CAST/

Queridos/as amigos/as:

 De las “devoluciones en caliente” y en general de la violencia desplegada contra las personas migrantes en la “Frontera Sur” hay varios aspectos que resultan indignantes. Uno de ellos es la pasividad de la fiscalía en la investigación y ejercicio de la acción penalen supuestos con tan claros indicios delictivos. Por ello, te proponemos esta especie de “ciber-acción” que no te llevará demasiado tiempo, consistente mandar un email a todos los fiscales que podrían resultar competentes en los sucesos ocurridos en la Valla de Melilla el pasado 15 de octubre, requiriendo su actuación, además de mostrar nuestro descontento por la falta de interés demostrada hasta el momento acerca de los graves sucesos que vienen produciéndose en la Frontera Sur.

Para facilitar los envíos proponemos un mensaje, pero cada uno pude enviar el texto que estime conveniente, por supuesto, siempre en términos respetuosos. Se aconseja que como “asunto” cada uno ponga algo diferente, para que no filtren los mensajes como spam (indignante, ¿a dónde mira la fiscalía?, dejen de mirar hacia otro lado, devoluciones, delitos, etc, etc.).

Estos fiscales jerárquicamente responsables serían los siguientes:

1. Fiscal General del Estado. Eduardo Torres Dulce

2. Fiscal Superior de Andalucía. Jesús María García Calderón

3. Fiscal Jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero

4. Fiscal Jefe de Área de Melilla, María Rodríguez García

5. Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa

6. Fiscal de Extranjería de Málaga, Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros

 A continuación te copiamos la dirección electrónica y al final el texto sugerido.

 Estimado Sr. Torres Dulce, Fiscal del Estado:

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/el_ciudadano/atencion_ciudadano/oficina_atencion_ciudadano/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwMQgwsDBzd_Zy8gvwCDA0sDIEKIpEV-Hv4GgE%20VGPqGmli6GBu4G5Co393Hwg2owDPYydTDw9giyIQ4_QY4gCNB-8P1o1CVoLrA2dgUXQEWL-IzAewHsAI8jizIDQ2NMMj0THdUVAQAW4y5IA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Estimado Sr. Don Jesús María García Calderón, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía:

jesusm.garcia.ius@juntadeandalucia.es

 Estimado Sr. Don Juan Carlos López Caballero, Fiscal Jefe de Málaga

juanc.lopez.ius@juntadeandalucia.es

 Estimada Sra. Dña. María Rodríguez García, Fiscal Jefe de Área de Melilla

maria.rgarcia@fiscal.es

 Estimado Sr. Don Joaquín Sánchez-Covisa,  Fiscal de Sala de Extranjería:joaquin.sanchez@fiscalia.mju.es

 Estimado Sr. Don Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros

jandres.bermejo.ius@juntadeandalucia.es

 TEXTO PROPUESTO:

 Estimado…..

Ruego vea estos vídeos grabados en Melilla, territorio español:

http://vimeo.com/109091397

vimeo.com/109010316

 Siendo consciente de que la soberanía es del pueblo, ruego que en el ejercicio del servicio público que usted nos brinda, tenga a bien mantener a la sociedad puntualmente informada sobre todas las actuaciones que la Fiscalía inicie en relación a los hechos que atestiguan estos vídeos (en cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Instrucción de la FGE 3/2005) al considerar que los mismos son de extraordinaria relevancia e importancia social y trascendencia jurídico-penal.

 Recibida por ustedes esta información, considero que resulta imposible, sin incurrir en delito, no perseguir estos hechos (artículo 408 del código penal). 

 Teniendo en cuenta que el art. 124 de la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de  los ciudadanos, resulta sorprendente e indignante la pasividad que desde mi punto de vista viene mostrando la Fiscalía, incluidos los Fiscales de Extranjería, ante las “devoluciones en caliente” y otras ilegalidades y delitos que de forma flagrante desde hace tiempo se cometen en nuestro país contra las personas migrantes. Confío que dicha pasividad termine y poder recuperar la confianza en la institución de la que usted forma parte.

Quedo a la espera.

 (Nombre, Apellidos y DNI/nie/pasport)


 VAL/

Benvolguts/des amics/gues:
De les “devolucions en calent” i en general de la violència desplegada contra les persones migrants en la “Frontera Sud” hi ha diversos aspectes que resulten indignants. Un d’ells és la passivitat de la fiscalia en la investigació i exercici de l’acció penal en supòsits amb uns indicis delictius tan clars. Per aquesta raó, et proposem aquesta mena de “ciber-acció” que no et prendrà massa temps, consistent en enviar un e-mail a tots els fiscals que podrien resultar competents en els successos ocorreguts en la Valla de Melilla el passat 15 d’octubre, requirint la seua actuació, a més de mostrar el nostre descontent per la manca d’interès demostrat fins al moment envers els greus successos que s’estan produint a la Frontera Sud.
Per facilitar els enviaments proponsm un missatge, però cadascú pot enviar el text que estime convenient, per suposat, sempre en terminis respectuosos. S’aconsella que cadascú anote un “assumpte” diferent, per tal que no filtren els missatges com spam (“Indignant”; “Cap a on mira la fiscalia?”Deixen de mirar cap a altre lloc; Delictes; etc, etc).

