Nota informativa.- INTERIOR INCUMPLE SUS NORMAS AL EXPULSAR A UNA PERSONA, APUNTO DE SER PADRE, QUE VIVÍA EN ESPAÑA DESDE HACE 10 AÑOS

Publicado: 04/06/2012 en Sin categoría

La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros denuncia que se sigue expulsando de España a personas extranjeras que cumplen con los requisitos de arraigo a pesar de que el Ministerio del Interior anunció que se suspendían estas deportaciones. A. J. fue deportado a Nigeria después de vivir en España más de diez años; su esposa, a punto de dar a luz, se ha quedado sola.

El Ministerio del Interior incumple sus propias disposiciones y continúa expulsando a personas migrantes sin antecedentes que pueden demostrar su arraigo en España. El pasado jueves, 31 de mayo, A. J., ciudadano de origen nigeriano con más de diez años de residencia en España y a punto de ser padre, fue deportado desde el CIE de Zapadores. Un mes antes, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró ante un centenar de periodistas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona (http://cl.noticias.yahoo.com/gobierno-espa%C3%B1ol-prioridad-expulsi%C3%B3n-inmigrantes-delitos-faltas-144804559.html) que no se deportarían a los extranjeros que, sin tener la documentación en regla, acreditaran arraigo social en España y carecieran de antecedentes judiciales o policiales. Ulloa especificó que por arraigo se entendía que estas personas tuvieran “un domicilio, familia, amigos o incluso un trabajo en la economía sumergida” (http://politica.elpais.com/politica/2012/04/30/actualidad/1335786537_704388.html). A. J. cumplía todos estos requisitos, pero fue obligado a subir al avión y a dejar sola a su esposa embarazada.

A. J. llegó a España hace una década y vivía en Torrent, donde estaba empadronado. En esta ciudad se dedicaba a la venta ambulante y era bastante conocido entre los vecinos y en algunas entidades sociales, como el banco de alimentos, a donde había tenido que acudir a pedir su colaboración, especialmente ahora que su compañera está embarazada de ocho meses y medio. Muchas veces, la policía lo paró en la calle para pedirle “los papeles”, pero al acreditar su residencia en Torrent no había habido mayores problemas. A mediados de abril, unos policías volvieron a requerirle la documentación. Sin embargo, en esta ocasión, sin que mediara ninguna circunstancia distinta, A. J. acabó encerrado en el CIE de Zapadores por carecer de permiso de residencia -una falta administrativa equivalente al impago de una multa de tráfico- y se le abrió un expediente de expulsión.

Cuando el secretario de Estado, Ignacio Ulloa, explicó los nuevos criterios a la hora de proceder a la expulsión de extranjeros, A. J. y muchas otras personas que se encuentran en la misma situación debieron ser puestas en libertad. Pero el expediente siguió su curso inexorablemente y el pasado jueves fue forzado a embarcar con destino a Lagos (Nigeria). Familiares de A. J. aseguran que al aterrizar tuvo que ser ingresado en un hospital por las heridas producidas en la cabeza durante el vuelo. Mientras tanto, su compañera tiene que enfrentar sola el riesgo de no encontrar recursos para hacer frente al alquiler de la casa compartida y para sobrevivir ella y el hijo de ambos que nacerá en las próximas semanas.

Desde la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros -entidad integrada por más de una veintena de organizaciones valencianas de apoyo a las personas migrantes- denunciamos la doble moral del Gobierno en esta materia. Por una parte, se anuncia a bombo y platillo que se van a limitar drásticamente las deportaciones, pero, por otra, se mantienen vigentes -aunque ocultas a la opinión pública- las mismas medidas que provocan dramas humanos al destruir proyectos de vida familiar. Por eso, exigimos que el Estado español respete el derecho a residir en territorio español a todas las personas que forman parte de esta sociedad y que se cumpla la nueva circular de la Dirección General de Policía que prohíbe las redadas con criterios étnicos y la detención de extranjeros que puedan acreditar su identidad y su domicilio.

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