UN JUZGADO DE VALENCIA ABRE UNA INVESTIGACIÓN POR LA DENUNCIA DE MALOS TRATOS CONTRA LOS INTERNOS DEL CIE de ZAPADORES

Publicado: 03/05/2012 en Sin categoría

Un juzgado de Valencia está investigando la denuncia por malos tratos formulada por cinco personas que permanecen detenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores. Tres de los cinco aseguran que son menores de edad y ya han presentado su partida de nacimiento para que se proceda a su puesta en libertad. Los cinco aseguraron a miembros de la Campaña por el Cierre de los CIE que en la madrugada del 28 al 29 de abril fueron golpeados con las manos y la porra por un policía de complexión fuerte, provocándoles contusiones en la cara, cuello, torso y brazos. Las organizaciones que integramos la Campaña solicitamos que el sujeto identificado como presunto agresor sea suspendido cautelarmente en sus funciones mientras se investigan judicialmente los hechos objeto de denuncia.

A instancia de las víctimas, el equipo médico y jurídico de la Campaña elaboró un informe sobre las lesiones y presentó una solicitud de habeas corpus en el juzgado por detención ilegal de menores y por haberse vulnerado el derecho a la integridad física de estas personas protegido por la Constitución. A raíz de la denuncia, se los citó a declarar y se ordenó abrir una investigación para determinar responsabilidades penales (Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado 1250/2012).
El pasado lunes, 30 de abril, el titular del juzgado de instrucción nº 3, a quien le tocaba resolver la petición de habeas corpus, tomó declaración a los cinco jóvenes ayudados por un intérprete ya que no hablan castellano, pues llegaron en una patera a las costas andaluzas el pasado 8 de abril.

Todos coincidieron en la descripción del agente agresor y en la narración de los hechos: el policía entró en la celda y, sin que se produjera ningún tipo de provocación por parte de ellos, comenzó a pegarles. Dos de ellos aseguraron que el mismo policía también golpeó a un hombre encerrado en una habitación próxima y uno de los chicos señaló que otro policía fue testigo de las agresiones. A pesar de las evidentes marcas provocadas por los golpes, ese día no recibieron asistencia sanitaria.

Sobre la minoría de edad, el juez consideró que la cuestión debe resolverla al juzgado andaluz que decretó el ingreso en el CIE. Tampoco admitió continuar la actuación judicial del hábeas corpus por la denuncia de los malos tratos porque se refieren a una “ocasión concreta”, “se trata de lesiones de muy escasa entidad” y no “se conoce la causa de las mismas”. No obstante, el mismo juez señala que realiza estas apreciaciones “sin perjuicio de lo que pueda resultar de la investigación de las diligencias previas incoadas por el juzgado competente” (se adjunta el auto del juez).
Además de denunciar lo sucedido, el objetivo de la presentación del hábeas corpus era obtener protección judicial para evitar que se repitieran los malos tratos. El pasado martes, al día siguiente de su comparecencia en el juzgado, los jóvenes explicaron a integrantes de la Campaña que han comenzado a tomar represalias en su contra: les han impedido beber agua en la comida, no les facilitan jabón y les obligan a permanecer encerrados en su cuarto durante muchas horas, sin facilitarles la medicación que palíe el dolor provocado por las lesiones.

El equipo jurídico de la Campaña presentó ayer una queja en el juzgado por estos hechos. También se formalizó un recurso de alzada ante la Subdelegación del Gobierno en Almería exigiendo que se suspenda la expulsión de estas cinco personas ya que tres de ellas son menores y si los cinco no permanecen en España no se podrán llevar a cabo “las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos criminales por los que se abrieron diligencias previas, lo que ocasionaría la impunidad evidente de los hechos, la falta de castigo en su caso del presunto agresor y la violación de derechos constitucionales y procesales”. En la mayoría de casos que se han denunciado malos tratos en el CIE de Valencia o en otros CIE, las actuaciones judiciales han sido archivadas porque las presuntas víctimas no pudieron colaborar en la investigación ya que fueron expulsadas.

Miembros de la campaña han puesto los hechos y las denuncias en conocimiento de la Delegada de Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, en su condición de última responsable de la policía y de los hechos que suceden en el CIE de Zapadores.

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