Aquests fiscals jeràrquicament responsables serien els següents:
Fiscal General de l’Estat. Eduardo Torres Dulce,
Fiscal Superior d’Andalucia. Jesús María García Calderón,
Cap Fiscal de Màlaga, Juan Carlos López Cabalero,
Cap Fiscal d’Àrea de Melilla, María Rodríguez García,
Fiscal de Sala Coordinador d’Estrangeria, Joaquín Sánchez-Covisa,
Fiscal d’Estrangeria de Màlaga, Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros

A continuació et copiem l’adreça electrònica i al final el text suggerit.
Estimado Sr Torres Dulce, Fiscal General del Estat:

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/el_ciudadano/atencion_ciudadano/oficina_atencion_ciudadano/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwMQgwsDBzd_Zy8gvwCDA0sDIEKIpEV-Hv4GgE%20VGPqGmli6GBu4G5Co393Hwg2owDPYydTDw9giyIQ4_QY4gCNB-8P1o1CVoLrA2dgUXQEWL-IzAewHsAI8jizIDQ2NMMj0THdUVAQAW4y5IA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Estimado Sr. Don Jesús María García Calderón, Jefe Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía:
jesusm.garcia.ius@juntadeandalucia.es

Estimado Sr. Don Juan Carlos López Caballero, Fiscal Jefe de Málaga
juanc.lopez.ius@juntadeandalucia.es

Estimada Sra. Dña. María Rodríguez García, Fiscal Jefe de Área de Melilla
maria.rgarcia@fiscal.es

Estimado Sr. Don Joaquín Sánchez-Covisa,  Fiscal de Sala de Extranjería: joaquin.sanchez@fiscalia.mju.es

Estimado Sr. Don Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros
jandres.bermejo.ius@juntadeandalucia.es

TEXTO PROPUESTO:
 
Estimado…..
Ruego vea estos vídeos grabados en Melilla, territorio español:
http://vimeo.com/109091397
vimeo.com/109010316
 
Siendo consciente de que la soberanía es del pueblo, ruego que en el ejercicio del servicio público que usted nos brinda, tenga a bien mantener a la sociedad puntualmente informada sobre todas las actuaciones que la Fiscalía inicie en relación a los hechos que atestiguan estos vídeos (en cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Instrucción de la FGE 3/2005) al considerar que los mismos son de extraordinaria relevancia e importancia social y trascendencia jurídico-penal.
           
Recibida por ustedes esta información, considero que resulta imposible, sin incurrir en delito, no perseguir estos hechos (artículo 408 del código penal). 
 
            Teniendo en cuenta que el art. 124 de la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de  los ciudadanos, resulta sorprendente e indignante la pasividad que desde mi punto de vista viene mostrando la Fiscalía, incluidos los Fiscales de Extranjería, ante las “devoluciones en caliente” y otras ilegalidades y delitos que de forma flagrante desde hace tiempo se cometen en nuestro país contra las personas migrantes. Confío que dicha pasividad termine y poder recuperar la confianza en la institución de la que usted forma parte.
 
 
Quedo a la espera,
 
(Nombre, Apellidos y DNI/nie/pasport)

en la valla de Melilla

 

Tras el intento de entrada de más de 200 personas el pasado jueves a través de la valla de Melilla, las 70 organizaciones firmantes de esta nota de prensa queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a las prácticas llevadas a cabo por las autoridades españolas que, lejos de  respetar la legislación nacional, europea e internacional y garantizar el respeto de los derechos humanos y el principio de no devolución, han devuelto una vez más de forma sumaria a personas que se encontraban en territorio español.  A pesar de que estas devoluciones están siendo objeto de investigación por parte de los tribunales y que han llevado a la imputación del responsable máximo de la Guardia Civil de Melilla, las autoridades españolas siguen llevándolas a cabo para a expulsar  a Marruecos a personas inmigrantes y potenciales refugiadas que llegan a nuestras fronteras.

Después de analizar los vídeos aportados por PRODEIN en los que se puede observar una probable expulsión sumaria, así como posibles agresiones a personas inmigrantes, las entidades firmantes instan de forma urgente al poder judicial, y a los órganos europeos de defensa de los Derechos Humanos, a que abran una investigación de oficio para aclarar estos hechos. A través del primer video se puede ver como de manera evidente una persona es expulsada de forma sumaria tras haber atravesado todas las vallas, sin tener acceso a las garantías previstas en la LOEX, en el Tratado bilateral entre España y Marruecos y en la legislación europea e internacional; en el segundo observamos con preocupación el trato ofrecido por parte de la Guardia Civil a una persona inmigrante, de la que –según el vídeo ofrecido por PRODEIN- desconocemos su estado de salud.

Además las entidades firmantes recuerdan que muchas de las personas que llegan a nuestras fronteras huyen de conflictos y graves violaciones de los derechos humanos y se les está negando el acceso al procedimiento de protección internacional. En lugar de garantizar su derecho a pedir asilo, se les recibe con concertinas y se les devuelve a Marruecos de forma irregular donde son víctimas de violaciones de sus derechos humanos y no se les garantiza una adecuada protección.

Al mismo tiempo, recuerdan que la exigencia del cese en la vía de hecho de las devoluciones irregulares ha sido solicitado por éstas y otras organizaciones a través de peticiones explícitas a los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla los pasados 4 de marzo y 7 de abril sobre las que no se ha obtenido respuesta,  a través de escritos al Defensor de Pueblo y por medio de diversas acciones judiciales.

En este sentido, las entidades firmantes consideran que el nuevo panorama político europeo configurado después de las últimas elecciones debe considerar como prioritaria en su agenda

no sólo la resolución de la problemática fronteriza aportando criterios de racionalidad a una política que está creando conflictos irresolubles, tanto humanos como institucionales, en los países de la frontera de la Unión Europea, sino que también debe contener la exigencia a los países miembros del cumplimiento de la legislación vigente estableciendo sanciones a quien incumpla la misma.

Las entidades firmantes quieren manifestar, una vez más, su preocupación por esta situación que se prolongada en los últimos 18 meses, recordando, que de nada servirán políticas que sólo abogan por el rechazo sistemático y frecuentemente violento de los que buscan en Europa las oportunidades que sus respectivos países les niegan y donde en muchas ocasiones son víctimas de persecución. Sólo podremos dar una solución a este problema si planteamos un diálogo serio que aborde la problemática de los flujos migratorios desde una perspectiva global, prevaleciendo ante todo la protección de los Derechos Humanos y la transparencia y el respeto a la legislación nacional e internacional, evitando siempre cualquier tipo de medida coercitiva.

