LA CAMPAÑA EXIGE EL RETORNO DE LA PERSONA QUE DENUNCIÓ “TRATO BRUTAL” DE LA POLICÍA EN SU DEPORTACIÓN A NIGERIA

Publicado: 26/06/2012 en Sin categoría

La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento reclama que el nigeriano Austin Johnson sea devuelto a España para que el juez pueda investigar en debidas condiciones la denuncia por malos tratos por parte de los policías que lo condujeron durante el vuelo de deportación a Nigeria. En el hospital de Lagos certificaron “múltiples hematomas”.

La deportación a Nigeria de Austin Johnson el pasado 1 de junio no sólo impidió que haya podido conocer a su hija Divine, nacida ocho días después, sino que le supuso tres días de hospitalización en  Lagos por el “trato brutal” a que fue sometido por los policías que supuestamente custodiaban la expulsión, según denunció Peggy Abiemwense, compañera de Austin y madre de Divine, el 22 de junio en el juzgado de instrucción nº 17 de Valencia. Austin sufrió “agresiones directas con medios contundentes” y al llegar a su país fue trasladado directamente al Omuja Medical Center de Lagos, donde se le apreciaron “múltiples hematomas en la cara, marcas en las muñecas, contusiones múltiples en el pecho”, “molestias generales en todo el cuerpo” y “dificultad de movimientos cervicales derivados de un dolor agudo”, según consta en la documentación aportada en la denuncia. Los médicos le curaron las heridas, le escayolaron el brazo izquierdo, le pusieron la antitetánica y a los tres días, le dieron el alta y le mandaron a un centro ambulatorio para recibir otros tratamientos.

Ante la gravedad de lo denunciado y con el fin de que la justicia pueda investigar los hechos con todos los medios a su alcance, la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros exige la suspensión cautelar en sus funciones de los agentes implicados en la deportación mientras se investiga sus responsabilidades y el retorno de Austín Johnson a Torrent (Valencia), donde vivía con su familia. Las circunstancias en que se produjo la expulsión justifican la aplicación del artículo 59.4 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que faculta al Ministerio Fiscal para solicitar el regreso a España de un extranjero que “aparezca en un procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias judiciales”. De no ser así, se estaría obstruyendo la labor de la justicia, la víctima quedaría en estado de indefensión y el caso sería archivado. La mayoría de casos de malos tratos a extranjeros no pueden ser investigados suficientemente porque las presuntas víctimas son expulsadas al poco tiempo de formular las denuncias, tal como sucedió en mayo con los menores argelinos encerrados en el CIE de Zapadores: fueron devueltos a su país días después de acusar ante el juez a un policía por darles una paliza.

Paradójicamente, los mismos que impiden la investigación al ordenar la deportación argumentan que el archivo de los casos demuestra la falsedad de las denuncias, intentando desacreditar el testimonio de las víctimas y a quienes les acompañamos en la defensa de sus derechos.

Además, el retorno de Austin Johnson también está justificado por los nuevos criterios que el Ministerio del Interior anunció que adoptaría a la hora de decidir la expulsión de extranjeros. En abril, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró que no se deportaría a quienes carezcan de antecedentes y puedan demostrar su arraigo en España. Austin cumple ambos requisitos. Si bien el argumento oficial para obligarle a regresar a Nigeria fue que tiene antecedentes policiales por falsedad documental, esta acusación, formulada en 2009, aún no ha sido resuelta por ningún juez y él argumenta que fue engañado por unos compatriotas que le vendieron la documentación falsa que presentó en España para regularizar su situación. Sin embargo, se obvió la presunción de inocencia y prevaleció la supuesta comisión de un delito sobre el proyecto de vida que Austin estaba construyendo desde que llegó a España hace diez años, violando el derecho a vivir en familia. Actualmente, él y Pegy están empadronaos en Torrent, donde se dedicaba a la venta ambulante, colaboraba con varias organizaciones sociales y participaba de la vida social y cultural de la población. Ahora, Peggy tiene que hacer frente sola a las duras condiciones de vida que padecen las persona sin trabajo y con menores a su cargo.

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