[NdP] EUROPA SIGUE CERRADA A LAS PERSONAS REFUGIADAS

Publicado: 26/09/2017 en Sin categoría
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• CIES NO y Obrim Fronteres critican la política migratoria de Europa y España.

• El gobierno español incumple el compromiso de acoger refugiados.

El 26 de septiembre termina el plazo oficial para que el gobierno de Rajoy cumpla el cicatero cupo de refugiados a los que se comprometió, hace dos años, ante la Unión Europea. Atónita e impotente, una parte de la sociedad contempla cómo se produce en nuestras fronteras una tragedia humanitaria de dimensiones históricas, sin que la Unión Europea ni el gobierno español tomen medidas para dar una respuesta acorde con los ideales que estuvieron en el origen del movimiento europeísta. Tres millones de refugiados y refugiadas de origen sirio, cuatro millones de personas desarraigadas iraquíes, dos millones de libios y libias desplazados por la guerra, etc. están llamando desesperadamente a las puertas de la Europa–Fortaleza y sólo encuentran indiferencia y rechazo, cuando no represión policial.

Ciertamente, la cuestión relevante no es el incumplimiento por parte del gobierno del compromiso adquirido sobre un ridículo número de personas refugiadas, poco más de diecisiete mil. Lo importante son las políticas migratorias que se vienen aplicando. Desde 2009, nuestro país tiene aprobada una Ley de Asilo, norma que no debería haber tenido más límites que el de la solidaridad humanitaria y el derecho a la vida de cualquier refugiado o refugiada. Sin embargo, la citada ley tiene un marco bien distinto. Vista la política de aislamiento y privación de derechos de las personas inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), es de temer que, si no hay una intensa movilización social, la legislación sobre las personas refugiadas seguirá reproduciendo los mismos criterios de insolidaridad y desprecio a la vida que se tienen con los que llegan a nuestras fronteras huyendo del hambre y la miseria.

El déficit de solidaridad que hay en la Unión Europea se prolonga en las políticas de los gobiernos miembros, que afrontan las llegadas de personas, refugiadas o inmigrantes, como una cuestión de seguridad y de orden público. Nada que ver con los derechos humanos que todos ellos dicen acatar.

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