Por último, estas organizaciones recuerdan al Gobierno que el Estado, o cualquier agente que esté al servicio de éste, no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales por lo que exigen de forma inmediata el fin de esta práctica ilegal, que se investiguen los hechos de este vídeo, así como que se depuren las responsabilidades pertinentes.

 ENTIDADES ADHERIDAS:

Migreurop

 Andalucía Acoge

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

CEAR

Federación SOS Racismo

Amandala

Asociación Elín

Foro Gallego de Inmigración

Fundación Sevilla Acoge

AVV Lanuza Casco Viejo (Zaragoza)

Asociación Libre de Abogados

Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona

Tanquem els Cies

Médicos del Mundo

Red Acoge

Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España – AISE

Asociación Consorcio de Cooperación

Iglesia Evangélica Española

Coordinadora de Barrios

Pueblos Unidos

San Carlos Borromeo

Asociación Integrando

Movimiento Tierra y Libertad

Red Jurídica Sociedad Cooperativa

Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos

Grupo de Acción Comunitaria

Entrepueblos

Mujeres de Negro

ADSP – Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans

Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, del Colegio de Abogados de Barcelona

Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Círculo de Silencio de Madrid

Plataforma A Desalambrar

Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid

Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros

SOS Racismo Madrid;

Comisión CIE Ferrocarril Clandestino

Ruta contra’l Racismu y la Represión

CIEs NO Valencia

Africanos en Valencia – AVSA

Antifeixistes PV

Asociación Entreiguales

Asociación Martín Fierro

A.V. Natzaret

CEDSALA

Colectivo Desalambrando

Colectivo Roma

Entrepueblos

Psicólogos Sin Fronteras

Grup d’Acció Comunitària

AEDIDH,

Col·lectiu Sense Papers

Comunidades Cristianas Populares

Foro Alternativo de la Inmigración

HOAC

Jarit

Valencia Acoge

Semàfor Roig

Sodepau

Intersindical valenciana

Colectiu Sud-Cacarica

Asociación Candombe

CNT-Valencia

Mesa d’Entitats de Solidaritat amb les i els migrants

Plataforma Somos Migrantes de Sevilla

Asociación Voluntariado Claver

Coordinadora de Barrios de Murcia

Arankoa Despacho Jurídico

Asociación Apoyo – Madrid

Más de 70 entidades piden al poder judicial y a la UE que investiguen de oficio la violencia y devoluciones en Melilla http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigracion/mas-de-70-entidades-piden-al-poder-judicial-y-a-la-ue-que-investiguen-de-oficio-la-violencia-y-devoluciones-en-melilla_SdtCJW1afuHzTlgATWfrf6/

melilla (1)

Una  traducción  literal  de  la  expresión  latina  Mos  Maiorum  podría  ser  “las  costumbres  de  nuestros  mayores”.  Si  nos  detenemos  a  pensar  cuáles  son  esas  “costumbres”  que  “nuestros  mayores”  nos  dejaron,  en  este  país  que  ha  vivido  históricamente  tanto  la  realidad  de  los  que  llegaron  a  nuestra  tierra  como  la  de  los  que  se  tuvieron  que  ir,  nos  vienen  a  la  mente  valores  como  acogida,  hospitalidad,  actitud  de  servicio  y  disponibilidad  para  el  que  llegaba  hasta  la  puerta  de  nuestra  casa  con  una  necesidad.

Mos   Maiorum,   irónicamente,   es   también   el   nombre   que   el   Consejo  Europeo  ha  decidido  darle  a  su  nuevo  operativo  continental  de  captura  de  personas   migrantes.   El   supuesto   objetivo,   expresado   en   el   documento  oficial  compartido  por  los  medios,  es  “recopilar  información  relevante  con  el  fin  de  investigar  y  desarticular  grupos  de  crimen  organizado”.  A  lo  largo  de  la  semana,  España  ha  confirmado  su  participación  en  el  operativo  sin  dar   más   información   ni   señalar   los   procedimientos   que   seguirá   este  operativo  policial  en  nuestro  país.

   Huyendo   de   la   traducción   literal,   Mos   Maiorum   era   entendido   en   la  antigua   Roma   como   el   conjunto   de   leyes   que   una   persona   debía   de  observar  dentro  de  la  sociedad  romana.  Desde  ese  mismo  respeto  a  la  ley,  y   con   la   precaución   y   las   sospechas   que   el   precedente   que   otras  operaciones   similares   como   Perkunas   (2013),   Aphrodite   (2012),   Balder  (2012)  o  Demeter  (2011)  han  dejado,  las  asociaciones  y  colectivos  abajo  firmantes  EXIGIMOS    al  Ministerio  del  Interior:

  • El   absoluto   respeto   a   los   derechos   fundamentales   de   todos   los  ciudadanos,   y   muy   especialmente   de   las   personas   migrantes,   con  independencia   de   su   situación   administrativa,   garantizando   su  seguridad   jurídica   y   personal,   que   no   van   a   ser   sometidos   a  identificaciones   ni   detenciones   arbitrarias   y   que   bajo   ningún concepto  se  van  a  aplicar  criterios  de  perfil  racial  o  étnico.
  • La  mayor  transparencia  en  la  gestión  del  operativo  que  por  su  grave  afectación   de   derechos   fundamentales   tiene   que   ser   objeto   de  control  judicial  y  escrutinio  público  como  garantía  democrática  de  que  las  operaciones  de  seguridad  se  realizan  sin  menoscabo  de  la  libertad  de  los  ciudadanos.

