DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EXPULSA A UN IMIGRANTE Y PADRE DE FAMILIA AL QUE EL JUEZ PUSO EN LIBERTAD

Publicado: 16/11/2012 en Sin categoría

La Subdelegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha deportado a un inmigrante nigeriano, padre de un niño de corta edad, a pesar de la existencia de un auto judicial que lo puso en libertad días atrás. La policía llegó ayer a la casa de S. O. y se lo llevó a la comisaría. Allí le comunicaron que estaba detenido para ser expulsado y un agente posteriormente llamó a su esposa para que le fuera “haciendo la maleta”. En esta comisaría permaneció encerrado hasta que hoy se ejecutó la deportación. Desde la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros se explicó la situación de S. O. a la Subdelegación, pero hizo caso omiso de la decisión judicial y de la Constitución y normativa internacional  que obliga a las instituciones a velar por la protección de los menores y por el derecho a vivir en familia por encima de cualquier irregularidad administrativa -como el hecho de no tener papeles- que se presente.

Esta persona llegó a España hace seis años huyendo de las malas condiciones de vida que tenía que sufrir en su país. En 2009 ya fue detenido por carecer de documentación, pero tras 23 días de reclusión lo liberaron al comprobar que no tenía antecedentes penales ni ninguna orden de captura pendiente. Su único delito entonces y ahora es no haber conseguido los papeles que acrediten su estancia regular, pese a haberlos solicitado reiteradamente. A principios del pasado mes de octubre, la policía lo volvió a detener mientras conversaba con un amigo en la calle.

En esta ocasión intentaron aplicar la norma europea -más conocida como directiva de la vergüenza- en la que el Estado español se amparó para ampliar el tiempo máximo de permanencia en el CIE hasta los 60 días. Sin embargo, su abogada interpuso un recurso y logró que el juez ordenara su puesta en libertad. Tres días después la policía se lo llevó de su casa. Una vez en la comisaria le explicaron que estaba detenido para ser deportado con el pretexto de que “la embajada de Nigeria ya lo ha documentado” y ahora podía ser deportado; no obstante, la decisión judicial que lo puso en libertad seguía vigente. Se presentó una queja ante la Defensora del Pueblo para que paralizara la expulsión, pero no se tiene noticia de que a la institución le haya dado tiempo a actuar.

La detención y resolución de expulsión de S. O. infringen las propias instrucciones del Ministerio del Interior, que anunció en abril de este año que no serían internados en los CIE las personas que pudieran demostrar arraigo social en España y no tuvieran causas penales pendientes o antecedentes. S. O., además de llevar viendo más de un lustro en este país, tenía una vivienda fija, amigos y mujer e hijo pequeño, que se han quedado desamparados al forzarle a retornar a Nigeria. La policía, al detenerle, también incumplió la circular expedida en mayo por la Dirección General en la que se considera improcedente “trasladar a dependencias policiales” a personas sin papeles que puedan demostrar su identidad y un  domicilio.

Desde la Campaña denunciamos la expulsión de S. O. y advertimos que se podría haber incurrido en un delito de detención ilegal al contradecir un mandato judicial. También queremos mostrar nuestra estupefacción porque el Gobierno recorta derechos tan básicos para la ciudadanía como la salud o la educación y, al mismo tiempo, invierte una media de 3.600 euros por cada persona deportada y gaste 85.000 euros en el control de la inmigración irregular en las fronteras. Mucho dinero para perseguir una falta administrativa.

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