat sobre la situació de desemparament que pateixen molts menors tutelats per la Generalitat Valenciana en complir la majoria d’edat: es veuen obligats a abandonar el centre d’acollida i es queden al carrer sense recursos i sense possibilitat d’obtindre’ls ja que manquen de permís de residència i treball. La iniciativa del Defensor s’ha produït arran de les queixes presentades per la Campanya pel tancament dels CIEs i la fi de les deportacions en nom de 10 d’aquests xics, alguns dels quals van ser tancats prèviament al CIE de Sapadors. Fernández Marugán va notificar el passat 6 de novembre a la Campanya que havia decidit donar trasllat d’aquest assumpte “a la Fiscalia General a la vista de la quantitat de menors tutelats per la Comunitat Valenciana que accedeixen a la seua majoria d’edat sense comptar amb l’autorització de residència a la qual tenen dret, la qual cosa dificulta tant l’assignació d’un recurs per a ex tutelats, l’accés a les ajudes que pogueren correspondre’ls i la continuïtat del procés iniciat durant la seua minoria d’edat, entre molts altres inconvenients”.

En l’escrit, on informa de l’admissió a tràmit d’una de les 10 queixes presentades, el Defensor analitza el fons del problema, que no sols afecta al cas concret sinó a molts joves abandonats a la seua sort per l’Administració quan deixen de ser menors. El Defensor destaca l’existència de la Nota Interna 1/2019 dictada per la Fiscalia General de l’Estat, conjunta dels Fiscals de Sala d’Estrangeria, Menors i Contenciós Administratiu, sobre la tramitació de la residència dels menors estrangers no acompanyats, i recorda que en ella “es promovia l’obligació de supervisar el compliment per les Entitats Públiques de Protecció de Menors del seu deure d’instar davant l’autoritat governativa la documentació dels menors estrangers no acompanyats i l’agilitació dels tràmits corresponents”. Per això, després de resumir les pautes d’actuació que les fiscalies haurien de seguir davant aquestes situacions, posa en coneixement de la Fiscalia General la situació a la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, el Defensor no sols dóna trasllat de les irregularitats comeses amb aquests joves sinó que també posa de manifest l’incompliment de la pròpia Fiscalia de la seua obligació de supervisar el funcionament de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, competent en la protecció de menors.

L’acompanyament a aquests joves per part de la Campanya CIEs NO va començar a principis d’enguany, en detectar en el lapse de poques setmanes la presència de fins a set menors d’edat privats de llibertat en Sapadors, tal com es relata en l’informe “CIE de Zapadores: sin derecho a tener derechos” (https://ciesno.wordpress.com/2020/06/15/informe-cie-de-zapadores-sin-derecho-a-tener-derechos/). Cinc d’ells van aconseguir demostrar la seua minoria d’edat, bé aportant la seua documentació original enviada des dels seus països d’origen o bé després que les proves de determinació de l’edat així ho indicaren. No obstant això, els altres dos no van ser reconeguts com a menors d’edat perquè la seua documentació no va ser acceptada pel Jutjat d’Instrucció número 3 de València en funcions de control del CIE, encara que finalment van ser posats en llibertat per la impossibilitat que anaren deportats. Els cinc xics menors van ser traslladats a diferents centres de protecció a la Comunitat Valenciana, gestionats per la Conselleria d´Igualtat. Passats pocs mesos i quan encara continuava vigent l’Estat d’alarma, un dels xics va tornar a contactar amb la Campanya CIEs NO per a comunicar-nos que havia arribat als 18 anys i havia hagut d’abandonar el centre en el que es trobava sense que se li haguera tramitat el permís de residència ni se li haguera sol·licitat un recurs residencial: estava en situació de carrer i d’irregularitat administrativa.

En ser preguntat si en aquesta mateixa situació pogueren trobar-se altres joves va relatar conèixer a diversos xics que havien quedat en situació de carrer en complir la majoria d’edat. No se’ls havia realitzat la sol·licitud per a participar en la Xarxa d’Emancipació per a Joves Ex Tutelats de la Comunitat Valenciana o aquesta els havia sigut tramitada, però havien quedat en llista d’espera per l’absència de places disponibles. A més, a la majoria dels xics no se’ls havia tramitat l’autorització de residència. Per tant, després d’haver arribat a Espanya sent menors d’edat i estar un temps tutelats pel sistema de protecció de menors, quedaven en situació de carrer i en situació d’irregularitat administrativa. Gràcies a la labor d’aquests joves, la Campanya CIEs NO ha pogut contactar amb 12 d’ells, que han denunciat la seua situació davant el Defensor del Poble. Deu d’ells havien sigut tutelats per la Comunitat Valenciana i altres dos havien arribat a València després d’haver estat tutelats en una altra comunitat autònoma. El Defensor del Pueblo va admetre a tràmit les queixes i ha iniciat actuacions amb la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, amb la Fiscalia General de l’Estat i amb la Fiscalia de Menors de València.

Els xics als qui no s’havia gestionat una plaça en la Xarxa d’Emancipació la van sol·licitar després de la seua eixida del centre de menors amb l’acompanyament de la Campanya sense que fins al moment hagen rebut cap resposta per part de la Conselleria. La majoria d’aquests joves continua estant en situació de carrer i denuncien sentir-se abandonats i maltractats pel sistema que hauria de protegir-los. Demanen ser documentats amb un permís que els permeta residir i treballar de manera
legal, i accedir als recursos de la Xarxa d’Emancipació per a Joves Ex Tutelats de la Comunitat Valenciana. La Campanya CIEs NO exigeix a les administracions implicades en l’assumpte que de manera urgent adopten les mesures necessàries per a que tots els interessats puguen accedir tant a la documentació a la qual tenen dret com a una plaça en la Xarxa d’Emancipació per a Joves Ex Tutelats de la Comunitat Valenciana i que, així mateix, s’adopten les mesures necessàries per a que cap altre menor accedisca a la majoria d’edat sense que se li tramite el permís de residència i un recurs d’emancipació.

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