Desde   los   colectivos   firmantes,   animados   por   la   Declaración   de   los  Derechos  Humanos  que  reconoce  el  “derecho  de  toda  persona  a  disfrutar  de   una   nivel   de   vida   adecuado   y   la   obligación   de   comportarnos  fraternalmente

DENUNCIAMOS:

  • Que  la  actual  política  de  cierre  y  control  de  fronteras  ejercida  por  el  Ministerio   del   Interior   -­‐   y   amparada   por   Europa   -­‐obliga   a   los  refugiados  y  a  los  migrantes  a  elegir  rutas  cada  vez  más  peligrosas  que  les  somete  a  situaciones  de  mayor  vulnerabilidad.
  • Que  los  instrumentos  de  control,  como  la  operación  Mos  Maiorum,  son   utilizados   para   justificar   redadas   con   un   claro   perfil   racial  (absolutamente   ilegales   según   la   legislación   española)   que  criminalizan   a   las   personas   migrantes   al   ser   sometidas   a  identificaciones  y  detenciones  en  lugares  públicos.  Afectando  a  su  dignidad  personal  y  conculcando  sus  derechos  fundamentales.
  • Que  las  políticas  de  gestión  de  las  fronteras  exteriores  de  la  Unión  generan  8  muertes  diarias  tan  solo  en  la  FRONTERA  SUR,  así  como  un  número  importante  de  heridos  Así  mismo,  las  asociaciones  y  colectivos  firmantes,  informamos  que  a  lo  largo  de  los  13  días  previsto  que  dure  el  operativo  estaremos  realizando  labores   de   vigilancia   y   observación   de   los   Derechos   Humanos   así   como  denunciando   públicamente   cualquier   atentado   contra   los   mismos   que  pudiera  darse  durante  dicha  operación:  Mos  Maiorum.

Ningún ser humano es ilegal

CIEs NO exige responsabilidades políticas ante las más de treinta denuncias interpuestas en 2014

Valencia, 1 de octubre de 2014.- Dos ciudadanos de origen argelino que se encuentran actualmente detenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)  de Zapadores han interpuesto nuevas denuncias por agresiones de la policía tras el intento de fuga que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre. Éstas se añaden a la queja ante la Defensoría del Pueblo que se presentó por el mismo motivo la semana pasada y que apuntaba a más 10 heridos, a quienes se les tuvo que aplicar sutura en forma de grapas, por las lesiones que presentaban en la cabeza, fruto de la represalia de 3 agentes de policía, según declaran.

Las tres denuncias coinciden en la desproporción de la violencia que utilizaron los agentes para reprimir la huida de los internos, además de en las graves represalias, que sufrieron después, hubiesen participado o no del intento de fuga. Asimismo, los tres señalan que ninguno fue atendido en un centro hospitalario, tal y como reclamaban, y que la atención la recibieron en el CIE por parte del servicio médico que les aplicó puntos de sutura.

Ante la gravedad de estos hechos, desde la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE’s No, exigimos responsabilidades políticas urgentes por parte del Ministerio del Interior, organismo que gestiona estos espacios. “Es necesaria una actuación del Ministerio del Interior acorde con el Estado de Derecho que dice representar. No podemos consentir que se continúen vulnerando los derechos fundamentales de las personas internas en Zapadores. Cada vez que se denuncian agresiones por parte de la policía, inmediatamente después se expulsa a su países de origen a víctimas y testigos, lo que paraliza el proceso. En lo que va de año,  hemos recogido más de treinta denuncias interpuestas por palizas, maltrato y humillaciones. El fomento del la impunidad desde el Gobierno es inadmisible.”, ha asegurado Ana Fornés, portavoz de la plataforma que agrupa a más de 30 organizaciones sociales del tejido asociativo valenciano.

“Por todo ello –concluye Fornés- vamos a seguir exigiendo que se paralicen las expulsiones de víctimas y testigos, que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes en cada una de las denuncias, así como el cierre de estos espacios cuya mera existencia vulnera los Derechos Humanos”.

agresionCIEvalencia

Amiwi Harrabisat tuvo que ser atendido y recibió varios puntos de sutura en la cabeza

La Audiencia Provincial de Valencia ordena al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia reabrir un caso, llamando a declarar como imputado a un agente de policía nacional y a otros cuatro como testigos por una denuncia de malos tratos interpuesta por unos menores argelinos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en 2012. En el auto la Audiencia admite el recurso de apelación de las víctimas y reabre el caso al considerar que los hechos podrían constituir un delito de torturas del artículo 174 del Código Penal.

El tribunal apunta la necesidad de investigar los hechos dado que el Juzgado de Instrucción nº4, encargado en primera instancia de la investigación, decidió archivar el caso el 19 de septiembre de 2013, permitiendo la expulsión de las víctimas sin tomarles  declaración. Tampoco llamó a declarar a los policías que estaban de servicio.

La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs NO) ha denunciado la falta de actuación jurídica que hasta el momento se ha dirigido a esclarecer los hechos, ya que en el juzgado que archivó inicialmente el caso, “nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor”. Asimismo la plataforma reclama la suspensión de las expulsiones de víctimas y testigos en los casos de graves violaciones a los derechos fundamentales, alertando sobre el reciente caso de tres personas de nacionalidad marroquí que tras denunciar agresiones por parte de miembros de la policía nacional claramente identificados, fueron deportados de manera express a su país de origen.

 Auto imputación 1

auto imputación 2

Los colectivos abajo firmantes mostramos nuestra profunda repulsa y preocupación por la escalada de violencia de las que las personas migrantes y refugiadas están siendo víctimas en la Frontera Sur. En particular, denunciamos las agresiones cometidas contra personas refugiadas y migrantes y contra activistas de derechos humanos en Tánger por parte de personas armadas.

Los días 15 y 16 de agosto, personas armadas con machetes, piedras, palos y armas blancas agredieron a migrantes de origen sursahariano en el barrio Boukhalef de Tánger. Cinco de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital con heridas de arma blanca y al menos tres mujeres fueron agredidas sexualmente, entre ellas la activista de derechos humanos Helena Maleno, quien, según nos consta cuenta con lesiones en el cuello, la espalda y el pecho.

Los hechos se cometieron ante la pasividad de la policía marroquí, quien presenció las agresiones sin intervenir para evitarlas.

Ante estos hechos:

  • Mostramos nuestra profunda preocupación por las violaciones de derechos fundamentales cometidas contra personas africanas en Marruecos (especialmente contra las mujeres y menores), bajo la aquiescencia de sus autoridades y la pasividad de la Unión Europa y el gobierno del Reino de España.

  • Exigimos al gobierno español que proteja a sus ciudadanas que cooperan en otros países en la defensa de los derechos humanos, facilitando garantías para que su trabajo se pueda desarrollar en condiciones.

  • Ante las dos agresiones sexuales, la violación y la multitud de gente herida de la que tenemos constancia, instamos al gobierno de España para que exija al Reino de Marruecos el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los culpables y el establecimiento de responsabilidades. El Consulado de España en Marruecos debe pedir explicaciones por los hechos cometidos e información sobre las medidas que adoptará para evitar nuevas agresiones y asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas.

  • Instamos a colectivos, organizaciones, instituciones y a la Comunidad Internacional en general a mostrar su repulsa por estos hechos.

Primeras adhesiones

Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIEs NO Valencia (Africanos en Valencia – AVSA, Antifeixistes PV, Asociación Entreiguales, Asociación Martín Fierro, A.V. Natzaret, CEAR PV, CEDSALA, Colectivo Desalambrando, Colectivo Roma, Psicólogos Sin Fronteras, Grup d’Acció Comunitària, AEDIDH, Col·lectiu Sense Papers, Comunidades Cristianas Populares, Foro Alternativo de la Inmigración, HOAC, Jarit, Médicos del Mundo, Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, Valencia Acoge, Semàfor Roig, Sodepau, Intersindical valenciana y Colectiu Sud-Cacarica, Asociación Candombe, CNT-Valencia), Centro de Documentación contra la Tortura, CEAR Euskadi, Grupo de Acción Comunitaria, Entrepueblos, Mesa d’Entitats de Solidaritat amb les i els migrants, Javier de Lucas-Instituto Derechos Humanos Universidad de Valencia UVEG, Federación SOS Racismo, Asociación Cambalache, Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans-UB, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, Comisión CIE Ferrocarril Clandestino, Asociación Sin Papeles de Madrid, Mesa d’Entitats de Solidaritat amb les i els Migrants, Tanquem els CIEs, Convergencia de las Culturas, Asamblea 15M de la Marina-Zona Franca, CP San Carlos Borromeo, Coordinadora de Barrios, APDHA-Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de les Illes Balears, Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza -REICAZ, Salhaketa-araba, Oteando, Coordinadora Detección y Denuncia de la Tortura.

Organizaciones, colectivos y entidades firmantes

Dirigido a,

– Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

– Relator Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos

– Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes.

- Ombudsman europeo

– Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

– Ministerio Interior.

– Defensoría del Pueblo.

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Para sumarse a las adhesiones: cies.no@gmail.com

Imagen  —  Publicado: 19/08/2014 en Campaña Estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros
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Valencia, 14 de agosto de 2014.- Tres internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores han denunciado en la última semana haber recibido agresiones físicas y verbales por parte de agentes de Policía. Abderrahmane Hadik, de 21 años, Ahmed Zerwal, de 26 años, y Ayoub Bekkach, de 19 años, ciudadanos de origen marroquí que se encuentran detenidos en el CIE de Valencia, han puesto en conocimiento del juzgado y la recién estrenada Fiscalía de Igualdad de Trato y No Discriminación el “acoso” y las “vejaciones” que están sufriendo desde su internamiento, y ante los que poseen numerosos testigos, según explican en su propia declaración.

En este sentido, Hadik denunció el pasado 3 de agosto ante el juzgado de instrucción número 7 de Valencia que, ese mismo día, durante la hora del desayuno, un agente de policía -que hacía alusiones continuas y despreciativas a su olor corporal y origen étnico- le golpeó en el vientre, genitales, piernas y brazos, con la colaboración de otro que le inmovilizó sujetándole por el cuello. Después, cayó al suelo y fue arrastrado por el pasillo mientras continuaban golpeándole. Asimismo, denuncia recibir insultos como “moro de mierda” a diario, por parte de los agentes y que éstos le deshacen la cama y le tiran sus pertenencias al suelo. Ambos agentes carecían de identificación en el momento de las agresiones, aunque, en su denuncia, Hadik los describe físicamente y asegura poder reconocerlos con facilidad y más adelante, en una ampliación de la denuncia, aporta su número de placa.

Por otra parte, Zerwal denunció el pasado 8 de agosto ante el juzgado de instrucción número 12 de Valencia haber recibido agresiones físicas en un par de ocasiones e insultos racistas de forma continua tales como “moro de mierda”, “que te vayas a tu país”, u “ojalá se cerrarán ya todas las fronteras”. Respecto a la violencia física, en una primera ocasión, explica que un agente le despertó golpeándole con la porra. Ante su queja, éste le gritó “¡Si no te callas, te meto la porra por el culo!” e inmediatamente después le propinó una bofetada. Más adelante, en una segunda ocasión, mientras recogía ropa del suelo, un agente le tiró al suelo de una patada y le amenazó con la porra. Además, según explica el ciudadano marroquí, sospecha que este es el agente que también tira continuamente sus pertenencias al suelo y deshace su cama, casi a diario, como también denuncia Hadik.

Por último, Ayoub Bekkach explica en su denuncia que, el pasado 1 de agosto, dos internos discutieron sin que llegasen a pelearse y la policía avisó a los antidisturbios. Bekkach, que se encontraba en el comedor hablando con un compañero, cuestionó que un agente le mandara callar y a continuación lo sujetaron entre varios antidisturbios y le sacaron del comedor a empujones, le golpearon en repetidas ocasiones y le llevaron a la celda de aislamiento. Tras la paliza, tuvo que recibir asistencia médica en el Servicio de Urgencias del Hospital Peset por fuertes contusiones en la muñeca y la rodilla.

Los tres denunciantes han solicitado que se investiguen las grabaciones del sistema de vídeo vigilancia de los días y las horas señaladas, que se llame a declarar a los agentes identificados, que se proceda a la suspensión cautelar de funciones de éstos hasta el esclarecimiento de los hechos, que se suspenda cautelarmente la expulsión de las víctimas hasta que se esclarezcan los hechos, que se llame a los denunciantes a declarar y que testifiquen los internos que se encontraban en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Desde la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, hemos documentado que, en el último año, además de estas tres, las personas internas en Zapadores han interpuesto más de treinta denuncias ante el juzgado por presuntas agresiones policiales. Una situación insostenible ante la que exigimos que se tomen medidas inmediatas para garantizar que hechos tan graves como estos no vuelvan a suceder y que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para garantizar una investigación real de lo sucedido sin que se perjudique a las personas que ha interpuesto las denuncias, ni a los testigos presenciales.

 Imagen de las lesiones de Youssaf Alwalid, joven argelino que denunció una agresión policial en el CIE de Zapadores el pasado 11 de octubre tras una huelga de hambre.

Imagen de las lesiones de Youssaf Alwalid, joven argelino que denunció una agresión policial en el CIE de Zapadores el pasado 11 de octubre tras una huelga de hambre.

Acto de protesta de la Campaña por el Cierre de los CIE en la puerta del CIE de Zapadores

Acto de protesta de la Campaña por el Cierre de los CIE en la puerta del CIE de Zapadores

El ingreso en los CIE, desde la creación de los mismos, se contemplaba como una medida cautelar a efectos de garantizar la expulsión de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Si bien consideramos que el internamiento se trata de una medida desproporcionada para el fin perseguido, entendemos la emisión de esta Circular como una mera operación de maquillaje:
  • La Circular simplemente vuelve a dejar por escrito lo que debería haberse cumplido durante todo este tiempo. La jurisprudencia constitucional* ya configuró el internamiento como medida excepcional en 1987 y si no se ha cumplido la legalidad hasta ahora no ha sido por falta de una Circular, sino por una absoluta falta de voluntad política e interés en el respeto de los derechos humanos de las personas migradas. La emision de esta Circular supone, por lo tanto, una autoinculpación en toda regla, el reconocimiento de que hasta ahora no se ha cumplido esta legalidad.
  • La Circular explicita cómo durante años se ha internado a personas que de acuerdo con la ley serían no expulsables; mujeres embarazadas, personas enfermas, personas con cuyo país de origen el Estado español no tiene acuerdos de repatriación, personas que pudieran encontrarse en situación de solicitar asilo, personas con hijos, etc. Así, la Circular reconoce que en los 29 años de vigencia de la LOEX miles y miles de personas han sido capturadas e internadas de forma ilegal e ilegítima, aún sabiendo que no iban a ser expulsadas. En otros casos, han terminado siendo expulsadas por un entramado burocrático sordo y ciego a la violación de derechos que produce con su actividad.
  • Los argumentos que motivan la Circular responden exclusivamente a criterios de eficiencia y no a una voluntad real de ampliar las garantías en los procedimientos de internamiento y expulsión reduciendo las situaciones de sufrimiento que suponen. Por un lado se refiere al excesivo número de peticiones de internamiento por parte de la policía que resultan inviables, reconociendo la discrecionalidad imperante hasta ahora en su actuación. Por otro lado, apela a los medios limitados con los que cuentan los centros, constatando que el único criterio de fondo es “aumentar la eficiencia” del internamiento para agilizar las expulsiones forzosas del Estado Español.
Los Centros de Internamiento para Extranjeros no pueden ser pensados fuera de un entramado de frontera que actúa como un mecanismo represivo. Para llenar los CIE se realizan redadas racistas, para que los CIE se vacíen se utilizan contratos millonarios con compañías áreas como Air Europa y Swift Air.Resulta sorprendente que la Circular no de cuenta de en qué situaciones y de qué forma esas personas son identificadas y detenidas. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE ha denunciado en el libro “Paremos los vuelos: las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa” cómo las redadas por perfil racial conviven con redadas específicas por nacionalidad días antes a los vuelos programados por la Comisaría General de Fronteras. Las redadas no sólo han continuado sino que han mutado a pesar de todas las circulares emitidas.
Todas estas comunicaciones que se “filtran” buscan legitimar unas prácticas policiales que han sido duramente cuestionadas por la sociedad civil. Resultan a la práctica una forma de blindarse ante las críticas apelando a leyes que no sólo no se estarían cumpliendo sino que son muy cuestionables desde el punto del derecho internacional vigente y el respeto a la dignidad de las personas.
Finalmente, entendemos que las delcaraciones de la DGP sobre supuestos avances hacia modelos de actuación policial menos arbitrarios y más garantistas se están produciendo por la acción, la denuncia y las críticas vertidas desde las diversas organizaciones sociales. Todo ello en un contexto de pérdida de legitimidad de las redadas, los CIE y las deportaciones. Una trasformación que hay que emmarcar en unproceso irreversible que culminará con el cierre de los CIEs, ya que el único camino para el respeto de los derechos de las personas es su cierre inmediato.
Exigimos al Gobierno y al Ministerio del Interior un reconocimiento explícito a fin de reparar activa y efectivamente a todas las personas internadas de manera ilegal e injusta, y cuyos derechos no han sido respetados. Un reconocimiento a la memoria de todas las personas muertas en los CIEs: de Mohamed Abagui, de Idrissa Diallo, de Samba Martine, de Alik Manukyan, y de tantas otras para las que el internamiento o la deportación supuso la ruptura de sus proyectos de vida. de sus familias y amigos.
*La Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de enero de 1987 ha mantenido que este caracter excepcional exige la aplicación del criterio hermenéutico del favor livbertatis, el que supone que la libertad deberá ser respetada excepcto si se estima indispensable la pérdida de libertad del extranjero por razón de cautela o de prevención, que deberá ser valorada por el órgano judicial.
Campaña Estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Foto del informe: Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur - Melilla

Foto del informe: Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur – Melilla

Barcelona, 25 de julio de 2014. Integrantes de la Comisión de observación de Derechos Humanos compuesta por miembros de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona realizaron durante la primera semana de julio de 2014 una visita a la Ciudad Autónoma de Melilla para evaluar las vulneraciones de derecho humanos que se han venido denunciando a lo largo del último año por las organizaciones locales.
Esta Comisión ha presentado esta mañana el Informe “Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur – Melilla” que se ha realizado como consecuencia de dicho trabajo y que elevará al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), a efecto de instar a estos organismos internacionales a tomar las medidas pertinentes para que se cumpla la legislación vigente.
En el transcurso de la presentación se ha advertido que “la violencia y la vulneración de derechos y libertades en la Frontera Sur son parte de nuestra propia realidad. No nos deben ser algo ajeno sino que nos atañe en primera instancia como organizaciones sociales y como personas. La exigencia por el cumplimiento de los derechos humanos es improrrogable; son valores de nuestra sociedad los que están en juego”.
Asimismo, se ha denunciado que “la vulneración de derechos humanos a ambos lados de la valla de Melilla es sistématica. La violencia que ejercen las fuerzas de seguridad de ambos Estados sobre las personas desencadena muertes, torturas y atentados a la integridad física”. Los ponentes han concluido que “el Estado español está incumpliendo la legalidad en la Frontera Sur. Entendemos que las órdenes llegan desde el Ministerio de Interior y las entidades sociales
emprenderemos todas las acciones legales y de movilización necesarias para que se aplique la legalidad vigente”.

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Integrantes de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona hemos constituido una comisión de Observadores de Derechos Humanos que ha visitado Melilla entre el 3 y el 6 de Julio. Desde esta Comisión elevaremos dentro de 15 días, ante la gravedad y urgencia de la situación que nos hemos encontrado, un Informe ante el Sub-Comité de Prevención de la Tortura de la ONU así como ante el Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. A través del cual se les solicitará que realicen una visita urgente para que evalúen directamente las vulneraciones de derechos en que están incurriendo los Estados Español y Marroquí.

Desde la Comisión, como conclusión de esta visita, queremos trasladar al conjunto de la sociedad nuestras conclusiones preliminares, las cuales serán desarrolladas debidamente en el Informe. Cabe destacar que en su trabajo la Comisión nos hemos reunido con diversas organizaciones locales que trabajan por la protección de los derechos humanos en la zona, entrevistado con personas que están en el CETI, realizado acompañamientos a personas enfermas a centros sanitarios, y recorrido el perímetro fronterizo.

1. Violencia policial a ambos lados de la valla contra la población migrante:

En la visita uno de los puntos centrales ha sido analizar los protocolos de actuación y las prácticas de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, así como las consecuencias de éstas. Hemos constatado las siguientes situaciones o prácticas vulneradoras de derechos:

a. Violencia de las fuerzas auxiliares marroquíes contra la población en tránsito migrante.

Las organizaciones locales e internacionales que llevan años trabajando en la zona han venido denunciado que el uso de métodos de tortura y la aplicación de malos tratos por parte de la policía marroquí es una constante. Mostramos nuestra preocupación por el recrudecimiento de dicha situación, ya que el control policial a los campamentos del Gurugú ha aumentado, así como se han producido actuaciones que se han saldado con numerosas personas heridas. De hecho, las organizaciones están investigando la muerte de al menos 5 personas en los últimos meses. En un video( http://vimeo.com/98687161 )grabado el 18 de Junio de 2014 en un intento de salto a la valla se puede ver una actuación en la que las fuerzas auxiliares marroquíes aplican mecanismos de tortura y malos tratos para evitar el salto a la valla. Asimismo, es importante destacar que tanto en esta ocasión como en otras, los malos tratos o la tortura se han producido después de una devolución “en caliente” ilegal.

Las actuaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes se producen debido a los acuerdos en materia de cooperación en control migratorio suscritos entre la Unión Europea, España y Marruecos. Entendemos que la UE y el Estado español son también responsables de corroborar que en la aplicación de un acuerdo del que son parte no se producen vulneraciones de Derechos Humanos.

b. Violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad españolas

Se ha constatado que en los últimos meses se han producido situaciones de malos tratos, principalmente en el momento de dar el salto a la valla, protagonizadas por las fuerzas policiales españolas. En una de dichas actuaciones, que llevaron a cabo Unidades de Intervención Policial (UIP) el pasado 24 de Abril, se saldó con al menos 50 personas heridas. En dicha intervención policial asimismo se lanzaron gases directamente a la cara de varias personas que se hallaban en la valla, a más de 5 metros de altura, poniendo claramente en riesgo su integridad física. En los días en que la comisión ha estado presente en Melilla no se ha producido ninguna entrada en el Estado español mediante la valla, pero si que hubo un intento en el que la Comisión estuvo presente, en la que uno de los agentes afirmó a estas personas “Tengan cuidado, que estos cuando saltan os pueden pisar, pegar o morder. Váyanse por su propia seguridad”. Entendemos que dicha afirmación es preocupante y podría dejar entrever una falta de control sobre los agentes actuantes en este tipo de situaciones, que corroboran lo manifestado por las organizaciones locales.

c. Instalación de una nueva valla de concertinas en territorio marroquí

La comisión ha visitado Melilla en un momento en que el Gobierno marroquí está construyendo una valla de unos 3 metros de altura que contará con tres filas de concertinas (tipo de cuchilla que también se emplea en la valla española). Queremos denunciar que la instalación de dicho dispositivo puede aumentar significativamente el número y la gravedad de las heridas de las personas que intenten acceder al Estado español por la valla.

d. Las devoluciones en “caliente” ilegales

Las organizaciones locales han documentado en los últimos meses que en la mayor parte de los accesos mediante la valla a Melilla se han producido devoluciones directas a Marruecos, sin respetar el ordenamiento legal vigente. Queremos recordar que recientemente se ha publicado un Informe titulado “Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley2” en el que denuncian la ilegalidad de dicha práctica policial, llegando incluso a afirmar que “la decisión, ejecución y colaboración activa y pasiva con las expulsiones en caliente incurriría en responsabilidad penal y disciplinaria”.

2. CETI →

A través de diversas entrevistas con las personas y organizaciones que trabajan en Melilla hemos tenido conocimiento de que el CETI de Melilla registra una ocupación tres veces superior a su capacidad máxima (480 plazas). Esta situación genera hacinamiento e imposibilidad de proporcionar la asistencia social y sanitaria adecuada y propicia un incremento de la tensión entre las personas internas y el consiguiente aumento de la conflictividad.

Sobre el terreno hemos podido detectar el importante número de personas sirias susceptibles de protección internacional, en tanto que desplazadas por el conflicto bélico desencadenado en su país de origen. Estas personas no ejercen su derecho a la solicitud de asilo ya que saben que comporta permanecer en Melilla durante meses antes de recibir una respuesta. Se trata de familias con hijos e hijas de corta edad (470 menores según datos de ACNUR). Una gran parte de estos menores no estarían debidamente escolarizados.

Los módulos que han tenido que habilitarse para dar cobijo al exceso de personas internas carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad y comportan la supresión de espacios que deberían emplearse para otro tipo de actividades como guardería, formación y educación.

La insuficiencia de espacios, además, impide que las familias puedan desarrollar adecuadamente una vida en común. Los niños y niñas carecen de instalaciones adecuadas a sus necesidades y no pueden estar con ambos progenitores salvo en el degradado descampado que rodea al centro. Denunciamos en este sentido la pasividad de las autoridades en el acondicionamiento y el mantenimiento del entorno del CETI en condiciones dignas.

Finalmente también presenciamos actitudes y comportamientos intolerables por parte de algunos trabajadores de la empresa de seguridad del CETI que, no cohibidos por nuestra presencia, profirieron insultos racistas a personas internas.

3. Situación de los menores extranejeros no acompañados (MENA)

Hemos constatado, tal y como afirma la Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN), el absoluto abandono por el cuidado y la protección de los menores no acompañados que residen en la Ciudad Autónoma de Melilla. El incumplimiento de la legislación tanto internacional como estatal en materia de protección de menores (por desamparo, no asunción de su tutela y la correspondiente irregularidad administrativa) se traduce en maltrato institucional y aboca a muchos de estos niños y niñas a la supervivencia callejera, con las consecuencias que esto conlleva: falta de escolarización o abandono paulatino de ésta, desasistencia sanitaria básica, exposición a las violencias asociadas a la situación de calle (trata, mendicidad, hambre, enfermedades, consumos y delictividad, etc.).

4. Asistencia sanitaria a personas migrantes

El contacto con la población migrante y las organizaciones de defensa de los DDHH que trabajan en la zona nos ha permitido conocer de primera mano situaciones de vulneración flagrante de la legalidad en lo que respecta a la asistencia sanitaria, en un doble sentido.

a. A las personas extranjeras en situación irregular, que según el art. 3.1 del RDL 16/2012 tienen derecho a la asistencia de urgencia sin facturación, se les exige, con carácter previo al ingreso en el servicio de urgencias, la firma de un compromiso de pago de los gastos que pueda generar la atención. Esta práctica, que se presenta como una mera formalidad, constituye un instrumento disuasorio del ejercicio de un derecho legalmente reconocido. Además, la asistencia que se presta en Urgencias resulta claramente insuficiente.

La atención que se dispensó a un joven marroquí al que acompañamos con una fractura abierta en la pierna (el extremo óseo de la tibia podía observarse a simple vista) y una infección importante y dolorosa consistió en la aplicación de yodo, cambio del vendaje y recomendación de que fuera a un centro médico marroquí.

b. Los menores extranjeros, que deben ser equiparados en el acceso al sistema sanitario con los nacionales españoles, tampoco están recibiendo la atención que la ley les garantiza. También a ellos se les pretende derivar de los servicios de urgencia a centros del otro lado de la frontera.

Al menor marroquí al que acompañamos al Hospital Comarcal, enfermo de sarcoma de Ewing con metástasis, se le había denegado, durante las dos semanas previas, el ingreso en el Centro y el traslado al hospital en la Península en el que podría recibir el tratamiento médico que pueda salvar su vida. Sólo la presión a los responsables del Centro ha logrado que, por el momento, el niño esté hospitalizado y sujeto a las pruebas médicas pertinentes.

 

 

En Melilla a 7 de julio de 2014

 

Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs

Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura

Grupo de Acción Comunitaria

Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona